Por Candela Klimovsky y Rodrigo Forlenza
“La policía hizo un entramado posterior al hecho, un vademécum de delitos”. Dorina Bernárdez, una de las querellantes en la causa, describió en una frase lo que fue la Masacre de San Miguel del Monte. Cuatro personas asesinadas, tres de ellas adolescentes, y una niña de 13 años herida de gravedad, como consecuencia de una demencial persecución policial sin motivo alguno, que quiso ser encubierta como “accidente”. A dos años de lo ocurrido, está próximo el juicio oral, que tendrá en el banquillo a 24 imputados, 23 de ellos policías bonaerenses, y un ex secretario de Seguridad, miembro retirado de la misma fuerza.
En la madrugada del 20 de mayo de 2019, la trama fue: persecución policial a cinco jóvenes que sólo se divertían, tiroteo policial, choque contra un camión estacionado y una tragedia que enluta a San Miguel del Monte. Las víctimas fatales fueron Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22). La única sobreviviente, Rocío Quagliariello, tenía 13 cuando ocurrió el hecho.
La noche del 19 mayo, los cuatro chicos habían subido al Fiat 147 conducido por el joven de 22, con el objetivo de hacer una recorrida. Durante el paseo, el vehículo conducido por Aníbal Suárez pasó por delante de un grupo de móviles policiales que, segundos después, inició la persecución que desencadenó el trágico final. Todavía no se esclareció el motivo por el cual comenzó la cacería. Lo único cierto es que el Fiat, perseguido a los tiros por los patrulleros, terminó chocando contra un camión estacionado sobre la Ruta 3, en la entrada al pueblo.
La causa judicial fue elevada juicio, pero todavía no fue fijada la fecha de inicio de la audiencia, que estará a cargo del Tribunal Oral 4 de La Plata.
“En estos momentos también hay causas que se abrieron en forma paralela, satélites a la principal. En algunas se investiga el narcotráfico como hipótesis de lo que podrían haber visto los chicos (durante la recorrida, en la que se cruzaron con varios móviles policiales)”, explicó a Diario Publicable la abogada Dorina Bernárdez, quien representa a la familia de Gonzalo Domínguez. La querellante explicó que son “causas por acciones ilegales, como pedido de coimas, y otra en donde está imputada la ex intendenta de Monte (Sandra Mayol) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Bernárdez precisó que este último es un delito “tanto por acción como por omisión, es por haber hecho algo mal o por no haber hecho lo que se debería hacer”. Durante el 20 de mayo, luego de lo ocurrido, la versión “oficial” de la policía y de la Intendencia fue que sólo había sido “un accidente”.
“La policía realizó un entramado posterior al hecho de encubrimiento, cometiendo un vademécum de delitos, dentro de los que había falsedad ideológica. Se falsearon actas, los testimonios de la gente que se acercaba a la comisaría y decía que había escuchado disparos eran luego cambiados por otros que decían que se había tratado de fuegos artificiales o de algún tipo de ruido”, afirmó Dorina Bernárdez, abogada y amiga personal de Sandra Ríos, la mamá de Gonzalo.
El juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelosi, elevó a juicio oral la causa principal por la masacre. Por los hechos serán juzgadas 24 personas. Los cargos más graves son contra el capitán de la Policía de la provincia de Buenos Aires Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez, a quienes se acusa de la muerte de los cuatro jóvenes como coautores del delito de homicidio agravado por abuso de función como miembros de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego. Por las heridas que sufrió Rocío, la joven sobreviviente, se los imputa por homicidio “en grado de tentativa”. Los cuatro acusados serán sometidos a juicio por jurados populares.
Los policías Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro están imputados por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público:
También se encuentra imputado Claudio Martínez, el entonces secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, quien enfrenta cargos por encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. Martínez es policía retirado.
