Por Mora López, Clara Crusvar, Juana Bellotti, Consuelo Pesaresi, Lucila De Gatica y Ana Otharán
La confrontación social y política y una inflación acelerada fueron el telón de fondo para justificar el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 en la Argentina. El período previo al golpe expuso a la economía argentina a un estado de crisis profunda y multidimensional, tanto política como económica.
Los análisis de economistas e historiadores coinciden en que esta inestabilidad fue resultado de la convergencia de factores estructurales, choques externos y, fundamentalmente, de una crítica puja distributiva.
Este período significó el colapso final del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), vigente desde 1930. A pesar de una coyuntura favorable a fines de 1974, con un desempleo del 2,5 por ciento y una inflación que había caído al 30,2, la economía arrastraba desequilibrios estructurales crónicos que, según el economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, se centraban en el “problema de los dólares: el desequilibrio entre oferta y demanda se vio reflejado en tensiones de tipo inflacionario y después agravado por hechos concretos que afectaron esta situación”.
La economía nacional venía arrastrando problemas crónicos como el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de la emisión. El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Demián García Orfanó explica que “en los 70 hubo muchos factores actuando al mismo tiempo”, y destaca que “el déficit de la balanza de pagos presionaba sobre las reservas y esta vulnerabilidad fue agravada por el contexto internacional, como la crisis del petróleo de 1973 que multiplicó por tres o cuatro el precio del crudo”.
No obstante, el factor que encendió la mecha fue la feroz puja distributiva. García Orfanó afirma que existía una “disputa muy fuerte por el excedente económico” y que la clase trabajadora en ascenso complicaba cualquier intento de ajuste. El punto de inflexión de esta confrontación fue el Rodrigazo de 1975, un shock devaluatorio y tarifario que buscó reordenar la economía.
El historiador de la UBA y docente secundario Javier Rojas subraya que el Rodrigazo “expresa un montón de tensiones y luchas de clase que se venían dando previo a 1975“, ya que las medidas apuntaron a transferir ingresos del trabajo al capital concentrado. El impacto fue dramático: la inflación saltó del 32 por ciento acumulado en el semestre previo al 63 por ciento solo entre junio y julio de 1975, y se generó una caída drástica del salario real. Este ajuste desató una “gran resistencia de los sectores sindicales organizados”, según Rojas, e hizo fracasar el plan y sumió al gobierno de Isabel Perón en una crisis de ingobernabilidad y una desconfianza generalizada en el peso.
La crisis económica fue utilizada como justificación para la intervención militar, en un contexto donde la asistencia financiera internacional se había retirado y el FMI exigía una aclaración del “panorama político institucional”. Rojas concluye que la crisis económica, la violencia política y el vacío de poder generaron el marco de legitimidad para el golpe de Estado de 1976.
El análisis de la situación económica previa, con un país al borde del colapso y apenas 23 millones de dólares en reservas disponibles, resulta indispensable para comprender los objetivos y la naturaleza del plan económico y represivo que se inauguraría a partir del 24 de marzo de 1976.