Por Joaquín Benítez Demark, Emiliano Herrera y Victoria Belén Rodríguez

“Orgullo es democracia”, sentencia la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), a más de 39 años de su creación. La lucha por los derechos de la diversidad sexual comenzó antes del retorno al orden constitucional. Sin embargo, fue en estos últimos cuarenta años que se dieron los mayores avances en derechos para este colectivo. La CHA, primera organización LGBT, fue creada el 16 de abril de 1984, a menos de seis meses del retorno a la democracia tras la última dictadura cívico-militar, en una asamblea en el boliche porteño Contramano. Se convirtió así en la segunda asociación homosexual de América latina. 

La democracia de 1983 llegó para garantizar y restaurar el respeto por los derechos humanos, pero referentes e historiadores queer aseguran que la violencia del aparato policial durante aquellos primeros años fue orientada y focalizada hacia los grupos LGBTIQ+. Esto estaba claro para Carlos Jáuregui, primer presidente de la CHA y referente del colectivo, que sostenía: “El origen de nuestra lucha está en el deseo de todas las libertades“.

Los edictos policiales y los códigos contravencionales o de faltas penaban la prostitución (actividad ejercida por gran parte de la comunidad travesti trans) y al trasvestismo en sí mismo; reprimían a quienes “se hicieran pasar por una persona del sexo contrarioy justificaban las “razzias” con detenciones arbitrarias que realizaba la policía en las calles porteñas y en todo el país, dirigidas contra la comunidad gay. Desde 1973, el Frente de Liberación Homosexual (FLH), fundado en 1972 y disuelto durante la dictadura, pedía la derogación de estos edictos que mantuvieron vigencia en todo el país hasta mediados de la década de 1990.

Carlos Jáuregui, primer presidente de la CHA, y César Cigliutti, otro referente de la organización.

En este contexto, los primeros militantes de la CHA se propusieron abordar la sexualidad como un derecho humano necesario, apoyándose en el impulso nacional de lucha por estos derechos, y contra la violencia estatal. Desde su creación, los objetivos primordiales fueron la lucha contra la represión y los edictos policiales, realizando campañas dirigidas a ofrecer información y acompañamiento ante detenciones arbitrarias.

Volante de la CHA en adhesión al trabajo de la Conadep.

La militancia, además de la lucha social, también buscaba reconstruir la autoestima de sus integrantes, que habían afrontado situaciones de violencia y discriminación por su orientación sexual en entornos sociales, institucionales e incluso en el marco familiar. Los espacios de reflexión y contención acompañaron en este proceso a sus participantes, generando lo que ellos llamarían el efecto “CHA” de liberación y aceptación.

En marzo de 1985 se conformó el grupo Mujeres de la CHA por iniciativa de tres militantes que buscaban ampliar la representatividad de la organización, que hasta el momento nucleaba principalmente a hombres homosexuales. En el armado de la comisión directiva, en 1992, ocho de los doce cargos fueron ocupados por mujeres.

Las siguientes campañas estuvieron relacionadas con los primeros casos de VIH en el país. En 1987 el nueva virus ganó escena tras el diagnóstico de la estrella de Queen, Freddie Mercury. En los medios la enfermedad era llamada “la peste rosa” y se asignaba la responsabilidad de su transmisión a las personas homosexuales. En ese contexto, la CHA inició la campaña “Stop Sida”, que se dio a conocer por primera vez en Diagonal Norte y Florida, pleno centro porteño, donde ofrecían preservativos y volantes informativos que proveían consejos para tener “sexo sin riesgos”. Fue la primera campaña de este tipo en el país.

La CHA fue pionera y abrió paso a la creación de otras organizaciones LGBTIQ+. En 1992 se convirtió en la primera de América latina en alcanzar reconocimiento legal tras obtener personería jurídica, y ese mismo año organizó junto con Gays DC, TRANSDEVI, ISIS, La ICM y Convocatoria Lesbiana, la primera Marcha del Orgullo Gay-Lésbico en la Argentina. La movilización se realizó el 2 de julio de 1992 y participaron alrededor de trescientas personas. Algunas de ellas llevaron la cara tapada, ya que no toda la comunidad tenía su sexualidad revelada en espacios como la casa o el trabajo y existía el temor a sufrir represalias.

Volante de los actos por el aniversario de Stonewall.

LOS AVANCES LEGISLATIVOS

De la primera organización LGBTIQ+ del país al inminente aniversario de los cuarenta años de democracia, los principales logros de la comunidad no fueron solo en las calles sino también en materia legislativa, lo que colocó a la Argentina como uno de los países pioneros en la región.

El 15 de julio de 2010, el país se convirtió en el primero de la región con una legislación que reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo género. Entre debates sociales, pero con amplia aceptación, se sancionó la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. En los años siguientes, países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay siguieron sus pasos.

Pocos años después, el 9 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género. Así, quienes no se autoperciben con el género asignado al nacer tienen el derecho de modificar su DNI y pasaporte gratis y sin necesidad de ningún diagnóstico médico ni orden judicial. En 2021, se amplió este derecho a identidades por fuera del sistema binario (masculino y femenino) en documentos oficiales.

Más cerca en el tiempo, en junio de 2021, se sancionó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, que garantiza a esa comunidad un cupo laboral de al menos el uno por ciento en el sector público. La ley nacional reconoce la importancia del Estado para compensar la exclusión social de este colectivo que en muchos casos solo puede sostenerse económicamente mediante la prostitución.

En la actualidad, el colectivo travesti trans se encuentra en lucha por alcanzar una ley de reparación histórica que reconozca la responsabilidad del Estado en el genocidio de estas personas que tienen una expectativa de vida de 40 años. La ley busca dar una compensación económica y cobertura médica a las sobrevivientes mayores de esa edad que atravesaron, durante los primeros años de democracia, la violencia y represión estatal.