Por V. Antonuccio, M. Korol y B. Pellegrino
Las estadísticas realizadas por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) estiman que hay alrededor de cuatro millones de armas en Argentina, entre legales e ilegales. Según esta estadística, el 10% de los argentinos estarían armados. De ese total, poco más del 30% está registrado. Hay 1.016.843 usuarios legales que declararon 1.618.877 armas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). El 84% pertenecen a civiles, y se estima que las armas no registradas oficialmente triplican esa cifra.
El desconocimiento sobre la cantidad total de armas de fuego se debe al “poco control estatal” y es una preocupación sin solución hasta el momento. “El Estado debe trabajar no sólo por intentar que todas las armas que circulan estén registradas, sino también por reducir la cantidad de armas disponibles, ya sean registradas o no. Llevar el registro de armas ayudará a diseñar políticas públicas acordes con el problema real”, asegura Julián Alfie, coordinador del INECIP e integrante de la Red Argentina para el Desarme.
Para portar legalmente un revólver hay que obtener la credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego, que es obligatoria para cualquier actividad vinculada. Existen varias categorías: tenencia, transporte, uso, portación y comercialización. Para conseguir la credencial es necesario que los solicitantes presenten un apto psicofísico, ingresos comprobables y lícitos. Además, quien tenga la legítima tenencia de diez o más armas de fuego deberá acreditar medidas de seguridad suficientes a fin de resguardar adecuadamente su tenencia domiciliaria.
A pesar de la legalidad de la tenencia, Alfie advierte que son “objetos diseñados para matar que no cumplen ninguna función social positiva”. Por lo tanto, los riesgos de tener un arma en casa son sumamente peligrosos, ya que “cualquier conflicto puede derivar en una muerte. Una discusión que normalmente no derivaría en una situación violenta o, en caso de ocurrir, no derivaría en una muerte, puede tener resultados letales por la utilización de un arma”, advierte el coordinador de INECIP.
Otros factores a tener en cuenta son las muertes accidentales. “Las armas pueden causar muertes no intencionadas, por su mal uso, o incluso cuando no estaban siendo usadas”, explica Alfie. También la posibilidad de asesinatos masivos: “Las experiencias de países como Estados Unidos nos muestran que la libre circulación de armas es una carta blanca a asesinatos masivos, que de otro modo no serían posibles”.
El coordinador de INECIP señala que “en términos concretos, hay un promedio histórico de ocho muertes por día producidas por armas de fuego, muertes que sin la presencia del arma en muchos casos podrían haberse evitado”. Alfie reflexiona: “Una sociedad armada es una sociedad dispuesta a resolver sus problemas a través de la muerte. A su vez, las armas son un vector que transmite violencia. Partiendo de esa base, es necesario trabajar para reducir la circulación de armas de fuego, como modo de disminuir la violencia social”.
Para limitar la cantidad de armas en circulación hay un problema base que se debe resolver: la inseguridad. Las personas pueden poseer armas por herencia o por costumbre, pero en gran proporción los civiles se arman porque creen que les otorga mayor “seguridad”, aunque luego terminan siendo usadas con otros fines, como peleas entre vecinos, conflictos intrafamiliares o hechos de violencia de género.
Alfie advierte que “las armas no nos protegen frente a la inseguridad o frente a peligros externos”. “Paradójicamente”, explica, “no solucionan nada, sino que crean un nuevo riesgo. Las estadísticas demuestran que las armas no terminan siendo utilizadas para defenderse y, cuando se usan con ese fin, tampoco son eficaces: la persona que intenta usarla para defenderse de un robo tiene más chances de que ese robo termine con ella o con algún familiar fallecido. Las armas, entonces, no sólo no protegen, sino que además aumentan el riesgo de morir”.
Las estadísticas oficiales respaldan los dichos de Alfie: el 52% de las veces que se dispara un arma se debe a discusiones o conflictos intrafamiliares y sólo un 10% de las veces es en ocasión de robo. Del mismo modo, según las mediciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, el 44% de las muertes ocasionadas por armas de fuego responde a agresiones externas, mientras que el 56% restante se debe a suicidios, accidentes u otro tipo de incidentes.
Ante esto, resulta primordial que el Estado elabore políticas públicas para combatir la inseguridad, problema que azota a la sociedad desde hace décadas. Alfie explica que “el desarme no va a resolver los problemas de criminalidad urbana, aunque sí va a reducir la cantidad de muertes, lo que es un objetivo de toda política de seguridad y de toda política estatal”.
Sin embargo, esta época de crisis y pandemia, donde indudablemente se incrementa el descontento y la violencia en la sociedad, dificulta la situación. Ante esto, para el coordinador del INECIP “hay que orientarse en salvar vidas, a tono con la cuarentena que ayudó a que haya menos muertes: el Estado debería generar mecanismos para prevenir inteligentemente esas derivaciones violentas de los conflictos; y usar con mayor eficacia y puntería los recursos violentos del Estado como la cárcel”.
Alfie insiste en señalar que “dentro del amplio abanico de herramientas estatales para reducir la inseguridad, evitar las muertes con armas de fuego a través de políticas de control y desarme debe ser una herramienta central. Si no, en nombre de la ‘autoprotección’, nuestra sociedad sufrirá más muertes”.
Disparos en familia
Según el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura, en la ciudad de Buenos Aires se produjeron 144 homicidios dolosos durante 2017, de los cuales el 40% fueron cometidos con armas de fuego. Además, únicamente seis de estos hechos fueron en defensa propia, mientras que casi la mitad de las muertes resultó en el marco de conflictos interpersonales como discusiones o problemas familiares. Por último, el 17% de los hechos fue en ocasión de robo. En la actualidad no existen datos a nivel nacional y esta es la única fuente de información pública que analiza las circunstancias en las que se producen los homicidios dolosos.
(FOTO: Télam)
