Por Tomás Graham Dello Russo

Víctor Horacio Violini es uno de los jueces más controvertidos de los últimos tiempos, por haber firmado el hábeas corpus para liberar presos durante la cuarentena. Considerando la delicada situación en las cárceles provinciales, donde prácticamente se duplica la capacidad de internos respecto de las plazas disponibles, 168 presos detenidos en el sistema carcelario bonaerense lograron acceder a la prisión domiciliaria, favorecidos por el instrumento que en los Tribunales se conoció como “Fallo Violini“.

-¿Qué pasa con los derechos de las víctimas y de los ciudadanos que no infringieron la ley, cuando ven que acusados por delitos sexuales pudieron acceder al beneficio de su resolución?
-Antes que nada, quiero aclarar que nadie fue liberado por la pandemia. Sólo aquellas personas que estaban cumpliendo pena por delitos menores, ante la imposibilidad de ser aisladas dentro del Servicio Penitenciario, podían tener arresto domiciliario mientras durara la situación de aislamiento social. El colectivo de Actrices Argentinas y la Asociación Usina de Justicia igualaron esto con la liberación de detenidos, y pidieron mi juicio político. En referencia a Pedro Olmos, imputado de abuso sexual, hay que considerar que, independientemente de su situación médica, tenía 67 años y estaba en una comisaría. La Suprema Corte mantuvo, en la resolución del hábeas corpus, el no alojar detenidos mayores de 65 años. Cuando se hace lugar al arresto domiciliario, se especifica al juez a cargo del detenido Olmos, quien debía velar por la aptitud psicofísica de la víctima e informar al Tribunal sobre lo decidido. Con referencia a los derechos de los ciudadanos, obviamente, en la resolución se hace especial referencia a eso, a pesar de no estar en vigencia en la Provincia de Buenos Aires la ley de víctimas.

-¿Considera acertada la decisión de darles celulares a los presos?
-Eso fue producto de otro hábeas corpus reclamado por defensores de los detenidos y fundamentado en que los alojados en comisarías y cárceles habían decidido, ellos mismos, suspender las visitas familiares ante la peligrosidad del ingreso del Coronavirus, basándose en una superpoblación de más de 30 mil internos. Al resolver el hábeas corpus, con la presencia de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad se concedió el uso de celulares a los detenidos en comisarías. Eran celulares únicamente activados para hacer llamadas telefónicas y bloqueados para ingresar a redes sociales. En el caso de Carolina Píparo, recibió la amenaza enunciada por Facebook y de la investigación surgió que provino de un móvil que había sido ingresado sin la debida autorización y mucho tiempo antes. Sin perjuicio de ello, debo indicar que se le secuestró el celular a la persona sindicada como autora del hecho, se la aisló en una celda individual y, en esa situación, Píparo recibió otro mensaje intimidante.

-La conductora Juana Viale, en su programa “Almorzando con Mirtha Legrand” del 23 de mayo, le preguntó al ex boxeador Jorge “Locomotora” Castro si estaba de acuerdo con que “vacunen a los presos antes que a las personas”. ¿Qué opinión le merecen estos dichos?
-Primero y fundamental, los presos tienen todos los derechos del ciudadano común, salvo el de ejercer su libertad. El Poder Ejecutivo resuelve quién y en qué orden de prioridad se deben vacunar los distintos grupos de habitantes. Por lo que me manifiesto en defensa de lo justo y lo legítimo al opinar que se deben respetar los mismos criterios que se siguieron para la población general, sin diferencias. Incluso ya existe un recurso de amparo, presentado por los familiares de los reclusos, para que reciban las vacunas en tiempo y forma. Creo que el punto de vista particular de la señora Viale fue repudiado duramente en las redes sociales por su incoherencia.

-Los medios lo han destrozado también a usted. Sin tener en cuenta las consideraciones a las que se ha referido anteriormente, ¿por qué cree que lo hacen?
-Lamentablemente, la gran mayoría de los periodistas que trabajan en medios hegemónicos insertan, como comunicadores sociales, noticias falsas. Muchas veces son pagas y otras las dicen para obedecer a sus jefes. Utilizan la posibilidad de llegar a las masas para informar falazmente y perjudicar a alguien por algún motivo que sirva a sus intereses. Se utilizó de esa forma el hábeas corpus colectivo ya mencionado, dictado por el Tribunal de Casación a pleno, divulgando falsamente que lo resuelto fue puramente decisión mía y motivada por un pedido expreso del gobierno de turno. Lo hicieron solamente para causar malestar en la opinión pública.