Por Luz Pavón @LUZPAVON
Desde el mediodía, se repitió el mismo operativo que ayer en las inmediaciones de Tribunales: los efectivos de la Policía Federal, por orden de la Corte Suprema de Justicia, revisaron bultos, portafolios, maletines, carteras y paquetes de todo quien intente ingresar en en Palacio de Justica. Están excluidos de ésta revisación los magistrados nacionales, los fiscales y los defensores de los ex comandantes.
Como para todas las jornadas, se entregaron 80 entradas -se retiran en Juncal 931 desde las 7.30 y son para utilizar al día siguiente- a los ciudadanos que deseaban presenciar la sesión de hoy. La Cámara Federal, para conservar el decoro, no permite ingresar a la sala con grabadores y máquinas fotográficas.
El testigo clave de la Fiscalía fue el ex director de la Armada Francesa, Antoine Sanguinetti, designado por la Federación Internacional de los Derechos del Hombre (FIDH) para viajar a la Argentina e investigar la desaparición de dos religiosas francesas en 1978. La comisión enviada -entre el 18 de enero de 1978 y el 25 de enero del mismo año- estaba integrada por otros tres miembros y por haber estado acreditada ante las Naciones Unidas, se la consideró como una misión oficial, por lo que sus miembros fueron recibidos por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el almirante Montes, por el general Albano Harguindeguy y por el almirante Emilio Eduardo Massera.
En relación a la reunión con este último, Sanguinetti afirmó que lo más interesante que les dijo Massera, en lo que respecta a raptos y secuestros en Buenos Aires, fue: “Reconozco que hay en el ejército grupos no controlados de los que se podría decir que son fascistas, si el término no fuese desagradable, y hay una situación que yo desapruebo, y de la cual rehusó toda responsabilidad, le quito a la Marina y a la Fuerza Aérea toda responsabilidad en esta cuestión. El poder, de hecho, está en manos del Ejército de tierra. La Marina y la Aviación sólo participan pero sin real responsabilidad”. También en relación a esta misión prestó testimonio el magistrado francés Louis Joinet, integrante de la FIDH. A continuación un fragmento de su declaración.
Además, la audiencia contó con los testimonios de Guillermo Acuña Anzorena, dirigente de Línea Popular y asesor político del Roberto Viola durante su presidencia, Francisco Manrique, dirigente del Partido Federal, Horacio Domingorena, presidente de Aerolíneas Argentinas. Los tres fueron interrogados sobre distintas reuniones llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo durante 1980.
INCIDENTE EN LA AUDIENCIA
A las 16.26, mientras declaraba Joinet, ingresó a la sala el diputado Augusto Conte, quien resueltamente se dirigió hacia el lugar que ocupaba José María Orgeira, defensor de Roberto Eduardo Viola. Le dijo algo al letrado y luego fue a sentarse en uno de los lugares destinados a los invitados especiales. Orgeira comenzó a gritar que había sido amenazado y en esa denuncia lo acompañó el defensor oficial Carlos Tavares.
Cuando parecía producirse un retiro masivo de los defensores, se escuchó al juez León Arslanián ordenar al comisario de la Cámara que detuviera a Orgeira, hecho que se concretó por espacio de una hora. Según declararía después Conte, a quien discretamente se invitó a abandonar la sala, Orgeira había solicitado la identificación de Carlos González del Servicio Paz y Justicia, porque tenía el pelo largo y barba, por lo que el diputado acusó al defensor de matonismo.
LA OTRA CARA DEL JUICIO
Al cumplirse ocho años de su primera ronda en la Plaza de Mayo, las Madres se manifiestaron en la puerta del Palacio de Justicia cubriendo sus rostros con máscaras blancas. De este modo, conmemoraron sus caminatas atravesadas de dolor, ausencia y muerte.
