Por Lucila Grisel
La 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ se desarrolló en su fecha original, después de que el Gobierno porteño intentará posponerla por la visita de León XIV. Los organizadores denunciaron un “boicot” por demoras en los cortes de tránsito.
La marcha recorrió ayer el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con miles de asistentes, un día antes del arribo del Papa, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. Fue la culminación de una pulseada de siete semanas con el Gobierno de la Ciudad, que había dudado de que pudiera realizarse.
El conflicto empezó a mediados de septiembre. La administración de Jorge Macri pidió a la Comisión Organizadora mover la marcha al 21 de noviembre, alegando que necesitaba todas sus fuerzas de seguridad para el operativo papal. Ante la negativa, el 17 de septiembre firmó la Resolución Conjunta N° 1/SECMU/26, que dejó sin autorizar cualquier evento en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre, salvo los de la agenda del Papa. Ni el Gobierno Nacional ni el Vaticano habían pedido el cambio, y el canciller Pablo Quirno aseguró que la marcha ya estaba contemplada en la planificación de seguridad.
Los organizadores respondieron con una carta pública a Macri y recordaron que la Ley 6.482 deja en manos de las organizaciones la definición de la fecha. El 25 de septiembre ambas partes anunciaron un acuerdo: la marcha se hizo el 7, con un recorrido modificado que no pasó por Plaza de Mayo y terminó frente al Congreso.
La jornada empezó con dificultades en la conciliación entre la Ciudad y la comisión organizadora, quienes afirmaron en conversación con Publicable que “demoraron adrede los cortes de calle” y “mandaron menos patrullas de lo acordado para ello”.
A las 10 de la mañana inició la feria con unos 450 puestos que, por el recorrido acortado, se vieron obligados a compartir espacio con otros emprendedores. Desde el escenario instalado frente al Congreso, los recitales e intervenciones acompañaron con música y la columna salió a las 17:30, una hora y media después de lo previsto.
En el documento final, los organizadores apuntaron contra el Gobierno nacional: el cierre del INADI, el recorte por decreto de la Ley de Identidad de Género (DNU 62/2025) y los despidos de personas trans que habían ingresado por cupo laboral. También pidieron una Ley Integral Trans y rechazaron que el orgullo “quede subordinado a la excusa de la visita del Papa”.
El clima estuvo atravesado por el ataque del 1 de noviembre contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, que la Legislatura porteña repudió por unanimidad. Jorge Macri había prometido “caer con todo el peso de la ley” sobre los responsables.
Con la Ciudad, la tensión no terminó con el acuerdo. Durante la mañana del 7, la cuenta oficial de la marcha denunció: “Esto es un boicot a la Marcha”. Según la publicación, a las 10 y 40 de la mañana todavía no se habían hecho los cortes de tránsito que el Gobierno porteño debía completar a las 7. Hubo también críticas del otro lado, desde la izquierda se cuestionó a la comisión por haber negociado con el macrismo, a lo que el organizador José María Di Bello respondió que “ninguna identidad se tiene que correr para que entre otra identidad”.
Sobre el operativo policial se desconoce la cantidad de efectivos que participaron, los únicos visibles fueron los agentes de tránsito de la ciudad y el Congreso estaba vallado desde 24 horas antes. Lo que sí se sabe es que la Ciudad desplegó para toda la visita papal más de 19.000 efectivos entre policías, médicos y agentes de tránsito, y que había cortes previstos desde las 5 en la Avenida de Mayo. Extraoficialmente hubo denuncias de hurto a la hora de hacer efectiva la organización de la marcha.
El dato político de fue, precisamente, ese: el argumento central de la Ciudad para postergar -que necesitaba todos sus recursos para la llegada del Papa- no impidió que la marcha se desarrollara con normalidad.
Edición: Julián Brunet y Ana Otharán