Por Belén Marchese, Inés Kremer y Mariana Pizzul
Unos trescientos vecinos de San Telmo se movilizaron este jueves por la noche para pedir justicia por Vicente Ferrer, el hombre de 68 años que fue asesinado a golpes por empleados de la sucursal de Coto de ese barrio porteño tras haberse llevado sin pagar queso, chocolate y aceite.
Frente a un insólito despliegue de las fuerzas de seguridad, unas trescientas personas se concentraron para exigir que Alfredo Coto, dueño de la cadena, asuma la responsabilidad por lo sucedido, así como para denunciar la regularidad con la que se persigue a clientes en la firma. “No me llama la atención lo que pasó”, explicó Adriana, compradora frecuente del establecimiento y relató que en una ocasión sufrió persecución por parte de los empleados por consumir en el local un producto que iba a abonar en la caja.
Bajo el lema “Basta de normalizar la violencia”, los manifestantes repudiaron asimismo el aval del Gobierno de la Ciudad al accionar represivo de la policía, amparado tras la “doctrina Chocobar” y llamaron a participar de una marcha en contra del gatillo fácil que se realizará el próximo 27 de agosto.
Morir por no pagar
El pasado viernes 16, a las siete de la tarde, Vicente Ferrer se llevó sin pagar un queso, dos chocolates y un aceite de la sucursal de Coto ubicada en Brasil 575, en el barrio porteño de San Telmo. El hombre, que padecía demencia senil, fue alcanzado por dos empleados del local, que lo golpearon hasta que se desvaneció y lo dejaron inconsciente a metros del lugar.
Nicolás Ramos, un fotógrafo que pasaba por el lugar, registró con su cámara el momento en que dos policías rodeaban al jubilado y denunció que los efectivos pedían que nadie se detuviera a ayudar y que continuaran su circulación. Ferrer fue atendido por personal del SAME pero falleció a causa de un derrame cerebral minutos después de llegar al Hospital Argerich.
Los agresores, identificados como Gabriel Alejandro de la Rosa, vigilador privado tercerizado por la empresa, y Ramón Serafín Chávez, empleado de Coto, fueron detenidos y se encuentran imputados por homicidio simple. El caso está a cargo del magistrado Darío Bonanno del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 33.
Vecinos de la zona describieron a Ferrer como un hombre solitario, que casi no salía de su casa y que tenía una hija en Alemania, quien debió trasladarse de urgencia para retirar el cuerpo de la morgue. A pesar de que los hechos sucedieron el pasado viernes, recién tomaron conocimiento público este miércoles y llevaron a un repudio social generalizado.
Culpar a los empleados y esconder un arsenal
Coto tiene una política de cero tolerancia en lo que concierne a hurtos en cualquiera de sus locales. No sólo ha llevado a juicio oral a personas que han cometido robos menores en sus sucursales sino que, según un informe publicado en Cosecha Roja, la empresa tiende a responsabilizar a los jefes de sector por los robos de mercadería y hace pagar los faltantes de su propio sueldo.
Esta política de castigo a los empleados termina por generar en ellos respuestas de la más variada violencia, hasta llegar en algunas ocasiones a encerrar en la cámara de frío a personas que robaban productos de las góndolas. La posibilidad de ser suspendidos o despedidos del establecimiento puede explicar, entonces, el ensañamiento con el que atacaron a Vicente Ferrer.
Además, Alfredo Coto y su hijo Germán, heredero de la empresa, estuvieron en la mira de la Justicia hasta 2018, procesados por el acopio de un arsenal de guerra que incluía granadas, armas de fuego, municiones, cascos y chalecos dentro de la sede central del supermercado, en el barrio de Caballito. En sus declaraciones, especificaron que las armas eran para reprimir potenciales saqueos, ya que el empresario habría quedado impactado por lo sucedido durante el estallido social de fines 2001.
