Por Martina Gutierrez y Eliana Cabrera
El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, que el papa León XIV visitará este lunes 9 de noviembre, atraviesa una crisis de financiamiento por el congelamiento de los aranceles que paga el Estado y la interrupción en la entrega de insumos, según denunciaron sus autoridades al diario Perfil. La institución, ubicada en Almirante Brown, aloja a unas 400 personas con discapacidad, forma parte de una obra que administra doce centros en el país y atiende a unas 1.300 personas.
“Vivimos al límite”, afirmó el padre Aníbal Quevedo, consejero provincial de la Obra Don Orione. Fernando Montero, director del Servicio de Discapacidad, explicó que lo que abonan el PAMI, IOMA y el programa federal Incluir Salud alcanza para pagar los sueldos y las cargas sociales de los 1.100 empleados en relación de dependencia, pero no para el mantenimiento de los edificios, la renovación de vehículos ni la compra de equipamiento. Según Montero, los valores que transfiere el Estado nacional están congelados desde 2024 y necesitarían una recomposición de entre 30% y 35% para cubrir los costos. Indicó que los aumentos por inflación que empezaron a aplicarse tras la sanción de la Ley de Emergencia se calcularon sobre una base ya desactualizada. Sostuvo además que un auxiliar de asistencia directa cobra alrededor de 1,2 millones de pesos netos y que la institución pierde profesionales por los salarios.
A ese cuadro se suma, según el director, la falta de entrega de insumos. Contó que el Estado los enviaba por cuatrimestre, pero que desde noviembre del año pasado no llegó nada y los pedidos quedaron sin respuesta. Afirmó también que Incluir Salud no autoriza prestaciones, lo que paraliza el ingreso de nuevos residentes y deja a las familias esperando una vacante. Aclaró que esto ocurre con las instituciones bonaerenses, mientras que en otras provincias las entregas continúan.
Ante la falta de respuestas, el Cottolengo recurrió a los tribunales. Montero relató que obtuvo un amparo que ordena al Gobierno entregar la medicación y un embargo en la Cámara Federal de Apelaciones para que, si no lo hace, abone el dinero necesario para comprarla, y que el Estado apeló ambas decisiones. Los atrasos en los pagos llevaron a la institución a endeudarse con ARCA y a refinanciar la deuda con intereses punitorios. La Secretaría Nacional de Discapacidad depende del Ministerio de Salud y reemplazó a la ANDIS, que fue disuelta.
El financiamiento del sector también se discute en el Congreso. La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) vence el 31 de diciembre de 2026: la oposición busca prorrogarla hasta 2027, mientras que el oficialismo impulsa reemplazarla por un régimen permanente.
El padre Quevedo aclaró que la visita del Papa no responde únicamente a la crisis del sector y que el encuentro es con todas las personas con discapacidad, no sólo con las que atiende la obra.
Edición: Ana Otharán y Julián Brunet