Por Jerónimo García Beraudi
El 10 de enero de 1994, al menos 11 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús, vestidos de civil y movilizados en cinco vehículos particulares, fusilaron al remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, que se trasladaban en un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que iba en un Dodge 1500. Cuando el 17 de octubre próximo comience el juicio ya habrán pasado 10.507 días desde la llamada Masacre de Wilde.
Los peritajes determinaron que los policías realizaron al menos 270 disparos. En los días posteriores al crimen, la viuda de Cicutín, Raquel Gazzanego, recibió las disculpas de los oficiales superiores de la Brigada, quienes catalogaron el hecho como “un lamentable error” y le dijeron que su marido estuvo aquel día “en el lugar y horario equivocados”.
En una primera elevación a juicio oral los policías acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios fueron sobreseídos. Los familiares de las víctimas apelaron en 2003 y en 2007, pero los imputados fueron sobreseídos una vez más. Ese fallo fue dejado sin efecto por la Suprema Corte bonaerense en 2013.
Al principio, los policías involucrados fueron trece, pero el número luego se redujo a once y ahora sólo nueve llegarán al juicio oral: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. César Córdoba y Carlos Saladino ya murieron. Y Marcos Ariel Rodríguez se fugó de la comisaria donde estaba detenido ese mismo 10 de enero por la noche y se mantuvo 20 años prófugo. Fue detenido en septiembre de 2014 en un almacén que atendía en La Falda, provincia de Córdoba. Fue mantenido en arresto domiciliario hasta marzo de 2022, cuando fue excarcelado.
Luego de un largo proceso de dilaciones y trabas, la audiencia preliminar estaba fijada para el 20 marzo de 2020 pero por la pandemia el proceso se postergó. En noviembre de 2021 se realizó la primera audiencia preliminar; la última fue el 6 de diciembre, cuando se dictaminó un plazo de nueve meses para que la defensa pueda presentar las pruebas y los testigos necesarios.
