Por A. Altamiranda, M. F. Chaves, M. Felicenzi, A. Montoya y D. Salinas
“Mi misión fue fructífera, por eso no me cuesta hablar”, dice el penalista Eduardo Gerome, defensor del ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna en el Juicio a las Juntas, para desmarcarse de los otros defensores cuyos clientes sí fueron condenados en el Juicio a las Juntas y, treinta años después, prefieren no dar entrevistas. “No los cuestiono. Esto es como con los directores técnicos de fútbol: cuando sus equipos pierden, no quieren hablar del partido. Participar del Juicio fue una de las mayores experiencias de mi vida”, destaca el abogado.
“Graffigna es un señor con características humanas grandes, allegado a su familia”, describe Gerome a su defendido, acusado de privación ilegítima de la libertad, tortura, robo, homicidio, allanamiento y falsedad documental durante la última dictadura, aunque, finalmente, no recibió condena. De todas maneras, en la actualidad, el militar se encuentra detenido con prisión preventiva a la espera del juicio oral por la desaparición de la hija de Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.
Junto con Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, Graffigna formó parte del grupo de cuatro imputados que no fueron condenados. El defendido de Gerome quedó absuelto porque asumió la comandancia de la segunda junta militar, que compartió con Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini, después de que se cerrara el último centro de detención de la Fuerza Aérea, Mansión Seré, en mayo de 1978. “La satisfacción que me quedó fue que el único tipo que quedó en libertad fue el que defendí con mi equipo, no porque fuimos enormes abogados, sino porque no tenía responsabilidad”, dice Gerome, sin tener en cuenta a los otros absueltos.
“Nos propusimos plantear la ausencia de Graffigna en los operativos y se comprobó en el juicio que estaba exento”, dice Gerome. “Nosotros no queríamos politizar, porque eso iba a ir en desmedro de nuestro defendido. En esta misma mesa le dije que, si había venido a buscar una defensa política, había elegido mal el estudio“, dice Gerome, en su estudio de la zona de Tribunales, sentado a la mesa que acaba de mencionar, de madera oscura rodeada por seis sillas tapizadas con gamuza verde, en un despacho pequeño de paredes empapeladas en color hueso.
Antes y después de Graffigna
Gerome fue juez de instrucción penal entre 1980 y 1984, cuando pasó al sector privado. Ni en la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad ni en organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, hay registradas denuncias contra él por su desempeño como magistrado durante la dictadura.
Ya en el sector privado, el abogado defendió a Enrique Lautaro Arancibia Clavel, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, acusado de asesinar al coronel chileno Carlos Prats -quien había sido jefe del ejército durante el gobierno de Salvador Allende- y a su familia, mientras estaban exiliados en Buenos Aires en 1974. Arancibia Clavel fue condenado a reclusión perpetua en 2000, pero en 2007 quedó libre. En 2011 fue asesinado en su departamento en el centro porteño. “Sigo pensando hoy en día que Arancibia Clavel no tuvo absolutamente nada que ver a pesar de haber sido condenado”, dice el abogado.
En los últimos años, Gerome ha aparecido en varios medios opinando sobre la inseguridad. En 2014, por ejemplo, habló en el programa de televisión “Chiche en Vivo” en contra de las excarcelaciones. “Cuando la interpretación de la ley deja de ser racional, se buscan argumentos para dejar en libertad gente que después sale a matar otra vez”, declaró en esa ocasión, en la que también acusó a los inmigrantes del aumento de delitos: “¿Por qué tenemos que pagar por gente que entra ilegalmente, que viene a delinquir y los mantenemos en la cárcel?”.
