Por Josephina Herrera
Las organizaciones a favor del cuidado y la preservación del medio ambiente definen como un ecocidio a la destrucción casi total de una parte de las especies animales y vegetales de los humedales del Delta del Paraná. Estos incendios se registran desde 2008, pero tuvieron mayor repercusión durante las dos primeras semanas de agosto de este año. Se examinaron unos siete mil focos y se habla de 350 mil hectáreas arrasadas por el fuego que tardarán años en recomponerse, en caso de ser posible.
Según un informe aportado por la Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), esta clase de delitos medioambientales se convirtió en el tercero más lucrativo del mundo, superando al narcotráfico y la falsificación, entre otros. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que el 95 por ciento de los incendios son fruto de la mano humana, ya sea por torpeza, descuido o intencionalidad. Este último caso es el del sector inmobiliario, uno de los negocios que crece en silencio y avanza a gran escala. La Unidad de Información Financiera (UIF) remarcó que detrás de la quema está el lavado de activos, lo que “provocó el aumento del precio de las propiedades incendiadas en beneficio de sus titulares, enmascarado en la simulación de un simple hecho de la naturaleza”.
Desde 1990, los desarrollos inmobiliarios fueron los principales culpables del desarreglo ambiental tanto en el Delta como en la Cuenca del Río Luján, dado que son zonas de gran interés ecológico donde predominan ecosistemas de humedales. “Estas empresas no se dan cuenta de que esos terrenos húmedos están ahí porque mantienen un equilibrio ambiental y evitan inundaciones. Es por eso que cada proyecto supone un gran costo ecológico”, explicó Leonardo Guí, abogado especialista en Derecho Ambiental Municipal.
Los barrios privados y náuticos son algunos de los emprendimientos más atractivos. Sin embargo, Ana Di Pangracia, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), plantea: “Una buena parte del Delta fue usada para proyectos inmobiliarios, pero muchos no avanzaron gracias a la resistencia local y la implementación del Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná (PIECAS)”. Este acuerdo interjurisdiccional entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos establece dónde se va a permitir el desarrollo inmobiliario, bajo qué forma y qué tipo de barrio será.
“Conozco casos en los que no contaban ni siquiera con un proceso iniciado de evaluación de impacto ambiental, que supone la presentación de un estudio y después una instancia de audiencia pública”, aclaró Di Pangracio. Hay zonas que no se pueden tocar o convertir porque son sumamente valiosas por su patrimonio natural, aunque muchas veces este aspecto no se tiene en cuenta a la hora de construir. Un repaso por los casos más importantes:
*Colony Park fue un emprendimiento llevado a cabo en 2007 en la Sección 1° de Islas, en Tigre. Una ubicación privilegiada: frente a clubes náuticos exclusivos de la Zona Norte, con gran cantidad de espacio verde alrededor y cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el desarrollo destruyó enormes sectores de humedales, expulsó a los isleños residentes, hizo transformaciones brutales y estuvo paralizado por acciones judiciales al no contar con los permisos y habilitaciones. “Fue una operatoria muy violenta con una oposición muy grande y una audiencia pública que generó una presión para paralizarlo”, comentó la licenciada en Ciencias Químicas Adriana Anzolin, quien tiene un posgrado en Evaluación de Impacto Ambiental.
*EIDICO es otra de las grandes desarrolladoras inmobiliarias responsable de impactos ambientales. “Rellenar humedales los altera irreversiblemente, y estas empresas lo hacen igual, tienden a recrear paisajes para que la gente crea en eso y compre”, sostuvo Anzolín. El barrio privado San Sebastián fue construido en una zona de humedales y requirió el rellenado de 600 hectáreas que pertenecen al río, es decir, son de dominio público. La especialista fue contundente: “Se las robaron. Estos barrios son una de las causas por las que el río Luján se empezó a inundar más seguido”.
*El barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, en la localidad de Pueblo Belgrano, empezó a construirse sobre los humedales del río Gualeguaychú en 2019 sin estudios de impacto ambiental y con movimientos de suelo de gran magnitud. En junio del año pasado, la Municipalidad pidió la “paralización y demolición” del barrio ya que las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y obligado a la evacuación de más de 150 personas. Además, ordenó un “resarcimiento pecuniario por los daños irreversibles”.
En base a estos antecedentes, organizaciones como FARN, Greenpeace y Taller Ecologista están en contra de que las empresas sigan extendiéndose por todo el Delta a partir de los incendios. En octubre, los diputados oficialistas de la Comisión de Recursos Naturales aprobaron el dictamen sobre el proyecto de Máximo Kirchner que propone prohibir por entre 30 y 60 años el cambio de uso de las propiedades que hayan sido afectadas por incendios. “Esta iniciativa evitaría las modificaciones en el uso y destino de las tierras para futuros loteos, ventas y proyectos inmobiliarios. Es una medida fuerte para evitar las quemas intencionales”, expresó la bióloga e investigadora del CONICET Natalia Morendeira.
