Por B. Pellegrino, M. Korol y V. Antonuccio
Según el último censo nacional, realizado en 2010, en Argentina el 12,9 por ciento de la población padece alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente a 5 millones de personas. El 88,9 por ciento se encuentra habilitado para votar. La Ley 26.774 en su artículo 94 da a los votantes con discapacidad visual, auditiva, intelectual o mental la posibilidad de entrar al cuarto oscuro acompañado por otra persona de su confianza, o el presidente de mesa si así lo solicitara, para que le asista en la emisión del voto.
“Hay una gran ausencia del Estado a la hora de atender las necesidades de los discapacitados en todos los ámbitos. Es raro que no se ocupen más del tema, considerando que la vicepresidenta tiene una discapacidad física”, afirmó Liliana Núñez, encargada del área de información de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Para Liliana, madre de Leandro, un joven de 25 años que asiste a la asociación todos los días, “muchas veces hay problemas de accesibilidad. Pero principalmente se notan las ‘barreras invisibles’ cuando van a votar”. Aurelia Valenti, instructora sorda de lengua de señas avalada por la Confederación Argentina de Sordomudos, contó que se sintió incómoda varias veces al momento de votar, a causa de la barrera del lenguaje, ya que no podía comunicarse de forma fluida y se sentía muy observada y discriminada.
En 2018, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó, luego de 16 años sin tener información, un Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, para cuantificar y describir el perfil de la población con discapacidades. Para eso, fueron encuestados 41 mil hogares en todo el territorio argentino. En la actualidad, el concepto de discapacidad no refiere únicamente a tener o no una enfermedad, sino al hecho de que la persona posea alguna dificultad que restrinja su participación social, por ejemplo, no poder ejercer su derecho a voto, a tener una vida plena, asistir al colegio o a trabajar. “A ellos les interesa mucho votar. No sólo por el hecho de elegir a un político en sí, sino porque se sienten importantes, parte de esa sociedad que tantas veces los aparta, se sienten iguales”, explicó Liliana Núñez. Por eso es importante que se cumpla el artículo 105 de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (26.571) que remarca la accesibilidad equitativa al sufragio, mediante la adecuación de los procedimientos, instalaciones y material electoral para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto sin discriminación.
Por su parte, Aurelia Valenti asegura que “la información electoral no está pensada para los sordos, las publicidades de los candidatos, que es donde uno escucha sus propuestas, no tienen intérprete y los subtítulos no son en idioma accesible, tienen demasiadas palabras. Es difícil acceder a la información”. En los discursos políticos, por ejemplo, llas intérpretes de lengua de señas son tapadas por los graphs televisivos, lo que dificulta la observación a las personas con discapacidad auditiva.
El denominado voto asistido cubre a quienes están en el padrón electoral y son pacientes de centros de salud mental sin certificado de insanía, los sordos que no puedan comunicarse por escrito y las personas con discapacidad visual. Quien ingrese al cuarto oscuro con el solicitante del voto asistido deberá acreditar su identidad y dejar asentados sus datos. En el caso de personas no videntes, la ley detalla que, si están acompañadas por un perro guía, pueden ingresar a votar junto al animal. Las autoridades de mesa deben permitirles marcar la huella digital en vez de firmar. También deben aceptar a aquellos que pueden firmar con la boca o el pie. En última instancia, el presidente de mesa está habilitado para firmar en representación de la persona con discapacidad. Luego, debe dejar constancia de esa situación delante del votante.
Junto con el voto asistido debe garantizarse la accesibilidad electoral para las personas con discapacidad, que se encuentran con barreras físicas y también “invisibles” que impiden su participación en las elecciones y el ejercicio de su derecho a votar. La accesibilidad refiere a la existencia de rampas que permitan el acceso y desplazamiento dentro del edificio, indicaciones claras y dispositivos que permitan a personas con discapacidad visual transitar en el lugar y a que las autoridades de mesa se encuentren capacitadas para brindar el apoyo que sea requerido por las personas con discapacidad.
Florencia Romero es ciega y estudiante del Profesorado Superior de Educación Especial orientado en personas con discapacidades visuales e intelectuales en el Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial y relata que al momento de la votación “te hacen entrar al cuarto oscuro con alguien, te muestran la posición de las boletas y se retiran, te dejan solo, vos elegís la que querés y la metés en el sobre”. Sobre su experiencia con el voto electrónico, dijo: “Una vez voté con la máquina, y ahí sí tenía que haber alguien de confianza que yo eligiera, porque aunque la máquina tenía audio no funcionaba para nada bien”.
