Por Sofía Piazza
Marcos Ezequiel Filardi es un abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria que en 2007 realizó un viaje por Asia y África que llamó “La ruta del hambre”. “Ahí vi el hambre puro y duro de primera mano, como un problema de derechos humanos”, cuenta. De aquella experiencia surgió la idea de crear el “Museo del hambre”, un espacio de encuentro por la lucha de la alimentación en la Argentina.
“Con la idea de transformar al hambre en un objeto de museo y no verlo más en la calle, trabajamos propuestas colectivas relacionadas con distintas expresiones artísticas que reflejan nuestros intereses, porque para mí no hay mejor vínculo canalizador que el arte”, afirma sobre el proyecto que creó hace seis años. Parte de la red de abogados por la soberanía alimentaria, Filardi reflexiona sobre el rol del Estado en estos temas y cómo la falta de información afecta al país.
-En el programa de la TV Pública “Altavoz” planteaste que Europa va a pedir por alimentos sanos y que la Argentina tiene todo para producirlos. ¿Por qué el país no considera esta situación para producir correctamente?
-El gran crimen de la Argentina es que tiene el potencial para producir toda clase de alimentos y, sin embargo, condena a una parte muy importante de su población a no poder acceder a ellos. El principal obstáculo, para mí, son los intereses de las grandes corporaciones, que generan ganancias extraordinarias con el modelo agroindustrial, mientras el Estado, pese a las violaciones a los derechos humanos que eso implica, no hace nada para remediarlo. La falta de transparencia y accesibilidad a la información es otra de las razones por las que este modelo agroindustrial se impone en nuestra sociedad y, por lo tanto, en nuestros cuerpos. Un ejemplo es el caso de SPRINT, un estudio realizado por la doctora Virginia Aparicio que constató la presencia de compuestos agrotóxicos en el cuerpo y fue censurado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
-Mencionás el caso de censura en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) como un ejemplo de la falta de acceso a la información. ¿Cuál es lugar que ocupan los medios informativos en estas cuestiones?
-El acceso a la información está vedado de muchas maneras. No sólo la información del Estado, sino también la que manejan los grandes capitales, que es inaccesible. Eso no es algo nuevo en democracia, son prácticas propias de una dictadura de monopolizar el discurso, y el caso de la doctora Aparicio es sólo un ejemplo. Los grandes medios se transforman en portavoces del modelo porque las empresas los auspician o porque están interesados en defender el negocio transgénico. Una noticia vinculada a los agrotóxicos que amenace este sistema es rápidamente silenciada y ninguneada por los canales de comunicación. Con esto en mente, hay que empezar a leer en esa clave qué intereses se difunden y qué no, por qué algo cobra visibilidad y entra en el debate público y otros no.
-¿Las redes sociales podrían ser un medio informativo donde se pueda hablar de temas alimentarios y ambientales con mayor libertad?
-Antes te hubiera dicho decididamente que sí, que en algún punto todos creímos en el paraíso de la libertad de expresión que nos ofrecen las redes frente a una concentración mediática de las empresas de comunicación que tiene como objetivo generar negocios y financiarse mediante pautas publicitarias. No es casual que los grandes medios como La Nación o Clarín no hablen de temas críticos que influyen de algún modo a grandes empresas, por ejemplo. Existe un cerco mediático que genera un bloqueo informativo, y entonces parecería que el canal que teníamos para difundir eran los medios comunitarios y las redes sociales. Hoy creo más en los medios comunitarios porque son canales más genuinos de difusión de ideas que las redes sociales, donde vuelve a generarse un cerco informativo, ya que son controladas por un grupo de corporaciones con pocos actores que deciden qué se publica y qué no. No es lo mismo que te mande el video de un perrito que una una noticia crítica. Hay ciertos temas que en las redes tampoco se pueden discutir; entonces, hoy tristemente pienso que son un limitante, que nos comimos el verso de que ahí íbamos a encontrar un canal libre para informar cuando en realidad no es así.
La soberanía alimentaria dicta que la sociedad argentina tiene derecho a una alimentación sana, segura y saludable. ¿Cuál es el rol que el Estado debería cumplir para asegurar este derecho?
–Nuestra Constitución coloca a la alimentación como un derecho humano, lo que significa que el Estado está obligado a garantizar y adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo. Sin embargo, tenemos un modelo de industria dominante que vulnera el pleno goce y ejercicio de este derecho y el Estado no hace nada para remediarlo. Creo que Argentina tiene todas las condiciones materiales y simbólicas para poder garantizar plenamente el derecho a la alimentación no sólo de toda su población, sino generar un excedente de alimentos sanos y seguros para otros países. Esa es la verdadera inserción inteligente de Argentina en el mundo, tenemos todo para lograrlo, pero si no lo hacemos cada vez va a ser más difícil.
–¿Por qué?
-Porque estamos perdiendo las bases materiales, perdimos el 50 por ciento de suelo en la Pampa Húmeda. Si contaminamos el agua y el aire, si destruimos todo, Argentina nunca va a poder avanzar. Hoy más que nunca el Estado debe frenar el avance de este modelo de agronegocio transgénico de manera urgente y empezar a construir las bases para una transición agroecológica.
