Por Sebastián Barcia
La toma de tierras en Guernica visibilizó el problema de falta de acceso a la vivienda en Argentina. Sebastián Welisiejko, economista especializado en desarrollo, y Secretario de Integración Socio Urbana de la Nación entre 2018 y 2019, explica que en un contexto de profunda crisis económica hay familias que no pueden continuar pagando el alquiler del lugar donde viven y, como no tienen otra posibilidad asequible, recurren a una toma. Welisiejko destaca el consenso logrado entre todo el arco político, la sociedad civil y los movimientos sociales para crear el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley de Barrios Populares, sancionada en 2018. A fines de 2016, el RENABAP oficializó la existencia de 4416 barrios populares en los que vivían en ese entonces cerca de 4 millones de personas. La ley establece su integración socio urbana como un objetivo.
—Como solución a las tomas hablás de urbanizar barrios y generar nuevos lotes con servicios, algo parecido a lo que proponen algunos movimientos sociales y sindicatos. Sin embargo, el debate que se da en los medios es más superficial y no se aprecia esta convergencia. ¿Creés que existe consenso político de ir en esa dirección?
—Cuando se discuten temas complejos en los medios a veces se cae en simplificaciones y se pierde un poco la calidad del debate. En el ámbito de la política social, que es donde yo circunscribo la cuestión del hábitat y la vivienda, cuando se aborda el fondo de la cuestión hay mucha más convergencia que divergencia y eso suele tener menos rebote mediático. No es una casualidad que haya coincidencias con el documento presentado por los movimientos sociales bautizado “el Plan Marshall criollo”. También, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo plantea, con muy buen ánimo político, que en los pilares de la política social hay una continuidad con lo que se venía haciendo.
Welisiejko explica que un punto central de la ley de barrios populares es el financiamiento y destaca que el 12 de noviembre se haya firmado el contrato del fideicomiso para la administración del Fondo de Integración Socio Urbana, que es el instrumento que puede permitir juntar los fondos necesarios para realizar las obras. Por otro lado, aunque resalta el mecanismo establecido por el nuevo gobierno de que el 9% de lo recaudado por el impuesto PAIS a la compra de dólares nutre ese fideicomiso, aclara que no es suficiente: “Se estima que aportaría 10 mil millones de pesos para este año, que puede aumentar un poco más con dinero que le asigne el Estado Nacional. Eso que es y parece un montón, en realidad no es tanto respecto de la necesidad total. Únicamente con dinero del presupuesto público no veo posible la operatoria a escala de este programa”.
—Diez mil millones de pesos equivalen a 120 millones de dólares, y estimaste que la integración de los 4416 barrios registrados costaría 25 mil millones de dólares.
—Exacto. El ministro Arroyo dice que el objetivo es urbanizar 400 barrios por año para completar la totalidad en 10 años, pero eso no se puede pagar solamente con ese presupuesto. A ese ritmo de inversión es una política de 100 años, no de 10. Y con esto no quiero imputarle una falta a él. El objetivo del fideicomiso, y acá está el quid de la cuestión, es romper con la falta de escala, trayendo dos cuestiones: una es cambiar la modalidad de financiamiento que se viene aplicando históricamente, que es que el Estado Nacional les “regala” el dinero para proyectos de urbanización a las provincias o municipios, y éstos con algún criterio deciden cuáles financiar. La idea es dejar de hacer eso y comprometerlos con el repago. La otra es crear un fondo rotatorio donde la plata va y vuelve a través del repago, de manera tal que puedo seguir invirtiendo con el paso de los años. No “quemarme” todo el presupuesto en un solo año y después ver si la Nación me vuelve a dar algo para el siguiente. De esa manera, Nación les prestaría a las provincias, las cuales pueden poner en garantía su coparticipación y encima de esto el Estado Nacional podría respaldar al fideicomiso con los avales del tesoro. Como en la ley está previsto que este instrumento pueda ir al mercado de capitales, podría emitir deuda a ser suscripta por cualquier inversor institucional (compañías de seguros, bancos, SGR, etc), quienes estarían suscribiendo un bono cuasi soberano. Así se puede conseguir un shock de inversión muy grande hoy, mucho más que esos 120 millones de dólares, que permitan poner una rueda grande a girar.
—¿Se podrían usar parte de los fondos del fideicomiso para el desarrollo de nuevos lotes con servicios?
—Absolutamente. El flujo, es decir la demanda de vivienda que se va generando año a año, en parte lo podés financiar con esta ley, porque nosotros habíamos dejado abierta esa posibilidad. Cuando vos urbanizás un barrio en general algo de relocalización tenés que hacer, porque no todos los lotes pueden ser integrados donde están. La otra parte puede entrar en el Plan Nacional de Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, aunque por ahora los números que veo son bajos, 8 mil o 10 mil lotes por año, cuando se estima que el déficit habitacional es de aproximadamente 3,5 millones de unidades. También es un problema de escala. Hay que explorar mecanismos de inversión como por ejemplo a través de los desarrolladores inmobiliarios, que hoy en general se dedican más al mercado de lujo, en el segmento de la clase trabajadora. No hace falta que resuelva todo el Estado solo.
—También advertís de las consecuencias que puede traer no encarar este tipo de políticas de integración y de cómo se pueden partir las sociedades.
—Hay un valor social enorme a ser creado si hacés esto o si no atenete a enfrentar el costo social del status quo. ¿Qué esperamos para las próximas décadas de una generación que no recibió la estimulación, la alimentación, la atención médica ni la educación adecuada o que crecieron en barrios sin servicios? Lidiar con las consecuencias de esa pobreza estructural sale mucho más caro que invertir en resolverla de manera consistente. Esas situaciones configuran una sociedad dividida, que es muy inestable y violenta. Existen países así y se puede llegar a eso porque de a poco uno va naturalizando las cosas. No es una posibilidad que haya que descartar. Hay países en donde un gerente de una multinacional, que no es un multimillonario, va a trabajar con guardaespaldas en un auto blindado. Hay países en África donde los ejecutivos de las mineras y las petroleras van a trabajar en helicóptero y viven en comunidades cerradas de expatriados absolutamente militarizadas. Se puede vivir así, con el 85% de la población bajo la línea de pobreza. Ahora, no son lugares en donde yo quisiera vivir.
FOTO: Cippec
