Por A. Fernández Mallo y A. Iglesias
Los pronósticos para el cine argentino son cada vez más desalentadores. En septiembre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) publicó en el Boletín Oficial una resolución que hace tambalear los cimientos del cine independiente local. Se trata de la 1515/2019, que modifica a su vez la resolución 981, en la que se establecía un premio de 60 mil pesos para las empresas argentinas dedicadas mayormente a la distribución de producciones nacionales. Según alerta la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos (Cadicine), la modificación implica el “cese de la distribución de cine nacional a partir del 1º de enero de 2020“.
Fernando Krichmar, representante de los realizadores en el Consejo Asesor del INCAA, asegura que “hay una política activa de vaciamiento y destrucción de los pocos espacios estatales de cine”, y explica que el Consejo aprueba o desaprueba el presupuesto del Instituto: “Pero este año el Poder Ejecutivo no nombró a los integrantes de ese Consejo Asesor, por lo que no podemos saber si el INCAA tiene recursos”. Los millones de pesos que deberían ir a la producción fueron destinados a “rescatar” bonos reperfilados de la deuda. “Por supuesto, antes de reperfilarlos, la gestión macrista se encargó de saquear todas las cajas del Estado, entre ellas la del cine”, agrega.
Según la Ley de Cine, un 50 por ciento de lo recaudado por el INCAA debe destinarse a la producción nacional. Esto a través del Fondo de Fomento, que se compone principalmente del 10 por ciento de cada entrada vendida y del 25 por ciento de la facturación de publicidad de las prestadoras de cable. Se trata de un dinero genuino que proviene del movimiento de la industria audiovisual en la Argentina. El INCAA recibe ese dinero y está obligado a administrarlo de manera autárquica.
“Habría que hacer cumplir la cuota de pantalla, que obliga a cada sala a exhibir por lo menos una película argentina por trimestre durante una semana, algo que las grandes cadenas no respetan. Se debería establecer una sólida red de cines estatales a precios populares, como el Gaumont”, afirma el director, para quien el principal problema es la incapacidad de permanencia en pantalla del cine nacional tanto por una “mala calidad” de algunos productos como porque el 90 por ciento de las salas nacionales está en manos de empresas extranjeras.
Durante el último trimestre del año pasado (14 semanas) se estrenaron 67 películas nacionales en el Gaumont. En ese mismo período se filmó una cantidad de películas similar al año anterior, aunque la mayoría producto de créditos obtenidos en etapas anteriores. El resto contó con menos recursos y, por lo tanto, tiempos más acotados de rodaje, algo que, según Krichmar, “va en desmedro de la calidad artística del producto audiovisual”.
El representante del Consejo Asesor asegura que “no hay formación de audiencias en la Argentina”. Según él, lo comercial tiende a reproducir el sistema, algo que no “ educa a la gente con una mirada crítica”. Todo esto amplificado por lo que llama “sistema de dominación”: “Si una película norteamericana sale con 500 copias y en todo el país existen 900 salas, se hegemonizan las formas de ver el cine”. Un ejemplo es “Guasón”, que desembarcó el 3 de octubre en 440 pantallas, es decir, casi la mitad del total nacional.
Juan del Río, cineasta y creador del sitio web Registro Documental, recuerda que el presidente del INCAA, Ralph Haiek -quien esta semana presentó su renuncia vigente desde el 9 de diciembre, con el objetivo de “favorecer la transición“-, impulsó a principios de su gestión un nuevo Plan de Fomento con dos vías principales: una de audiencia masiva y otra de audiencia media. A la primera, por lo general, aplican películas que no necesitan mucha ayuda, como “La odisea de los giles”. Mientras que las de audiencia media son aquellas que suelen tener un buen recorrido por festivales importantes, tal como ocurrió el año pasado con “Muere, monstruo, muere” en Cannes. Por último, están los documentales digitales financiados a raíz una resolución publicada en 2007, llamada “La quinta vía” o “Vía digital”. El tema es que el gerente general del INCAA, Juan García Aramburu, dijo que estos documentales no están pensados para un estreno en sala.
“Otro problema que tienen los planes de fomento es la burocratización y la bancarización que implican. Los productores independientes o medianos tienen que presentar solvencia ante el INCAA, demostrar que tienen un patrimonio, y eso está íntimamente relacionado con los realizadores de cine: clases altas y medias”, agrega Del Río, para quien también es problemático el sistema de puntajes que establece el nuevo Plan de Fomento, que favorece a quienes ya acumularon películas en el INCAA. Los ítems a considerar para la puntuación son, principalmente, los antecedentes del productor y del director. “¿Qué pasa entonces con los cineastas jóvenes que recién incursionan en la órbita de la pantalla?”, cuestiona el crítico.
Por último, a todo lo anterior Del Río suma la devaluación del peso como “componente extra”: al proponer un proyecto ante el INCAA, entre muchas otras cosas, el cineasta debe presentar un presupuesto que, inflación mediante, queda rápidamente desactualizado. El cine argentino pide a gritos que se le permita desarrollarse como se merece. Mientras tanto, resiste desde sus trincheras y lanza obras de arte como balas.
