Por Matías Tomsic @MatiTomsic
l primer testigo de la jornada fue Roberto Roualdes, coronel retirado del Ejército que se desempeñó en sus funciones durante el gobierno de facto. En su declaración negó haber desempeñado actividad directa en la “lucha antisubversiva” aunque aclaró que su trabajo era “ser un elemento de asistencia y planeamiento en cumplimiento para las operaciones territoriales que se desarrollaban”.
Por otra parte, admitió haber participado en la detención de “poca” gente en esas operaciones que, según declaró, eran entregados directamente en las comisarías jurisdiccionales. Si bien negó recordar algún caso concreto, afirmó que las operaciones eran comunicadas diariamente al comandante de la Capital Federal.
El coronel en ejercicio, Raúl Alberto Gatica fue el segundo testigo citado. Gatica reconoció haber formado parte del equipo que intervino en la investigación económica relacionada con una transferencia de dinero entre la industria siderúrgica Grassi y Juan Claudio Chavanne para la compra del Banco de Hurlingham a la familia Graiver. En el marco de esa investigación, llamada “Ofensiva contra la subversión económica”, detuvieron a miembros del directorio del banco: Isidoro de Carabassa, Enrique García Mansilla, Jaime Madero y Alejandro Pinedo.
Liliana Laprida de Carabassa, esposa de Isidoro Carabassa, quien fue detenido el 31 de octubre de 1978, declaró sobre su caso: “Le pedí que si por favor podía interceder ante la gente que lo tenía a mi marido en Campo de Mayo, que si lo que querían era algún bien de los que teníamos yo estaba dispuesta a entregárselos a cambio de la libertad de Isidoro”, recordó. Carabassa fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 y recuperó su libertad el 26 de enero siguiente.
Estos testimonios comienzan a echar luz sobre los denunciados casos de apropiación forzosa de empresas durante la última dictadura militar.
El sacerdote que recopiló 2500 casos de desaparecidos
Monseñor Graselli, secretario privado del vicario castrense, estaba al tanto de las desapariciones. Pero en su rol de ministro religioso no hizo oídos sordos, y comenzó a elaborar una lista con los familiares que se acercaban a denunciar a la iglesia, aproximadamente 2500.
Graselli dijo haber recibido amenazas durante la última dictadura.
“Fui haciendo tarjetas que después, cuando se fueron acumulando, me vi obligado a ponerlas bajo abecedario”, declaró el religioso ante los jueces, y continuó: “En el reverso ponía el nombre de la persona que me venía a visitar y alguna dirección o teléfono por si surgía alguna novedad”. Sucede que, además de llevar un archivo, Graselli los remitía a monseñor Adolfo Tortolo, entonces vicario castrense, quien intentaba averiguar su paradero.
“Por ocuparme de esas gestiones, he recibido innumerables amenazas telefónicas y, lo que es incomprensible, muchas veces, cuando tenía alguna conversación con alguien, a los pocos minutos recibía un llamado telefónico con esta introducción: ‘Escuchá’, y tenía que aguantarme nuevamente la grabación de toda la conversación que había tenido; o cuando en mi automóvil aparecían carteles ‘Cuidate’, ‘No vas a tener suerte’, cosas similares, pero no me amedrenté”, concluyó el sacerdote.
