Por Marina Kempner
Eugenia Schvartzman es bailarina, coreógrafa y gestora cultural. Tiene una formación en danza clásica y contemporánea, dirige una escuela de danza y fue miembro del Directorio del Teatro Colón entre 2013 y 2017. Fundó el Movimiento por el proyecto de la Ley Nacional de Danza, que pasó por el Congreso cuatro veces desde 2012 pero perdió estado parlamentario, y este año fue presentado nuevamente: “Cuando tuvimos que dialogar con el Estado no teníamos interlocutores, eso genera complicaciones a la hora de dar respuesta a situaciones críticas, como la pandemia”, explica.
La Ley Nacional de Danza busca la creación del Instituto Nacional de la Danza como ente público y con autonomía administrativa, técnica, funcional y financiera, cuyos fondos sean dirigidos por el organismo y cuya conducción recaiga en sus trabajadores y representantes del Poder Ejecutivo. Porque, si de precarización laboral y subvaloración se trata, la danza es uno de los principales ejemplos. Hasta la actualidad, los trabajadores no cuentan con una ley que los ampare o una entidad que los represente.
Como una forma de revertir la situación de quienes se dedican profesionalmente a la danza, Schvartzman se comprometió con la causa y fundó un proyecto que puede ser bisagra: “Creamos el movimiento en 2012, cuando presentamos el primer proyecto de ley, del cual soy una de las redactoras. Desde ese momento, el Movimiento por la Ley Nacional de Danza tuvo un crecimiento en todo el país, con distintas coordinaciones y organizaciones que fueron dando vida a esta idea”.
-La comunidad de la danza empezó a trabajar en el proyecto para crear un Instituto Nacional en los años ‘90, a partir de que el Instituto Nacional del Teatro dejara a la danza por fuera de esa legislación. ¿Qué cosas no cambiaron en la realidad de los bailarines para que impulsaran, años más tarde, este proyecto?
-Hay un montón de cosas muy características de la actividad, porque trabajamos con el cuerpo: las horas de trabajo, los lugares donde bailamos, las condiciones del espacio para que no nos lastimemos, la dotación de elementos. En la mayoría de los casos no hay contrato en el mundo independiente. La situación es más crítica en los municipios, porque a veces no hay dinero y los bailarines trabajan ad honorem. En el caso de algunas compañías provinciales, tenemos situaciones de contrataciones precarias en las que el Estado puede o no renovar el contrato incluso cuando la persona haya estado contratada durante un tiempo largo. Entonces, de alguna manera, el Estado es uno de los principales precarizadores.
-Actualmente hay tres proyectos de ley que promueve el Movimiento por la Ley Nacional de Danza. ¿Qué objetivos tiene cada uno?
-Hay un proyecto presentado en el Senado por parte de la senadora Norma Durango que ahora lo está llevando la senadora Cristina Valverde. También lo impulsó en su momento Daniel Filmus. Pero no tiene presupuesto, lo cual ya es el principal problema porque no podría ejercer ninguna política pública. También hay un proyecto presentado recientemente por la diputada Romina Del Pla, que es básicamente una copia de nuestro proyecto histórico con algunas modificaciones. Luego de ser trabajado con el Ministerio de Cultura, va a volver a ingresar con algunas modificaciones para que realmente tenga viabilidad. En este contexto, buscamos que pueda salir adelante un instituto real, con presupuesto, funcionalidad y posibilidad de ejercer su política.
-Si bien presentaron la solicitud ante el Ministerio de Trabajo para que la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza tenga personería jurídica en 2015, aún no fue inscripta como gremio. ¿Cómo funciona ante un conflicto o una situación en la que los trabajadores necesiten ayuda?
-El gremio está militando de hecho. A principios del año pasado ingresamos formalmente a la CTA Autónoma, es decir que, ante situaciones que requieran de personería jurídica, trabajamos con la CTA. También integramos grupos de cultura junto a otros gremios de distintas disciplinas y tenemos delegaciones en distintos partes del país. Estamos afiliando colegas de nuestro sector aunque no tengamos la personería, por lo que el gremio funciona atendiendo distintos conflictos: tuvimos situaciones de despidos encubiertos de compañías nacionales en el marco de la pandemia, bajos salarios o precarizaciones en festivales y compañías o contrataciones en las que el gremio acciona para posibilitar la solución de esos conflictos. Logramos la reincorporación de compañeres en el Ballet Contemporáneo de la Provincia de Tucumán y seguimos trabajando con distintas cuestiones que hacen a la formación. Por supuesto, militamos la Ley Nacional de Danza y tenemos participación en instancias como, en este caso, Unidos por la Cultura o el Frente de Emergencia de la Danza, una organización que nuclea organizaciones de danza.
-¿El hecho de que la danza sea una actividad mayormente feminina podría contribuir a que, por un lado, esta ley no se apruebe y, por otro, sea un rubro subvalorado?
-Totalmente. Eso hace a un pensamiento patriarcal en el sentido de que la danza siempre es considerada un arte menor en un montón de aspectos, en este caso, en materia de políticas públicas. Es contrario a la situación real en la que cada festival, ya sea institucional o provincial, donde haya expresiones culturales, la danza es una de las principales. Sin embargo, a la hora de las políticas públicas es la más relegada. Después, hay una discusión macro que tiene que ver con la cultura en general: que si hay pobreza, miseria y hambre, no podemos financiar la cultura.
-¿Qué se puede responder a ese argumento?
-Que hay maneras de financiar no en el sentido subsidiario, sino generando políticas públicas. Siempre ha pasado lo mismo: la danza nunca es la urgencia y siempre hay algo que nos obliga a militar incansablemente para que sea tratada como algo de importancia, así como lo son otros temas que pueden llegar a estar en la agenda.
