Por Lucila Grisel y Consuelo Pesaresi
La relación entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación atraviesa uno de sus momentos más críticos. La decisión de restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, sumada a una escalada de descalificaciones públicas, configura un escenario de creciente conflictividad que tuvo un nuevo episodio cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión. No se trató solo de una instancia institucional de rendición de cuentas, sino también de una oportunidad para medir el tono que adoptará el Gobierno frente a la prensa tras la polémica.
El conflicto se desató a principios de abril, cuando el Gobierno resolvió impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, deshabilitando el sistema de acceso habitual. La medida fue justificada oficialmente por razones de “seguridad nacional”, tras la difusión de imágenes tomadas dentro del edificio gubernamental.
Sin embargo, la decisión fue interpretada por amplios sectores del periodismo como una acción desproporcionada. Cronistas acreditados denunciaron que la medida afectó de manera generalizada a unos sesenta trabajadores de prensa, a los que impide realizar su tarea cotidiana de cobertura del Poder Ejecutivo. El episodio se inscribe en un vínculo previamente tensionado: desde su asunción, el presidente Javier Milei ha mantenido una retórica confrontativa con los medios, con descalificaciones públicas y cuestionamientos al rol del periodismo.
Las principales organizaciones del sector reaccionaron con dureza. El Foro de Periodismo Argentino calificó la decisión como una medida que afecta “de manera generalizada” el trabajo periodístico y exigió su revisión urgente para garantizar el acceso a la información pública. Además, la entidad avanzó con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la restricción constituye un hecho de “extrema gravedad institucional” que impacta directamente en el derecho ciudadano a controlar los actos de gobierno.
Periodistas afectados por las restricciones también expresaron su preocupación por el deterioro del vínculo con el Gobierno. En diálogo con Publicable, Jonathan Heguier, periodista de El Destape, sostuvo que abril se convirtió “en el mes de mayor censura hacia la prensa”, y cuestionó lo que definió como una “doble censura”, en referencia tanto a las decisiones vinculadas con supuestos casos de espionaje como a las restricciones de acceso a la Casa Rosada. Según el periodista, el actual escenario marca “el peor momento en la relación entre el gobierno de Javier Milei y la prensa, porque ha tomado decisiones que no tomó ni la dictadura de Videla”, en un contexto de creciente confrontación.
En esa misma línea, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) repudió la medida y la interpretó como un intento de limitar el ejercicio del periodismo, en un contexto que describe como de hostigamiento creciente hacia trabajadores de prensa. Las dos organizaciones coincidieron en un punto central: la restricción del acceso no solo afecta a los periodistas, sino también al derecho de la sociedad a estar informada.
El cierre de la Casa Rosada a la prensa no aparece como un hecho aislado. En los últimos meses, el Gobierno impulsó iniciativas orientadas a cuestionar el rol de los medios, como la creación de la Oficina de Respuesta Oficial destinada a “desenmascarar mentiras” periodísticas, lo que fue interpretado como un intento de erigirse en árbitro de la verdad.
En paralelo, Manuel Adorni ha protagonizado reiterados cruces con periodistas en conferencias de prensa, con respuestas irónicas, descalificaciones y propuestas polémicas como limitar intervenciones de cronistas. Este estilo comunicacional ha sido señalado como parte de una estrategia más amplia de confrontación con el periodismo.
La presentación de Adorni llegó también atravesada por cuestionamientos sobre transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, mientras organizaciones periodísticas reclaman la normalización de las acreditaciones y el cese de las restricciones. La expectativa está puesta no solo en los contenidos del informe, sino también en la dinámica de la relación con los periodistas: si se restablecerán condiciones de trabajo habituales o si, por el contrario, se consolidará un modelo de comunicación más restrictivo y confrontativo.