Por Juan Ybarra @je_ybarra
A las 14.30 se habilitó la sala de Audiencia de la Cámara Federal Penal, y alrededor de 300 personas ingresaron tras superar un exigente control de seguridad para asistir a la primera audiencia del esperado juicio civil contra los ex comandantes de la dictadura militar. Mientras tanto, más de 50 mil manifestantes marchaban desde el Obelisco hacia el Congreso pidiendo justicia y castigo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte de las cúpulas de la dictadura.
El temor ante los rumores de una amenaza de bomba y la tensión en cada gesto de los ingresantes generaron un ambiente inquietante. La fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien ingresó del brazo del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, fue obligada a quitarse el pañuelo blanco, ya que no está permitido ningún tipo de emblema. También está prohibido sacar fotos y usar cámaras de video o grabadores, para no convertir el juicio en un “circo romano“.
La sala de estilo gótico con paredes recubiertas con boiserie de madera estaba repleta. En el centro se ubicaron los invitados, dos alas laterales fueron destinadas a los 241 periodistas de todo el mundo, y dos balcones con gradas a las 80 personas que hicieron cola desde las 3 de la mañana para conseguir su lugar en el recinto.
A las 15.30 la Cámara Federal, presidida por León Carlos Arslanian, decidió empezar el juicio. Los acusados no asistieron por temor, y fueron representados por sus once abogados, quienes retrasaron el inicio discutiendo por la pequeña mesa donde se los ubicó. A la derecha del tribunal estaban los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, rodeados de carpetas y preparados para probar la responsabilidad de los delitos de las Juntas Militares.
Declararon Ítalo Luder, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, en calidad de miembros del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Los testigos tomaron distancia del régimen militar y narraron detalles de las persecuciones sufridas. A continuación, la declaración del ex presidente Luder.
Apostillas de una jornada histórica
Luder defendió el decreto 2770/75, emitido durante su presidencia provisional, que convocaba a las Fuerzas Armadas a colaborar en el “aniquilamiento de la subversión”. Según declaró, la intención fue “solamente sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el accionar subversivo”, pero dentro del “marco de la ley”. Además, el fiscal Strassera lo instigó a admitir si las órdenes de tortura y asesinato fueron enviadas desde el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, lo que negó rotundamente.
Cafiero, ministro de Economía durante el último gobierno peronista, afirmó: “Hubiera sido incalificable que convocáramos a las Fuerzas Armadas para instrumentar los mismos métodos que nosotros condenábamos”. Por último, declaró Ruckauf, ex ministro de Trabajo que firmó uno de los polémicos decretos, y expresó que “de ninguna manera esos decretos autorizaban las desapariciones y las torturas que ocurrieron durante todo el gobierno de facto”.
En esta primera jornada ya quedó en evidencia cuál será la estrategia de la defensa: en varias ocasiones, los abogados de los acusados intentaron que los testigos admitieran que se vivía un clima de guerra en el país. Sin embargo, todavía hay que esperar para ver a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y los otros procesados en el banquillo del tribunal. Esto recién empieza
