Por Marina Kempner y Virginia Chiappero
“Las obras sociales pagan cerca del 20 de cada mes, porque tienen mayor demora”, sostiene Macarena Fernández, fonoaudióloga y prestadora independiente de servicios a discapacitados quien acompaña, desde el miércoles 7 de septiembre, la movilización en reclamo contra el atraso en los pagos a las prestaciones básicas de asociaciones de prestadores de servicios y familiares de discapacitados, que se movilizaron en distintos puntos del país y en Plaza de Mayo, donde hicieron un acampe durante toda la semana.
La Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad aseguran que las transferencias de la AFIP a las obras sociales están regularizadas. Carolina Vertiz, referente de Acompañantes Terapéuticos dentro del Colectivo de Discapacidad, explica que dependen del Ministerio de Salud y enumera, entre los principales reclamos, que no hay una ley a nivel nacional que les habilite como profesionales y trabajadores de la salud integral. “No estamos dentro del nomenclador ni en el Programa Médico Obligatorio, todo esto ocasiona que las obras sociales o prepagas nos abonen lo que quieran y cuando quieran”, agrega.
La Cámara de Diputados de la Nación presentó un proyecto de ley para regular el ejercicio del acompañamiento terapéutico y eliminar prestaciones de apoyo. Según Fernández, esto afecta directamente a los prestadores independientes, porque hay centros categorizados que atienden y tienen otro tipo de convenios, pero “no vamos a poder seguir atendiendo por obra social y las personas con discapacidad se van a quedar sin tener la atención necesaria”.
PRINCIPALES RECLAMOS DEL COLECTIVO DE DISCAPACIDAD
La aprobación a tiempo de tratamientos de apoyo solicitados por médicos, aumentos de aranceles de prestadores, control a las obras sociales, aumento del kilometraje en los transportes y la incorporación al Nomenclador Nacional para las prestaciones de apoyo a personas con discapacidad son los pedidos urgentes.
“Nos vemos obligados a tener mayor cantidad de pacientes o preferir la atención a prepagas de forma particular, para cubrir nuestros gastos básicos”, explicó Antonela Frediani, terapeuta ocupacional, quien además resaltó el trabajo de los profesionales de salud y educación: “Somos trabajadores y como tales, tenemos el derecho de cobrar en tiempo y forma”.
Si bien hubo distintas asambleas y una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, en la que presentaron sus reclamos, no llegaron a ningún acuerdo y está prevista una nueva marcha en Plaza de Mayo para el jueves 22 de septiembre.
Edición: Candela Contreras y Sofía Barragán
