Por D. Stringa, F. Cabezas y L. Nogara
En la última Cumbre de Líderes sobre el Clima, organizada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden y en la que participaron 40 personalidades del mundo, el presidente argentino Alberto Fernández reclamó que se incorporen los canjes de deuda por acción climática en la discusión para enfrentar el cambio climático en los países endeudados con los organismos financieros internacionales.
Para la economista especializada en Medioambiente Ana Julia Aneise hay evidencia anterior que se asemeja a lo planteado por Fernández: “A fines de los ’80 se realizaron eventos similares en México, Bolivia, Perú y Filipinas, en los que primaba la preservación de ciertos ecosistemas bajo la concepción de que los países que son intensivos en exportación de bienes comunes naturales y materias primas iban a destruir ecosistemas muy importantes en pos de poder pagar sus deudas”.
Si bien Aneise considera la propuesta como una opción para los países de matriz extractivista primaria, señala también que tiene implicancias sobre la soberanía en las decisiones sobre qué políticas de mitigación y adaptación hay que llevar adelante: “Ante estas propuestas hay que evitar la tutela del norte global (los países centrales y organismos financieros) para con nuestros bienes comunes naturales porque, en definitiva, la deuda ecológica es exactamente a la inversa que la financiera y estamos en una posición de acreedores”.
Argentina se encuentra hoy frente a un doble desafío: por un lado comenzar a devolver el préstamo solicitado por el expresidente Mauricio Macri al FMI y, a su vez, comprometerse de hecho con acciones que mitiguen y se adapten al cambio climático a través de la transición energética, la reducción de emisiones de gases contaminantes y la modificación de las reglas de la industria ganadera, como el uso responsable del suelo, teniendo un modelo de producción básicamente extractivista primario y agroexportador.
Para la referente de Jóvenes por el Clima en Argentina, Mercedes Pombo, esta situación evidencia una contradicción inequívoca del sistema en el que viven los argentinos: “Por un lado, la matriz extractivista se profundiza a raíz de la necesidad angustiante de divisas y, a su vez, impide que se invierta en otras medidas necesarias para cumplir con los objetivos que nos plantea el cambio climático”. Según afirmó, “quienes integran los organismos internacionales de crédito (los países centrales) exigen el pago de las deudas y terminan ocasionando una contradicción entre dos exigencias internacionales en la que quedan atrapados los países endeudados y en vías de desarrollo”.
Para Pombo, lo planteado por Alberto Fernández es una opción viable siempre y cuando se mantenga la soberanía en las decisiones: “Este tipo de medidas están respaldadas por principios de tratados internacionales sobre el cambio climático, como el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Incluso el Acuerdo de París establece que los países con más posibilidades deben prestar asistencia a los que están en vías de desarrollo y tienen dificultades para adoptar medidas de adaptación y mitigación”.
Pombo recordó además que en Argentina la temática ya había sido planteada en esos términos: “En 2007 el gobierno de Néstor Kirchner introdujo la idea de pensar la problemática ambiental en términos de deudores financieros y acreedores ambientales”.
Tanto Pombo como Aneise coinciden en que los compromisos asumidos por Argentina son el resultado de las exigencias planteadas por nuevos movimientos sociales que ubican al medioambiente como una variable más dentro del sistema de producción y financiamiento global. No lo ven como una variable secundaria sino como eje fundamental para marcar las condiciones para frenar la crisis climática y pensar a largo plazo un modelo de desarrollo más igualitario y sostenible en el tiempo.
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