Por Inés Ehulech

Las medidas de aislamiento impulsadas por el presidente Alberto Fernández por la pandemia del coronavirus desencadenaron varios problemas sociales y económicos. Las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya eran desalentadoras hacia principios de 2020. No obstante, con el cierre total o parcial de industrias y comercios, el aumento de precios, los despidos, la inflación, la incertidumbre y la caída del consumo privado, la situación ha empeorado. 

En lo que concierne al mercado de trabajo, en el segundo trimestre del año la tasa de desempleo creció al 13,1%, según difundió el organismo oficial. Esta cifra es casi tres puntos porcentuales mayor a la del período enero-marzo y es la más alta desde 2004, cuando la economía aún se estaba recuperando de la profunda crisis de 2001-2002. Este dato representa a 2.3 millones de personas desempleadas sobre un total de 45.8 millones de habitantes si se proyecta a nivel nacional incluyendo a la población rural.

Los lugares más afectados por el desempleo fueron la ciudad de Mar del Plata, cuyo nivel de desocupación alcanzó el 26%, Gran Santa Fe con 20,3% y, dentro de la Patagonia, Ushuaia y Río Grande, con 22%. En términos más generales, los rubros que mayores problemas atraviesan son el de la construcción, el hotelero, el gastronómico y el de servicio doméstico. Por último, no se debe olvidar a los trabajadores informales que perdieron sus fuentes de ingreso por las restricciones en la circulación, entre otros motivos coyunturales.

Por su parte, los índices de pobreza también arrojaron cifras alarmantes. En julio, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) debió ganar $44.521, el equivalente a la canasta básica total (CBT), para no ser pobre. En abril, hace tan sólo cinco meses, el valor de la canasta era de $41.994,86. Por otro lado, una persona debió ganar $18.321 para no ser considerada pobre y el nivel de indigencia, es decir, quienes no llegan a satisfacer sus necesidades básicas, aumentó alcanzando al 8% de la población. Además, la inseguridad alimentaria severa pasó del 7,5% al 14%.

Para apaciguar y mitigar un poco los efectos de la crisis en la sociedad, el gobierno ha destinado aproximadamente 20% del gasto público primario durante el primer semestre del año a iniciativas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), refuerzos a programas preexistentes, políticas de apoyo a la producción, y de precios y subsidios a servicios públicos. Así, más de 11 millones de personas reciben algún tipo de ayuda por parte del Estado, lo que se traduce en $978.000 millones de pesos. Esta cifra representa el 3.6% del PBI de 2020. Para aplanar la curva de desocupados se dictaron leyes contra los despidos y el Estado afrontó el pago parcial de sueldos de empleados y otorgó préstamos a tasa 0%. 

Ahora bien, ¿cómo es posible que a pesar de las medidas se obtengan cifras tan negativas?

En primer lugar, según pudo estimar el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), los programas de asistencia social mencionados sí fueron efectivos y contribuyeron a bajar la pobreza entre 4 y 5 puntos. Es decir que, sin esas transferencias, hoy la cifra sería de alrededor del 50%. También, la prohibición de despidos o la doble indemnización evitaron que aumente desmedidamente el desempleo. Según afirman economistas, el problema es que el país ya se encontraba en una situación delicada previo a la pandemia. Además, durante estos meses se dio la renegociación de la deuda externa, hubo varias corridas cambiarias y un aumento de la inflación. Por otro lado, la inversión también se vio afectada por la incertidumbre financiera. Así, la situación económica en el país parece reducirse a una seguidilla de acontecimientos desafortunados que sólo empeoraron el escenario pre-pandemia, ya delicado. 

Sin embargo, pensando en la post-pandemia, el ministro de Economía Martín Guzmán presentó recientemente el proyecto de ley de Presupuesto 2021 en el que se prevé una reactivación de la economía mediante incentivos a la obra pública, aumentos en la presión tributaria que pasarán del 23,8% del PBI en 2020 al 24,8% en 2021, para lograr una mayor recaudación por medio del IVA, bienes personales (que aumentará al 13.4%), derechos de importación y el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS), entre otros. Además, se apunta a lograr un déficit fiscal primario de 4,5% del PBI. Por último, el plan de Argentina contra el Hambre está previsto para seguir funcionado el año próximo aunque habrá que ver de qué manera se hace.

Si bien el gobierno planea medidas que reactivarían la economía y lograrían proveer al Estado de mayores ingresos, aún resta saber los pormenore, entre ellos, qué ocurrirá con el Fondo Monetario Internacional, si se propiciará un escenario favorable y amigable a inversiones extranjeras y si se logrará un trabajo conjunto entre oficialismo y oposición para afrontar las tempestades que se ven en el horizonte.