Por Sofía Barragán y Julieta Scattini

La Fundación Felices los Niños –creada en 1993 por el sacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso sexual de menores– quedó en el olvido como entidad benéfica, salpicada por el escándalo. La institución, clausurada en 2017 y que fue hogar de más de 6.300 niños, hoy se encuentra vacía, con su iglesia abandonada en medio de un predio de 65 hectáreas que guarda una historia desgarradora. Grassi cumple su condena a quince años de prisión por abuso y corrupción de menores que estaban a su cargo y está acusado, además, por desviación de los fondos y donaciones dirigidas a la fundación.  

LA HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

En 1993, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo le otorgó un subsidio de 4.500.000 dólares a Grassi para la creación de lo que él llamó “su obra”: la Fundación Felices los Niños. En el predio de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, alojaba a niños en situación de calle hasta conseguirles una familia. La fundación llegó a tener 17 hogares distribuidos en todo el país hasta 2002. Los cuartos estaban divididos por edades y por género: desde recién nacidos hasta dos años, de tres a seis y de siete a doce años. El establecimiento contaba con las habitaciones donde dormían los chicos, la iglesia y el edificio que se construyó para la escuela.

En los primeros años prósperos de la Fundación, Susana Giménez , en su programa de televisión, recibía donaciones mediante aportes a un juego telefónico. Grassi no estaba conforme con el monto recibido y pidió un porcentaje del 80 por ciento de lo recaudado. Esto desató un escándalo judicial contra la empresa Hard Communication, de Jorge Born y Jorge Rodríguez, entonces pareja de Susana Giménez. El enfrentamiento finalizó cuando la mediática cedió y pagó los 600.000 dólares solicitados para terminar las obras edilicias de la fundación.

En 2001 ya habían aparecido algunas denuncias y rumores de abuso en contra del religioso. Fue destituido y se fue a vivir a La Blanquita, una casa quinta ubicada frente a la Fundación. A pesar de la sanción, siguió manejando todo desde su nueva residencia, aunque sin poder ingresar a la institución donde estaban los chicos. Sin embargo, ese mismo año, el Diario de Morón publicó una nota sobre una denuncia por irregularidades administrativas. Monseñor Justo Laguna lo desplazó de su cargo de presidente de la Fundación Felices los Niños y le dio el de “director espiritual”. Así siguieron los problemas de administración y finanzas.

Parte de los terrenos de la ex fundación del padre Grassi fueron cedidos al obsipado de Morón.

La disminución de fondos se reflejó en los comedores, donde la carne no se servía con la misma frecuencia que antes, los proveedores y el personal cobraban con retraso y los chicos no recibían tantas visitas de familias como antes. La institución estuvo sin una autoridad entre 2009 y 2014, después de las denuncias contra el cura y su posterior encarcelación. En 2014 se realizó una primera intervención por 90 días hasta que se nombró como presidente al abogado Juan Manuel Casolati.

CAÍDA LIBRE

En ese contexto, el directivo recién llegado expuso en un informe en el programa Periodismo para Todos que las condiciones edilicias de la fundación estaban en pésimo estado y que los alimentos que se les daba a los chicos estaban vencidos. Explicó que esto no era por falta de recursos económicos, sino porque gran parte de las donaciones que la fundación seguía recibiendo eran desviadas a la Unidad Penitenciario N°21 de Campana, donde estaba preso Grassi.

En 2017, La Nación publicó una nota que relataba cómo era el día a día dentro de la Fundación: “Los días en el Hogar comienzan temprano, a las seis y media de la mañana, cuando empieza a sonar el reggaeton por los parlantes, porque a los chicos les gusta despertarse así”. Luego agregaba: “Son 47 los educadores que trabajan en distintos turnos rotativos para poder atender a los 52 menores durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, hay dos enfermeras y un equipo interdisciplinario de trabajadores sociales y psicólogos. En el hogar, los chicos reciben todas las comidas, tienen un gimnasio techado para hacer educación física, y van a la escuela”.

Bajo estas circunstancias, la fundación fue intervenida y cerrada ese mismo año por decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires a causa de irregularidades administrativas y mal manejo de fondos (recibía 18 millones de pesos anuales en subsidios para mantenimiento), luego de repetidas intimaciones. En ese momento, había solo 52 chicos viviendo en la institución y todos ellos fueron relocalizados. Las escuelas que se encuentran dentro del predio continuaron abiertas a cargo del gobierno provincial.