Pero también es necesario que las autoridades municipales y provinciales verifiquen cada proyecto antes de otorgar una autorización. “Muchas veces es la misma comunidad la que reacciona, y no la autoridad competente. A veces no tienen el control de lo que sucede en su territorio o lo hacen hasta ahí nomás. El municipio puede decir que no quiere barrios privados, pero fueron ellos los que le abrieron la puerta. El Estado no estuvo ausente sino que es partícipe de todo esto”, aseguró Anzolín.
“No existe el delito ambiental como tal en el Código Penal”
De acuerdo al portal Era Verde, entre los titulares de los campos identificados a partir de un relevamiento aéreo efectuado por el Plan Nacional de Manejo del Fuego hay empresarios, ganaderos y hacendados de Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de los acusados por las quemas del Delta son María Isabel Meichtry (Villa Elisa), María Cristina Castiglione (Gualeguaychú), Edgardo Ariel Stucker (La Criolla), Ganadera Copra SA (CABA), Raúl Álvaro Morist y Rachinsky (Rosario), Graciela Capone (Rosario), David Sobrido (Rosario), Hipólito Maceratesi (Santa Fe), Agustín Corbellini Guilder (San Martín, Santa Fe), Sofía Parera (CABA), Daniel Corvalán (Rosario), Establecimiento El Barrancoso (General Lagos), Diego Cuello & Stumpo & Crosetti (Santa Fe) y José Orlandi (Nogoyá), entre otros.
Otro de los propietarios incriminados es el empresario Rufino “Pino” Baggio (Baggio RPB), que contaba con 34 mil hectáreas para engorde de ganado. Actualmente, la UIF lo investiga por llevar adelante incendios para generar beneficios económicos. Una de las hipótesis es que eran terrenos ocupados que buscaba vender hace años. Pero, ¿este delito será multado como corresponde o tiene alguna ventaja al tratarse de un ‘empresario conocido’?
“En el Código Penal no existe como tal el delito ambiental. A nivel civil sí, porque hay una reparación de las sociedades ambientales. Pero si hubiera un delito y una pena no excarcelable, habría otro reparo para el daño ecológico. Hay que mejorar la legislación penal porque es un daño contra el patrimonio natural que involucra la pérdida de biodiversidad. Es como un delito sin víctima: hay un daño ambiental para todos pero, aun así, no lo reconocen”, remarcó el abogado Guí.
Otro punto es que la Legislación Ambiental de la Nación otorgue las herramientas para evitar y prevenir los daños. En el caso del Delta, Di Pangracio argumentó que el mecanismo es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), pero no se le dio la atención necesaria. Para ella, algunos de los incendios pudieron haberse evitado tomando las medidas correspondientes. “Además, que sea consagrado como delito significaría tener jueces y fiscalías preparadas en derecho ambiental, lo cual a nivel nacional hay sólo una, que está totalmente desbordada. También hay que armar una estructura judicial que pueda hacer cumplir el proceso y eventualmente accionar”, finalizó la directora de FARN.
La importancia de una Ley de Humedales
La Argentina cuenta con más de 600 mil kilómetros cuadrados de humedales, un 21,5 por ciento de su superficie. Sin embargo, no paran de desaparecer. Es por eso que en 2013 y 2016 se intentó impulsar la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Consistía en promover su uso respetuoso y que las provincias no dispusieran de ellos como quisieran, sino que se pudiera asegurar una protección uniforme a lo largo de todo el país, como con los glaciares y bosques. En ambas oportunidades se obtuvo media sanción en el Senado, pero recién este año, a partir de los incendios del Delta, se apostó de nuevo por esta ley.
Las organizaciones ambientales recalcan que la influencia de ciertos “amigos del poder” provoca el retraso de una decisión. “El lobby ganadero, minero e inmobiliario hace que tengamos que empezar de cero en términos del conocimiento científico, relevo de territorio y documentación”, remarcó el coordinador de campañas de Greenpeace, Leonel Mingo. “Basta de quemas” y “¡Ley de Humedales YA!” son las frases que pueden verse en cada marcha o convocatoria. La efectividad de este proyecto se asocia a programas de gestión sostenidos en el tiempo, fondos específicos del presupuesto nacional y la capacidad estatal de comando y control. Incluye programas de investigación, monitoreo satelital, articulación de diferentes niveles y presencia efectiva a escala local.
Hoy en día se está a la espera de una respuesta. “Ojalá que este tema esté cada vez más instalado porque los grandes cambios ambientales sí o sí dependen de decisiones políticas”, plantea Mingo. Aún falta saber qué pasará con aquellos implicados en los incendios y con los que aún no se hacen responsables. Por ahora seguirá siendo materia de investigación de la Justicia Federal de Paraná, al igual que la causa de delito ambiental y lavado de activos de Ruffino Baggio.
Los incendios registrados pusieron en jaque a los humedales del Delta. Para evitarlos es importante lograr un diálogo multisectorial con los diversos actores de sociedad civil y gubernamentales. También se deben incluir áreas productivas e inmobiliarias para llegar a convenios mínimos y que los focos de incendio dejen de ser intencionales. No se trata de “Ambiente vs. Economía”, sino de evaluar la resistencia de cada ecosistema para saber qué tipo de actividades autorizar y con qué intensidad se hará uso del suelo.
