Por Facundo Rendo
Emilio Crenzel es un prolífico sociólogo, con un extenso currículum, que ha dedicado parte de su trabajo a analizar lo que fue el período más oscuro de la historia reciente de la Argentina. ¿Por qué se habla de 30.000 desaparecidos? ¿Esa cifra es exagerada? ¿Qué tanto sabía la ciudadanía de entonces lo que estaba ocurriendo? En uno de sus más recientes libros, Pensar los 30.000. Qué sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía, busca responder a esos interrogantes.
—Teniendo en cuenta que ya había publicado otros libros que trataban el tema de la dictadura, ¿qué lo llevó a escribir Pensar los 30.000?
—Fundamentalmente me impulsó la curiosidad, las ganas de comprender y saber qué conocimiento había circulado en la sociedad argentina sobre la represión clandestina e ilegal. Es un consenso en el campo de la historia reciente que la dictadura contó con un importante consenso social. Sin embargo, también sabemos que había un importante consenso en torno a la necesidad de que se impusiera algún tipo de orden frente al caos en el cual se desenvolvía el gobierno de María Estela Martínez de Perón. De lo que se ocupa el libro es de conocer cuál era el conocimiento que circulaba sobre la figura emblemática que es la desaparición de personas. En ese sentido, me propuse tratar de comprender qué sabían aquellos que más sabían por su grado de afectación. Mi hipótesis era, y lo pude comprobar, que el nivel de conocimiento sobre los desaparecidos que circulaba entre estos actores del universo de denunciantes era muy diverso.
—¿Hubo una cierta distorsión de la historia reciente durante los gobiernos de Carlos Menem y los de Néstor y Cristina Kirchner?
—Sí, en realidad planteo al inicio del libro que hay varias representaciones acerca de la relación de la sociedad argentina con la represión, y todas presentan un carácter abarcador y totalizante que omite los desgarramientos y enfrentamientos que la atravesaron. Por un lado, el prólogo del Nunca Más del año 1984, escrito por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presentó a una sociedad ajena e ignorante por completo al desenvolvimiento de la represión. A esto le siguió, en los años 90, una imagen que se va creando, no de parte del gobierno de Menem, sino de parte de los organismos de derechos humanos, que en función de los apoyos electorales que recibía el gobierno neoliberal, leen que esa misma sociedad validó electoralmente a un gobierno que impulsó los indultos en los años 89 y 90, que terminaron liberando a las Juntas Militares y, por lo tanto, esa misma sociedad es la que avaló la dictadura en los años 70. Y una tercera mirada durante el gobierno de Néstor Kirchner que, cuando se edita el nuevo prólogo para el informe Nunca Más, propone que el pueblo argentino acompañó desde un inicio las banderas de verdad, memoria y justicia. Todas estas imágenes que proponen una sociedad homogénea evidencian la dificultad de pensarla en ese período y entender que hubo diversos comportamientos.
—¿Qué opina de lo que sostuvo Graciela Fernández Mejide, que formó parte de la Conadep, respecto de que no fueron 30.000 los desaparecidos?
—Ella señala un número, que es el que tiene registrado el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos. Ese organismo registra 7.000 desaparecidos y 1.600 asesinados. Pero también da cuenta de la existencia de cerca de 17.000 personas que pasaron por los centros clandestinos y fueron liberadas luego. Con lo cual, la cifra de desaparecidos se compondría de dos subuniversos: uno constituido por aquel que reúne a las personas que continúan en condición de desaparecidas y otro que reúne a aquellas personas que estuvieron en esa misma condición y luego fueron liberadas. La sumatoria de esos dos subuniversos se aproximaría al número emblemático del movimiento de derechos humanos, que no toma en cuenta solo a las víctimas que murieron, sino también las que sobrevivieron.
—¿Por qué la última dictadura argentina fue más sangrienta que las anteriores? ¿Fue por el Plan Cóndor, que coordinó las acciones represivas de los gobiernos de facto latinoamericanos?
—No, creo que había una revisión de lo sucedido de parte de las Fuerzas Armadas. Una en el año 73, cuando el presidente (Héctor José) Cámpora dictó una ley de amnistía tras la cual muchos de los militantes políticos, incluso de las guerrillas, se reintegraron a sus organizaciones y continuaron con su actividad, en algunos casos de militancia armada violenta. A partir de eso, creo que las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de que la única posibilidad de responder al desafío de las guerrillas era la eliminación física de una porción sustancial de sus militantes. Y que debían hacerlo de manera clandestina, dado que la dictadura chilena había desplegado una violencia pública espectacular y por eso recibió una condena internacional.
—La Argentina es reconocida como el único país que logró juzgar a sus propios dictadores. ¿Por qué esto no ocurrió en Chile y en España?
—Creo que el principal factor es que la transición argentina no fue pactada. La dictadura quedó muy debilitada y con falta de legitimidad después de la derrota en la Guerra de Malvinas. Y un segundo factor fue el triunfo en las elecciones de un candidato, Raúl Alfonsín, que había sostenido durante la campaña electoral un plan de juzgamiento, convencido de que moralmente debía primar la ley y que aún aquellos que habían detentado el máximo poder del Estado durante la dictadura debían someterse a ella.
—¿Actualmente hay un mayor negacionismo que años atrás?
—Es difícil de medir y no conozco encuestas sobre ese tema. Pero lo más preocupante de este momento es que desde la conducción del Estado se insiste en presentar una versión muy parecida a la que sostuvo la dictadura militar, justificando la represión, ensalzando a figuras como el comisario Alberto Villar, que fue parte de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que cometió cerca de mil asesinatos políticos entre 1974 y 1976. Ahora fue nombrada la Escuela de Policía con su nombre y apellido, cuestión que había sido revisada bajo el gobierno de los Kirchner. No solamente parece el gobierno actual embarcado en una relativización de los crímenes de la dictadura, sino también en una revisión histórica de largo plazo que restituye todo lo peor de la visión conservadora y reaccionaria de la historia argentina.