Por Malena Telias y Francisco Declich
Hace 27 años, gracias a la lucha de más de dos décadas de distintos grupos de artistas, especialmente del MATe (Movimiento de Apoyo al Teatro), se sancionó la Ley Nacional de Teatro (N° 24.800), que establece que el Estado Nacional debe apoyar y promover la industria teatral con el fin de fortalecer lazos culturales en el país. Además, en esa misma ley se creó el Instituto Nacional del Teatro (INT) para asegurar el correcto acceso a los bienes y servicios culturales en toda la región.
Este organismo es un ente autárquico financiado por los ingresos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) (8%) y de la Lotería Nacional (1%), inicialmente diseñado por el actor Lito Cruz, que solo en 2023 colaboró financieramente con más de 870 espectáculos, 260 eventos y 380 espacios teatrales. Además, otorgó 1.700 subsidios y aprobó 44 aportes específicos y planes provinciales de fomento y promoción. Estos esfuerzos permitieron al Instituto llegar a 309 localidades distintas de todo el país (9% del total). Gonzalo Pérez, presidente de ARTEI (Asociación Argentina del Teatro Independiente), asegura que la Ley Nacional del Teatro “fue clave para el desarrollo del teatro independiente, que hoy es ejemplo en el mundo“, y agrega que la importancia del INT también radica en asegurar el acceso a las expresiones artísticas como un derecho que el Estado tiene que respetar.
El presidente Javier Milei está en contra de la existencia de este tipo de organismos, ya que, afirma, se sustentan a partir del desarrollo económico de terceros y pueden ser manipulados para utilizarse como aparato adoctrinador del poder de turno. Así fue que en la primera versión de la Ley Bases se incluyó un capítulo entero que ataca espacios culturales estatales y suprime el INT, entre otros, que fue removido por presión de las organizaciones artísticas. Respecto de la reciente aprobación de esta ley, que sufrió importantes alteraciones en la Cámara alta, Pérez cuenta que fue un logro que los senadores “excluyeran a las entidades de cultura de los organismos descentralizados que podrían ser disueltos por el Presidente gracias a las facultades delegadas”. Sebastián Blutrach, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), la cámara artística más antigua del país, explica que, a pesar de no verse ellos afectados a corto plazo, ya que forman parte del circuito comercial y no reciben subsidios, cualquier perjuicio hacia el Instituto del Teatro dañaría a la larga todo el ecosistema teatral, y no solamente al independiente.
Según Blutrach, se está produciendo una desfinanciación no solo del Instituto del Teatro, sino también del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto del Cine (Incaa), y todos estos ya no funcionan con la operatividad de meses atrás. “Esta situación, sumada al contexto económico del país, va a hacer inevitable que en el corto-mediano plazo se cierren salas y proyectos, empiece a escasear la producción artística en general, y las personas dejen de intentar vivir de la cultura y del arte“, pronostica. Además, asegura que se instaló una política de estigmatización hacia los artistas que emitieron su opinión al respecto y que, por eso, creció el miedo en el ámbito teatral que desea expresarse contra las medidas del gobierno. “Es un sector siempre peligroso para este tipo de gobiernos, porque en la batalla cultural se sale a discutir con argumentos, y la forma más fácil de llegar a las personas es a través del arte. El Estado hoy busca menos reflexión y más obediencia en la gente“, dijo Blutrach.
El Fondo Nacional de las Artes también se vio afectado por las medidas del gobierno, aunque en bajas proporciones, ya que se removió de la Ley Ómnibus la derogación de la ley que le da entidad. Se trata de un organismo autárquico de administración pública, con autoridades designadas recientemente por el Poder Ejecutivo, que se encarga de las becas, concursos, subsidios y préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales con el objetivo de promover el desarrollo cultural completo en el país. Su presupuesto se desprende principalmente del dominio público pagante (el pago por el uso de una obra de un artista setenta años después de su muerte), aunque esta fuente de ingresos podría ser suprimida si se aprobara un proyecto de ley presentado por el diputado radical Rodrigo de Loredo. Aparte, le es otorgada del Tesoro nacional una cifra que representa, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alrededor del 0,0004 por ciento del PBI.
Los gastos destinados por el Estado hacia distintos espacios artísticos pueden parecer insignificantes cuando se los compara con el impacto de la cultura en la economía, que representó en 2020 un 2,4 por ciento del valor agregado bruto y un 1,7 por ciento del empleo privado, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA). En esta medición se engloba también a los diarios, videojuegos y publicidad, y no se consideran los movimientos que genera el turismo cultural (transportes, gastronomía, hotelería) o los servicios contratados para espectáculos (seguridad o alquileres de salas o equipos), ni se hace mención de la imagen que da de la Argentina al mundo. Blutrach cree que lo que recibe la cultura por parte del Estado es muy inferior al impacto que tiene en el PBI interno, y defiende su acceso como otro derecho más de cualquier ciudadano, como la comida y la vivienda.
