Por Camila Mestres

Desde el inicio del aislamiento social y hasta el mes de mayo, el 43 por ciento de los nacimientos fueron inducidos, el 50 por cesárea y en el 31 por ciento de los casos separaron a las mujeres de sus hijos/as después del nacimiento, según el estudio “Gestar y parir en contexto de pandemia”, de Las Casildas, una asociación feminista que busca difundir y visibilizar temáticas sobre cuestiones de género y derechos sexuales y reproductivos a través de los análisis del Observatorio de Violencia Obstétrica.

Al 69 por ciento de las mujeres les cancelaron los turnos y estudios, y al 59 por ciento no le ofrecieron ninguna alternativa. Fueron 754 personas las que brindaron sus testimonios hasta el momento, para mostrar que la violencia obstétrica recrudeció desde el inicio del aislamiento en la Argentina.

PARIR EN PANDEMIA

Francisco Saraceno, partero y miembro de la asociación, comentó que al establecerse la cuarentena, en el grupo se planteó una hipótesis sobre el aumento de la violencia obstétrica en esta situación excepcional. Así surgió la elaboración de dos iniciativas: una fue la encuesta y la otra, poner a disposición una red de profesionales de obstetricia para atender las consultas de las personas gestantes

Las primeras semanas del aislamiento teníamos denuncias por cancelación de turnos y la falta de respuesta del sistema frente a esta situación”, recuerda Violeta Osorio, madre de dos hijas, integrante de Las Casildas y matriactivista, es decir, una mujer que defiende el reconocimiento y el derecho a experimentar y reintegrar socialmente los procesos fisiológicos femeninos. 

Posteriormente, cuando el sistema empezó a encontrar una lógica al trabajo en la pandemia, en la agrupación enfrentaron otra etapa de denuncias, en este caso sobre el aumento en la inducción de los nacimientos, problemas en las cesáreas programadas, la separación de la mamá y el bebé y la negativa ante el acompañamiento. Osorio remarcó que hoy le preocupa la vulnerabilidad de derechos por parte de algunas instituciones, especialmente privadas, que exigen contar con un hisopado previo al parto que debe correr por cuenta de la persona gestante. “No hay ninguna evidencia que hable de esto o de un protocolo, sino que sencillamente es un negocio dentro de las instituciones”, afirma la integrante de Las Casildas.

Francisco Saraceno es partero y miembro de Las Casildas.

Uno de los primeros cambios que mostró el sistema de salud con la cuarentena fue una tendencia a reemplazar las visitas médicas por la telemedicina. Desde Swiss Medical aseguraron que este tipo de consultas a través de los celulares o computadoras aumentó 24 veces en abril en comparación con febrero, es decir, antes del confinamiento. El concepto no es nuevo, apareció en la década del 70 y además la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que las tecnologías de la información y comunicación son una oportunidad única para el desarrollo de la salud pública.

Entendemos que es un primer recurso, al principio está bien adaptarse”, señala Saraceno. Sin embargo, sobre el ámbito de los embarazos, especifica que al principio de la gestación podría usarse la telemedicina, pero con los meses el vínculo debe ser diferente. El integrante de Las Casildas completa: “El acompañamiento tiene que ser vincular, con confianza y donde uno, a través del contacto, tiene que ver cómo va creciendo el bebé, el peso y la presión materna. Hay todo un seguimiento clínico que necesita ser observado con atención”.

VOCES GESTANTES

En principio tenía dudas sobre las videollamadas y me daba inseguridad que mi obstetra no pudiera verme”, manifestó Noelia, de la localidad cordobesa Salsipuedes, quien hoy está cursando su cuarto mes de embarazo. Gisella, de Morón, Buenos Aires, con siete meses de gestación, recordó que cada vez que fue al sanatorio a hacerse un estudio tuvo que entrar sola. “Mi pareja tiene que esperar afuera y no puede ver las ecografías, es muy triste”, se lamentó.

Los especialistas recomiendan que a medida que avanza la gestación, las consultas sean presenciales (Foto: Las Casildas).

Lucila, madre desde el pasado 13 de junio, contó que durante la cuarentena le cancelaron varios turnos con el obstetra que no le reprogramaron, así como tampoco le dieron la opción de la telemedicina. Recién al mes siguiente, faltando días para que naciera su bebé, pudo realizar los estudios restantes. “El obstetra me explicó que debía usar barbijo durante el trabajo de parto, y que solamente me lo podía sacar al momento de pujar”, dijo Lucila.

LA RESPUESTA DEL MINISTERIO

El 15 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un documento llamado “Recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos en contexto de pandemia”, en el que detalla ítems para que el personal de salud no incumpla la ley 25.929 de parto humanizado. Saraceno y Osorio estuvieron de acuerdo con el mensaje del Ministerio, pero cuentan que los médicos y hospitales dejan pasar esas recomendaciones o la ley armando protocolos y generando cuestiones nocivas sin datos científicos que los avalen.

Según Osorio, “lo único criticable no es el texto en sí, sino el carácter de recomendación, porque el Ministerio de Salud sabe perfectamente que se vulneran los derechos de las mujeres, que la violencia obstétrica es un problema de salud pública y que incluso podríamos hablar de una epidemia de violencia obstétrica”. También hace hincapié en que la cartera debería controlar que no se vulneren derechos, pero al ser una recomendación el cumplimiento queda a criterio de la buena voluntad de las instituciones y personal médicos.  

Para Osorio, “no existe una manera correcta o incorrecta de proceder para las mujeres frente a la violencia obstétrica, pero al tratarse de una violencia machista, las mujeres terminamos siendo responsables por la violencia que se desplegó sobre nosotras”. Este tipo de violencias está contemplada dentro de las de género, pero no tipificada como un delito en el Código Penal, por lo tanto no puede judicializarse.

Ante esta situación, aquellas personas que fueron o son víctimas deberían realizar una queja administrativa ante la Defensoría del Pueblo de la Nación o ante la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG). Para más asesoramiento o contención, está disponible las 24 horas la línea telefónica 144.