Por Emma Coria Maiorano
“Lo ambiental no es un tema de concientización, es un imán que se utiliza para atraer votos”, sostiene Andrés Napoli, abogado especializado en Derecho Público y Ambiental por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco. Actualmente es director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. “Es preocupante que ni siquiera los que están representando a los distintos partidos políticos en las elecciones tengan una propuesta beneficiosa para el ambiente”, afirma este abogado de 59 años que considera que la dirigencia argentina no está a la altura de las discusiones ambientales y que los actuales candidatos presidenciales tampoco muestran una postura respecto al tema.
-La Argentina cuenta con leyes que protegen el ambiente, pero muchas no se cumplen. Por ejemplo, la Ley de Bosques está aprobada, pero todavía hay deforestación ilegal. ¿Por qué los organismos que deberían aplicar estas normas no intervienen?
-En primer lugar, la agenda ambiental no es una prioridad en el país. En segundo, Argentina es un país que se caracteriza por el incumplimiento normativo, no sólo a nivel ambiental. Las políticas ambientales son complejas de poner en práctica porque no tienen fuerza política. Hay que indagar un poquito cuáles son los intereses de los que gobiernan, porque generalmente muchos son, por ejemplo, dueños de las empresas que proveen servicios en las mineras. Entonces, cuando el gobernador de determinada provincia dice defender el empleo, en realidad defiende sus propios intereses. Cuesta mucho sancionar las leyes ambientales porque requieren de un gran consenso.
-¿Por ejemplo?
-Cuando se sancionó la Ley de Bosques, las provincias decidieron no cumplirla y hubo que reclamarle a la Corte Suprema de Justicia un fallo al respecto, conocido como el fallo Sáenz, para que la pusiera en vigencia. Cuesta que las normas ambientales sean cumplidas porque, en definitiva, la disputa es entre la ganancia a corto plazo y la conservación a largo plazo, el ambiente y el entorno. Esas dos cuestiones condicionan siempre y no debería ser así. Deberían convivir, pero cuando quienes implementan las actividades económicas no quieren tener ningún tipo de control o cumplir con ninguna normativa, ahí genera conflictos. Aun así, tener las normas es importante porque le permite al ciudadano poder reclamar si no se cumplen.
-El Estado tiene mecanismos para hacer esos reclamos, como la Defensoría del Pueblo de la Nación o la Auditoría General de la Nación, pero hasta ahora el mayor reaseguro ante el incumplimiento ha sido la Justicia. Por ejemplo, en 2008 se dictó el fallo Mendoza o, como dijo antes, en 2020 el fallo Saénz. ¿Cómo actúa la Justicia frente a los reclamos ambientales?
-Puede darte la razón, puede decir que lo que estás alegando está respaldado por el derecho o te puede brindar una sentencia favorable. Pero el problema vuelve a lo que es la implementación de la sentencia y cómo se cumple. Eso también tiene que ver con el hecho de cumplir las leyes y las sentencias en la Argentina, es el mismo capítulo.
-El país cuenta con más de cien agrupaciones ambientales, como Eco House, Manos Verdes o Sobre Vida Silvestre, además de diversos activistas que difunden información y abordan los problemas. ¿Considera que a través del activismo se visibiliza la aprobación e incumplimiento de leyes ambientales?
-Hay una toma de conciencia, pero no hay un vínculo que permita que la movilización lleve a tomar decisiones positivas para el ambiente en términos de políticas públicas. Por eso, muchas veces las decisiones que se toman en términos ambientales vienen de la mano de estas movilizaciones, pero también de situaciones catastróficas. Por ejemplo, las últimas grandes medidas ambientales tuvieron que ver con los incendios en Corrientes del año pasado. Lo hicieron porque no les quedó otra opción, ya que se estaba prendiendo fuego una provincia entera. Está más asociado a la catástrofe que a la promoción de políticas públicas.
-Sucede también con la Ley de Humedales, que lleva más de diez años en el Congreso, obtuvo dos veces la aprobación en el Senado, pero quedó paralizada en la Cámara de Diputados y únicamente aparece en la agenda política cuando hay una situación de emergencia.
–Los humedales no son un tema de agenda porque lo que plantea la ley son restricciones. Es decir, le dice a las personas que tienen un terreno o un campo que no pueden hacer ciertas cosas, y ningún propietario o titular de tierras está dispuesto a aceptar. Los intereses del sector agropecuario buscan esas tierras baratas para la agricultura y el ganado. Los intereses inmobiliarios incidieron en el Congreso para que no se permitiera el debate de la Ley de Humedales. Va a volver a resurgir cuando haya otra crisis de incendios, inundaciones o sequía. Por ejemplo, los incendios del Delta del año pasado vinieron de la mano de la gran sequía del Paraná; entonces, ahí la cuestión de los humedales volvió a surgir. Pero cuando los apagaron, todas las políticas públicas se enterraron con las cenizas de los incendios.
-¿Qué le hace falta al país en materia de políticas públicas para dar respuesta a la crisis climática de forma más eficiente?-Una agenda más proactiva en cuestión a la protección del ambiente y la integración de las personas que están vinculadas con él, por ejemplo, las comunidades originarias o locales. Hay que saber escuchar y trabajar en conjunto con ellos. No todo proyecto productivo es sustentable ni realizable, sino que debe hacerse de conformidad a la situación y a la calidad de vida de las personas que viven en el entorno. Eso es lo más importante que tenés que preservar.
