Por Lucía Nogara
A los 28 años, Georgina Orellano se convirtió en la mujer más joven en ocupar un cargo alto en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) como delegada de las trabajadoras sexuales, puesto adonde llegó por ser la Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), desde donde lucha por los derechos de sus compañeras.
Orellano empezó a trabajar a los 19, pero durante ocho años le ocultó a su familia a qué se dedicaba, hasta que una situación de violencia institucional en el mismo barrio donde aún ejerce su oficio la llevó por primera vez a la Asociación: “Tenía dos opciones: irme a mi casa con todas las herramientas que me habían enseñado y seguir trabajando desde mi lugar, o militar para que eso que había aprendido lo supieran todas. Claramente elegí la segunda”, cuenta.
Sostiene que la pandemia dejó todavía más en evidencia la precarización laboral de su sector, que no cuenta siquiera con los elementos básicos para cumplir con protocolos sanitarios y, por eso, desde la organización tuvieron que suplantar el rol del Estado: al trabajar en la informalidad, el único dinero que tienen es el que generan con su actividad y actualmente no pueden hacerlo.
Tres propuestas pospandemia
* Derogar todos los códigos contravencionales que vienen desde la dictadura militar para ponerle un freno a la violencia institucional. “Lo único que logran es darle poder a las fuerzas de seguridad para que se amparen en ellos y desplieguen detenciones arbitrarias y persigan a las trabajadoras, sobre todo las del colectivo travesti-trans migrante”.
* Generar políticas públicas para contener las demandas y problemáticas que afrontan como sector de la economía popular. Principalmente la emergencia habitacional: se necesita acceso a la vivienda digna y control desde los municipios o gobiernos provinciales hacia los hoteles de familia que aumentan el costo de las habitaciones solo por ser trabajadoras sexuales: “Vivimos hacinadas y en condiciones insalubres”.
* Garantizar derechos laborales para las trabajadoras sexuales. La pandemia dejó aún más en evidencia que por ejercer un trabajo no registrado se enfrentan a situaciones donde se las criminaliza y discrimina.
