Por Luca D’Alessio, Álvaro San Martín y Galo Vekstein
En una sociedad cansada, hastiada y golpeada, aumenta la posibilidad de políticas de shock, dentro de las alternativas del oficialismo de turno. Es un mantra: si es necesario relanzar el gobierno o afianzarlo, un camino puede ser recurrir a la polarización.
Esto fue lo que ocurrió en octubre de 1989, cuando el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, tomó la decisión de limpiar prontuarios militares a cambio de gobernabilidad en un país acuciado por la crisis económica y las presiones de las rebeliones carapintada lideradas por Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín.
Claro que la gobernabilidad puede ser una idea, una ilusión. Es tan fácil ganarla cómo perderla. Un error y todo se puede escurrir entre las manos. Menem, junto a un equipo de técnicos, tomó la decisión de crear la ingeniería política para indultar a más de 1200 personas, en su mayoría militares acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar. El presidente apostó al gradualismo y se tomó el tiempo que creyó necesario. Fueron 13 meses durante los cuales desoyó críticas, marchas multitudinarias de más de 500 mil personas y repudios a nivel nacional e internacional.
En ese año la calle estaba rara, convulsionada por la crisis económica y la incertidumbre tras el final anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín, que había prometido cien años de democracia, sin encontrarle solución al talón de Aquiles de la hiperinflación y el desempleo.
El radicalismo había perdido una oportunidad histórica, frente a la presión adicional de un líder outsider poco convencional dentro del peronismo, que se había convertido para unos cuantos en la gran esperanza de un país necesitado de éxitos.
Las filas menemistas tenían que jugar fuerte para alinear detrás suyo a un pueblo peronista dividido por la decisión del indulto masivo. En las manifestaciones, la recuperada Juventud Peronista había cuestionado tanto al “gorila radical” como al “gorila musulmán”, para reivindicar en sus cánticos a “Evita y Perón”.
Menem decidió jugar fuerte para terminar con la presión de los que seguían reivindicando a las Juntas Militares condenadas por el gobierno radical. Con una herramienta constitucional poco usada, el indulto masivo, el presidente apeló a sus facultades y con una serie de decretos le puso fin, por unos años, al reclamo de verdad y justicia de los organismos de Derechos Humanos. La medida presidencial quitó argumentos a los militares confabulados, aunque Menem tuvo que soportar un último levantamiento encabezado por Seineldín, quien se sublevó porque el presidente incumplió su palabra de designarlo comandante en jefe del Ejército.
LOS INDULTOS
Entre octubre de 1989 y diciembre de 1990, el presidente Carlos Saúl Menem promulgó dos tandas de un total de diez decretos de indulto que favorecieron a 220 militares y 70 civiles. En diciembre de 1990, los ex miembros de las Juntas Militares condenados en 1985 fueron indultados por los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1983. En la primera tanda de cuatro decretos Menem priorizó el indulto a los jefes guerrilleros. Los únicos miembros de las Juntas indultados en 1989 fueron Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por el accionar que les cupo en la decisión y el desarrollo de la Guerra por las Malvinas. También favoreció a los responsables de las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Esa tanda incluyó a una figura central, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que ni siquiera estaba procesado.
En diciembre llegó la tanda de seis decretos, la más importante, ya que incluyó a los nombres principales del autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional. El primer decreto dejó en libertad a los comandantes condenados en 1985: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini.
Los otros cinco decretos terminaron por limpiar de toda responsabilidad a ex ministros o responsables de cargos medios dentro del gobierno de facto. Menem perdonó en algún sentido a todos aquellos responsables –directos o mediatos— de los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos entre 1976 y 1983, a cambio de evitar intervenciones militares y abrir la posibilidad de llevar a cabo su plan de gobierno. Lo hizo con el alegado propósito de alcanzar “la pacificación y la reconciliación nacional”.
