Por Luciana Mina
“El derecho no es una ciencia, sino una herramienta para proteger el ambiente”, afirma Gustavo Gómez, fiscal en la Cámara Federal de Tucumán. Fiel a su declaración, durante sus más de treinta años de trayectoria impulsó numerosas causas sobre delitos ambientales y logró la condena de varios responsables. Persistente y obstinado, inventó su propio método de investigación, inspirado en los procesos de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura, ya que considera que la sociedad está frente a un ecocidio.
-El derecho ambiental es casi una novedad en la legislación argentina: recién en 1994 se incorporó a la Constitución Nacional y no existe una guía preestablecida sobre qué hacer con los responsables de los daños. ¿Qué normas utiliza para que se apliquen sanciones penales en los casos de contaminación?
-Una de las normas que utilizo es la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Con ella inicié cientos de causas penales, como la del empresario Alberto Rocchia Ferro, quien preside la Compañía Azucarera Los Balcanes y contaminó el río Salí Dulce de forma intencional con líquidos de su ingenio. El fallo que se obtuvo, también con el trabajo de la fiscal del juicio, Indiana Garzón, fue muy bueno. Lo penó a tres años de prisión y estableció numerosas acciones que debe realizar a favor de la comunidad afectada y la provincia. Entre otras, el empresario deberá comprar una camioneta 4×4 y una lancha para Santiago del Estero.
-¿Cómo construyó el criterio para aplicar el derecho penal en estos casos?
-El derecho ambiental, en su sentido más amplio, como el que promueve Naciones Unidas, no sirvió para protegernos y nos trajo al desastre actual. Este organismo es un absoluto fracaso porque tiene una mirada conciliadora con los contaminantes. Durante mi carrera, apliqué la metodología que aprendí en materia de delitos de lesa humanidad a los delitos ambientales. Tiempo después, la experiencia me permitió comprobar que el derecho penal es la forma más efectiva para convencer a los responsables de que tenemos una urgencia en materia ecológica.
-El caso de la compañía azucarera es un ejemplo de cómo los delitos ambientales suelen involucrar a personas con poder económico y político. ¿Cómo se logra avanzar en la administración de justicia ante esta realidad?
–Todos los días encuentro presiones y obstáculos en las investigaciones. A veces provienen del Poder Judicial, otras de la política o de los compañeros de trabajo. En la causa por la contaminación del río Salí Dulce, Rocchia Ferro logró demorar la sentencia doce años. Sin embargo, a través de distintas estrategias pudimos avanzar. Una de ellas fue demostrarle al gobernador de Santiago del Estero que el ingenio dañaba su provincia. A partir de ahí, logramos que cambiara su mirada sobre el caso y que se involucrara, lo que ayudó a obtener la condena.
-Hay más ejemplos de contaminación del agua. Sin ir más lejos, el Riachuelo es un caso emblemático y hace poco se juzgó a Atanor por arrojar agroquímicos al Paraná. Sin embargo, el número de causas judiciales por delitos ambientales es bajo y no refleja la cantidad que se producen a diario. ¿Por qué?
-En general, las personas no se sienten víctimas de crímenes ambientales, como sí se sienten víctimas de otros delitos, como el robo. Es necesario que los sujetos entiendan, por ejemplo, que el envenenamiento del agua que bebe constituye una violación a sus derechos. Además de no reconocerse como víctimas, desconocen que hay defensores oficiales federales que pueden impulsar querellas penales por los delitos que sufren.
-El Poder Judicial es lejano a la población, usa formas y lenguajes complejos…
-Me desespera ver que la Justicia es el menos democrático de los tres poderes del Estado. La población no conoce la cara de los fiscales ni de los jueces. Los funcionarios judiciales tienen mucho miedo de contactarse con la gente. Se encierran en círculos académicos, dan conferencias para otros abogados donde los palmean y felicitan, pero no toman contacto con la realidad de cada día y las problemáticas que sufren las personas.
-En ese sentido, la educación ambiental puede ser una herramienta para que las personas adquieran conciencia sobre sus derechos y el funcionamiento de la Justicia. Como fiscal usted también realiza conferencias.
-Sí, con mi esposa el año pasado recorrimos 16 provincias y nos reunimos con grupos de personas preocupadas por el incendio de un bosque, la utilización de agrotóxicos, etcétera. En esos encuentros expliqué cómo radicar una denuncia penal, cómo recoger la prueba y cómo hacer el seguimiento dentro de los juzgados. Jamás aconsejo que una persona denuncie un delito ambiental en una comisaría.
-Más allá de nuestro país, el colapso ambiental es un fenómeno global, en el que las grandes potencias tienen mayor responsabilidad, pero son las poblaciones vulnerables las que más sufren el impacto. ¿Cómo se puede enfrentar esta injusticia?
–Es necesario crear una Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de ecocidio. Desde mi punto de vista, el derecho penal ambiental puede producir un cambio cultural muy grande, tal como lo hicieron los juicios de Nuremberg cuando se condenó el genocidio nazi.
