Por M. Arcapalo y S. Barragán
“Las Fuerzas Armadas hicieron con los soldados lo que sabían hacer: los torturaron”, sintetiza el abogado y militante por los Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola, a cargo de la causa por torturas iniciada en 2007 contra 95 militares argentinos que fueron acusados por cerca de 200 ex combatientes de la Guerra de Malvinas, entre víctimas y testigos presenciales. La causa, después de 15 años, se encuentra demorada en la Corte Suprema de Justicia.
Las defensas alegan que aquello que se les imputa a los acusados “no fueron delitos de lesa humanidad” y que, por eso, ya prescribió la acción penal. Sin embargo, la investigación por las torturas sufridas por los soldados durante el conflicto bélico fue avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ya fueron indagados cinco de los acusados, tres de los cuales quedaron procesados.
Guerrero Iraola puntualiza: “Los soldados fueron torturados, estaqueados a la intemperie durante mucho tiempo, ocho, diez o doce horas, con temperaturas bajo cero. Fueron golpeados, hubo casos de abuso sexual y de aplicación de picana con teléfonos de campaña. Fueron obligados a meterse desnudos en el agua helada y a cavar un pozo y permanecer enterrados hasta el cuello, entre otras aberraciones”.
En la causa constan las declaraciones testimoniales de 176 soldados, “víctimas directas de las torturas y de testigos presenciales” de los hechos. Sobre este punto, el abogado subraya que “los testigos también fueron víctimas, obligados a ver cómo torturaban a su compañero, a su amigo, y muchos soldados todavía no se animan a declarar”. Esto supone que puede haber muchas más víctimas aunque, advierte, no hubo un “pacto de silencio sino la imposición de silencio” por parte de los jefes militares, una vez que los soldados regresaron a sus casas tras la rendición de las tropas argentinas, el 14 de junio de 1982.
Guerrero Iraola explica que, para imponer el silencio y neutralizar las denuncias por las torturas, el gobierno militar creó el Centro de Asistencia y Rehabilitación Integral (CARI): “Allí fueron generando las condiciones del trabajo sobre la impunidad, con un mecanismo de acción psicológica, de inteligencia y un control específico sobre el relato”.
El primer paso fue hacerles llenar un acta de recepción en el que el afectado debía relatar los hechos, pero luego tenía que firmar el documento y asumir un compromiso de silencio. Si el soldado rompía el pacto, las Fuerzas Armadas lo someterían a un Consejo de Guerra, que se rige por el Código de Justicia Militar, sin intervención de los fueros civiles. Además, los amenazaban con matar a su familia.
Guerrero Iraola sostiene que hubo intervención sobre los colectivos de ex combatientes, muchos de los cuales eran mixtos, mitad militares de carrera y mitad ex conscriptos. En esos ámbitos, los oficiales hacían uso de su rango para garantizar el silencio de los jóvenes que habían sufrido torturas. A esto se agregó la campaña de control y censura en los medios de comunicación que ya se había aplicado durante la guerra. “Todo eso se hizo carne en los soldados y en la sociedad”, recalca el abogado, antes de puntualizar en que “más allá de la historia de cada uno de las víctimas de tortura y la eventual condena a los torturadores, se está jugando un partido por la reescritura de la Historia“.
Otro de los flagelos durante la guerra fue el hambre, por la deficiente alimentación que recibieron los conscriptos. “Hay chicos que perdieron hasta 40 kilos y, cuando robaban un cordero o comida, eran castigados y los estaqueaban”, ejemplifica el abogado, quien detalla que la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia porque en las distintas etapas de la investigación “las defensas insistieron con que no son crímenes de lesa humanidad y que ya están prescriptos”.
A pesar de las demoras en la investigación y de las trabas en la Justicia, Guerrero Iraola considera que existe “un amplio concepto para juzgar estos hechos”. Insiste en que hay que entender que la Guerra de Malvinas fue una continuidad de la dictadura cívico-militar, durante la cual ocurrieron las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia argentina.
A lo largo de la veintena de audiencias “ninguno de los abogados de los torturadores ha dicho que lo que se denuncia no haya ocurrido”, sino que alegan que “no son delitos de lesa humanidad y que por eso están prescriptos”, explica el abogado. Los defensores justificaron los estaqueamientos como una medida que se tomaba con los supuestos infractores “porque en Malvinas no había calabozos de campaña”.
De los 95 militares imputados, hay dos fallecidos. En ese sentido, Guerrero Iraola considera que “es muy grave la impunidad biológica” en las causas de lesa humanidad por “la extrema duración que tienen los juicios, por culpa del Poder Judicial”. La causa por las torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas ya lleva 15 años y, hasta el momento, “sólo prestaron declaración indagatoria cinco de los imputados, tres de los cuales quedaron procesados”. “Al ritmo actual, tendrían que pasar 311 años para que terminen de declarar todos los imputados“, calcula.
Guerrero Iraola interviene en otras dos causas por Malvinas: una contra cinco militares británicos, por crímenes de guerra cometidos contra soldados argentinos, y otra por la identificación de soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en la Isla Soledad. Esta última es la única que está “prácticamente finalizada”.
