Por V. Clinaz, G. García Eleisequi, L. Manessi, I. Sierkovich y L. Novara
El 7 de julio de 2016, a menos de un mes de la presentación del policía “arrepentido”, la denuncia fue ampliada para precisar que el 29 o 30 de diciembre de 2014 se hizo un operativo con intervención de policías de la DDI de Quilmes. Participaron, entre otros, el comisario Marcelo Di Rosas, el subcomisario Juan Magraner y el sargento Adrián Baeta, una pieza importante del andamiaje de la banda que sigue prófugo.
Todos eran integrantes de la DDI de Quilmes, con excepción de tres civiles: René Guzmán, Cristian Esteban Seu y un hombre que dio un nombre falso porque tenía pedido de captura. Los civiles oficiaron de falsos testigos del accionar policial y eran “amigos o vecinos” del sargento Baeta. El operativo se hizo para interceptar “un cargamento de mil o 1.200 kilos de cocaína”.
Del total de la droga secuestrada, en las actas oficiales solo se declararon 500 kilos. Los investigadores judiciales tienen la certeza de que lo que no se declaró fue “comercializado ilícitamente” por el grupo. Según el testigo de identidad reservada, el líder era el fiscal Claudio Scapolán, quien había autorizado el procedimiento que se hizo en Panamericana y Camino del Buen Ayre. En la presentación judicial se señaló que el fiscal Scapolán “encabezó (al ordenar el operativo) el robo de la cocaína”. Los civiles recibieron como “pago” por su participación una suma de dinero y una camioneta Ford Eco Sport, en el caso del imputado Seu.
Una parte de la droga secuestrada fue cargada, según la denuncia, en el vehículo propiedad del subcomisario Magraner. Otra parte la subieron directamente al móvil de la DDI de Quilmes. En su momento, el falso operativo fue denunciado en los tribunales federales de San Isidro, pero no se investigó. El policía “arrepentido” dijo que efectivos de las DDI de Quilmes, Tigre y La Plata “se comunicaban con el fiscal Scapolán”, quien “sería el único” de la provincia de Buenos Aires con el cual “los policías de esas DDI concretarían hechos de robo”.
Además, contó que “lo ponían al tanto de la situación, le decían qué cantidad de droga o de dinero tenían posibilidad de robar y Scapolán les daba el OK para actuar“. Y aseguró que “el fiscal siempre se presentaba en el lugar del hecho para observar que no hubiera cámaras y que no se dieran situaciones judiciales que los comprometan”. El denunciante especificó que en caso de presentarse en el lugar “una brigada no corrupta, el fiscal se encarga de salvar la situación”.
Los testigos de los operativos falsos siempre eran “amigos o vecinos” de los policías y se estima que en algunos casos utilizaban DNI de otras personas, como ocurrió en el primer operativo denunciado en la presentación judicial. El reparto de la recaudación obtenida por ese modus operandi se repartiría en mitades. Una para “la Jefatura de la Policía (bonaerense) y los policías” involucrados en forma directa y la otra “sería para la Fiscalía de Scapolán”, quien además, cuando las causas llegaban a la Justicia Federal de San Isidro, “se encargaba de ellas para que no tuvieran problemas”.
Con un simple llamado telefónico los policías lograban que Scapolán les entregara “órdenes de allanamiento de urgencia”. Si en el lugar había “cosas de valor, dinero o drogas” y no aparecía la policía local, “se robaban todo” y hacían de cuenta que “no pasaba nada”. Con la “orden urgente” del fiscal, “los policías labraban un acta” y se cerraban los operativos fraguados. Si bien Scapolán ha sido desprocesado, pero no sobreseído, en el jury de enjuiciamiento se lo declaró responsable de la adulteración de documento público.
