Por A. Fernández Acevedo, L. Nogara, J. Romero y F. Cabezas
Este año electoral dejará una huella en la historia argentina en términos de políticas de género, ya que por primera vez estará representado el colectivo travesti-trans con 27 candidaturas, un logro más después de la sanción de la ley de cupo laboral Lohana Berkins-Diana Sacayán, votada por mayoría en junio en el Senado y, hasta ese momento, una deuda pendiente de la sociedad con este sector de la población tan castigado. “Nuestras vidas están marcadas por situaciones y escenarios muy complejos, sobrevivir en ellos nos ha dado una perspectiva para generar soluciones que otras identidades, como las cis, no tienen”, le dijo a Publicable la activista del Frente de Disidencias En Lucha de zona norte Melina Victoria Mazzarotti.
Solamente ocho de las 24 jurisdicciones cumplirán con el reclamo de las militancias y las organizaciones feministas. La que más candidatos tiene es Santa Fe. Tomás Mascolo, precandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda Unidad, tiene como prioridades la salud, la educación y la vivienda porque, al ser periodista, recibe muchas denuncias de violencia y discriminación: “No sólo quiero dar vuelta todo, cambiar la historia, quiero que todos puedan sonreír, luchar y tener una vida que merezca ser vivida”.
A través de la ley que lleva el nombre de dos históricas referentes del colectivo, se visibilizaron los obstáculos que las personas trans enfrentan para acceder a un trabajo registrado y a todos los derechos que eso conlleva: la jubilación, la seguridad social, las vacaciones pagas y el aguinaldo. Sin embargo, Mascolo detalló que hasta mayo de este año, sólo 176 trabajadores travestis y trans ingresaron a la administración pública en los municipios bonaerenses que adhirieron a la legislación: “Un 1% equivaldría a 1.790 personas, los ingresos hasta el momento no llegan ni a una décima parte de ese número”, agregó.
La expulsión del hogar familiar es una situación a la que se enfrentan muchas personas trans. Según un informe realizado por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) y Fundación Huésped, el alto índice de intenciones suicidas durante su adolescencia es un indicador del abandono familiar y de la imposibilidad de acceso a los servicios de salud mental públicos, en los que se ven doblemente discriminadas: por su identidad y por su clase social. Esta situación, sumada a la privación de vivir en condiciones dignas, hace que tengan una esperanza de vida que promedia entre los 35 y 41 años.
En la Argentina, la ampliación de derechos para este colectivo permite que su participación ya no esté relegada a las calles sino que se extienda también a las bancas del Congreso. La aparición de estos actores políticos, que no son nuevos, pero sí más visibles, demuestra que la salida de las condiciones de pobreza y marginalidad a la que están sometidos no es imposible si el Estado no sólo está presente sino que los representa.
