Por C. Klimovsky, L. Aprile y A. Puszczyk
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el ámbito internacional y la Convención de Belém do Pará en el regional definen la trata de personas como una forma de discriminación y de violencia contra la mujer. A partir de esto se pide a los Estados adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la problemática. La CEDAW, en la Recomendación General Nº 19, identifica el delito de trata y sus distintas manifestaciones como “una práctica incompatible con la igualdad de derechos y con el respeto a los derechos y la dignidad de las mujeres”.
En este mismo sentido, el Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas (ante todo mujeres y niños) de 2015 resaltó la importancia de la perspectiva de género en la materia al establecer que “algunas formas de trata de personas afectan sobre todo a mujeres y niñas, que constituyen la inmensa mayoría de las personas objeto de trata con fines de explotación sexual y explotación laboral en la servidumbre doméstica”. La trata, en particular con fines de explotación sexual, constituye una expresión de violencia contra la mujer.
La mayoría de las víctimas mundiales de trata con fines de explotación sexual identificadas son mujeres y niñas. En Sudamérica, en concreto, el 96% de las víctimas explotadas sexualmente lo son. Asimismo, las Naciones Unidas destacan el desasosiego del organismo por el número cada vez más alto de mujeres y niñas de países en desarrollo que son víctimas de trata. La relevancia de encuadrar estos delitos dentro de un marco de violencia de género radica en que los Estados tienen el deber de prevenir, perseguir y dar asistencia y reparaciones a las víctimas.
En la Argentina, la trata de personas es tipificada como un delito federal, y en 2013 se creó, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según los datos relevados por la PROTEX, en los últimos once años se registraron en el país 405 sentencias por trata de persona, de las cuales el 75,3% fueron por trata sexual y el 23,7% por explotación laboral. En el mismo período, se registraron 1.731 personas víctimas de trata de personas, de las cuales el 81,5% eran mujeres.
“Anestesié el dolor”
Sonia Sánchez, sobreviviente de explotación sexual y reconocida militante feminista contra la prostitución y la trata, cuenta que el hambre y la falta de educación, vivienda y trabajo la llevaron a entrar a la prostitución. A los 17 años fue trasladada y traficada con fines de explotación sexual a Río Gallegos, donde estuvo durante seis meses en un prostíbulo -privada de su libertad y explotada sexualmente- hasta que pudo escapar. Sin embargo, luego de salir continuó prostituyéndose hasta los 23 años para sobrevivir, debiendo enfrentar violaciones, maltratos y abortos espontáneos. “Yo al dolor lo anestesié”, aseguró Sonia.
Sánchez señala que el factor más fuerte a la hora de entrar en la prostitución o en redes de trata es el empobrecimiento de las mujeres. “Como mujer empobrecida, te pueden vender y alquilar; las gran mayoría de mujeres que son traficadas es porque están buscando trabajo o porque se endeudaron”, dijo. En este sentido, la mujer oriunda de Chaco considera al Estado junto a los gobiernos y sus políticas públicas como los principales culpables de la explotación sexual.
“Al ser víctima de prostitución, las mujeres pasan de ser sujetos activos de derecho a convertirse en un objeto comerciable, que cualquiera puede comprar y cualquiera puede vender. Cuando te hacen la puta de todos, te reducen a un cuerpo. En la prostitución te reducen a boca, vagina y ano. Así de tremendo es”.
A los 53 años, Sonia ya ha publicado tres libros y se dedica a dar charlas, clases y capacitaciones advirtiendo sobre la prostitución y el tráfico de personas. “Lo que me inspira para seguir luchando es la rabia. Pero yo trabajo la rabia para que sea una energía buena. Que me lleve a pensar, reflexionar y escribir para poder ayudar a otras y otros. Para que otras adolescentes no les pase lo que a mí me pasó”, aseveró. Además, la activista afirma que para combatir la prostitución tiene que haber presencia del Estado mediante políticas públicas para disminuir la feminización de la pobreza.
