Por Agustina Ochoa
El Frente Nacional por la ley Diana Sacayán de Cupo Laboral Travesti Trans presentó en el Congreso el proyecto que busca implementar el 1 por ciento de la planta de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. El texto fue ingresado el 13 de julio a la cámara de diputados e impulsado por el colectivo trans y la legisladora Mónica Macha de Unidad Ciudadana y cuenta con las firmas de más de 40 diputados pertenecientes a seis bloques: Frente para la Victoria, Cambiemos, Evolución Radical, Peronismo para la Victoria, Protectora y Unión Cívica Radical.
Esta iniciativa es la continuación de la Ley N° 14.783, la cual la activista travesti de derechos humanos Diana Sacayán impulsó en el 2010 y por la que luchó hasta lograr su aprobación en 2015. Tres meses después, murió asesinada por su pareja y su juicio fue el primero en el que se usó la figura del “travesticidio”.
La inclusión y las oportunidades laborales parecen ser una utopía para las personas trans y travestis que tienen que recurrir a la prostitución como única opción de supervivencia. “De nuestro colectivo el 90% subsiste en situación de prostitución. A las que pudimos acceder a un trabajo nos dicen ‘bueno pero ahora a ustedes se las ve más en los distintos lugares’ pero quienes pudimos llegar somos la parte mínima que tenemos otras herramientas y otros andamiajes para poder acercarnos prepararnos y estar. El grueso, las compañeras que están en la ruta, siguen estando históricamente allí porque esas son las más vulneradas, las que no se pueden acercar, las que no se pueden preparar, las que no tienen donde apoyarse como para poder acceder a esta política pública”, explica la activista feminista en Conurbanes disidentes por los derechos de las personas sexo-géneros disidentes Alessandra Luna.
“En lo que va del año tenemos 60 compañeras muertas por crímenes de odio”, cuenta Luna y explica que el término travesticidio marcó un antes y un después porque siempre que eran violentadas los medios e instituciones incumplían con la ley de identidad de género. “Esta tipología fue un precedente muy importante que esperamos que se sostenga para poder mostrar formalmente en datos duros la cantidad de crímenes de odio para poder obtener estadísticas y tener un promedio de vida incluyendo la persecución sistemática ideológica del estado, la exclusión de todos los sistemas de la asistencia crítica y la inclusión a través del tiempo de simbologías transodiantes”.
Según un informe realizado por INDEC/INADI, solo el 14% del colectivo termina sus estudios. La falta de políticas públicas, el abandono familiar, la discriminación y el castigo social son las principales causas. Sin embargo, y lejos de restarle importancia a estos porcentajes, el problema de raíz de la falta de oportunidades no tiene que ver con la educación. “El factor más fuerte que te lleva a una esquina es la estigmatización. El Estado es quien históricamente introduce símbolos a través de la iglesia que demonizan identidades como la nuestra, y eso va formando la cultura, así que no es casual tampoco que la estigmatización que tenemos sobre nuestras espaldas nos cierre la puerta a todos los sistemas de empleo. Muchas compañeras que terminaron el secundario o están en un terciario igual tienen que vivir en situación de prostitución”.
El testimonio de Alessandra Luna
Las personas trans y travestis son expulsadas de todos los sistemas. El artículo 12 de la Ley de identidad de género, que expresa que debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, hayan hecho o no un cambio de documento, parece ser olvidada por las instituciones que insisten en perpetuar la estigmatización. En el sistema de salud, el 64% no tienen acceso a una cobertura y debido a las violencias y la vulneración del colectivo que genera la situación de prostitución, su esperanza de vida es de 35 años. “El médico también es parte institucional que puede violentarnos en lo personal por insistir en desconocer el articulo 12 y en la parte clínica porque el academicismo no se ocupó jamás en construir conocimientos en base a nuestros cuerpos, que tienen un montón de especificidades desconocidas por la clínica. Son más de cinco vallas por las que una compañera tiene que saltar al momento de pensar en recurrir a la salud pública, y no todos pueden hacerlo”, relata Alessandra. “En distintas provincias machistas y conservadoras como Salta, Tucumán, Formosa y Jujuy están habilitando la objeción de conciencia y muchísimas chicas se están muriendo en las sala centrales de los hospitales porque los médicos, apoyados por las personas que están allí, dicen ‘personas como ustedes no atendemos’ y nuestras compañeras se están muriendo como moscas”.
El colectivo está a la espera que desde el gobierno, las intendencias, los jefes de defensa, los rectores de las universidades, los directores de escuelas, los presidentes de los consejos escolares cumplan con la reglamentación de la ley provincial. Mientras tanto, la activista cuenta que continúan en lucha para conseguir una normativa nacional que incluya a todas: “Ahora trabajamos con la campaña de Cupo Laboral trans a nivel nacional porque está establecida solo en la provincia de Buenos Aires, pero no es porque las compañeras del interior no lo necesiten si no que ni siquiera pudieron luchar por esta ley. En las provincias donde no existe se refleja que las compañeras allí están más desestructuradas, mas desempoderadas, y no tienen herramientas para poder combatir. Por eso pedimos a nivel nacional para que sea más homogéneo y poder alcanzar así a las compañeras de los pueblos más alejados y en situaciones más vulnerables”.
