Por Jésica Berges y Franco Rey
“Las políticas neoliberales que introdujo la dictadura militar y que se extendieron en la década del 90’ destruyeron los derechos y garantías que había brindado el Estado de bienestar”, explica Rosendo Martínez, licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, sobre cómo se gestó el estallido social que volteó al gobierno del presidente Fernando de la Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001, y que se dio en un contexto donde cada estrato social presentaba su propia emergencia.
Carlos Cittadini, responsable territorial y militante de la organización Barrios de Pie durante 2001, recuerda: “El gobierno nunca fue nuestro objetivo, sí lo fueron sus políticas económicas que representan a los sectores concentrados del poder, los grandes grupos económicos, grupos de comunicación y actores internacionales que tienen intereses en la Argentina”. Las víctimas de las consecuencias que trajo el modelo aplicado en los años 90 y a principios de los 2000 tuvieron que movilizarse en reclamo de sus derechos y para concientizar a una sociedad sobre la existencia de sectores relegados.
“El ‘que se vayan todos’ fue una expresión política muy interesante en términos de participación y protagonismo popular pero que no construyó ninguna respuesta institucional a la crisis que generó el modelo neoliberal”, señala Martínez sobre la frase insignia de esos días que transcurrían entre saqueos de supermercados en los que las personas se peleaban por bolsas de comida, represión policial y el asesinato de manifestantes en las principales ciudades del país. El lema popular tenía su significado bien marcado: ninguno de los funcionarios estaba a la altura de lo que necesitaba la sociedad. Martínez explica que “cuando no existe una alternativa institucional al conflicto social, los actores se reconvierten, por eso gran parte del staff político que había sido repudiado interpretó ese descontento y acomodó sus funciones para establecerse ante la nueva situación”.
Con la crisis nacieron muchos movimientos sociales que representaban nuevas formas de protesta en Argentina y que, hasta el día de hoy, son actores socieles disruptivos que dividen opiniones. Es que, explica Martínez, “cambió la estructura social de la Argentina con la aparición de los desocupados como actor social y político a partir de la organización para reclamar por los derechos que habían perdido, instaurando formas de reclamo muy extendidas como los piquetes, y luego aparecieron las organizaciones de desocupados con una impronta comunitaria y una nueva forma de hacer política”.
Esos movimientos de lucha popular nacieron primero como pequeñas asociaciones locales y luego crecieron en las manifestaciones organizadas para resistir las políticas que iban en contra de una parte de la población olvidada y negada, como sucede en la actualidad. “El movimiento piquetero actual es muy similar al que existía en el 2001, la única finalidad que tiene una organización social es organizar al pueblo más humilde para pelear por sus derechos, sólo que existen muchas más organizaciones y la lucha es distinta porque las necesidades son diferentes”, compara Cittadini.
Es difícil estimar una fecha de nacimiento del momento en el que se desencadenaron los sucesos que ocasionaron la crisis. Dadas sus bases y su progreso, todo 2001 fue una olla a presión que explotó en diciembre dentro de cada argentino que sentía en carne propia la retención de ahorros, el desempleo y una calidad de vida cada vez más cercana a la pobreza. La oportunidad en tiempos convulsos fue una luz que dio la posibilidad a los sectores más relegados de la sociedad de tomar posición política y destacar por fuera de cualquier representación tradicional, la oportunidad se había abierto frente a los ojos de los manifestantes y conquistaron las calles de un país cansado del manoseo institucional.
En las avenidas y en los rincones más olvidados resonó el sonido metálico de las cacerolas y el grito de quienes no tenían trabajo ni podían retirar sus ahorros de toda la vida. A la lucha le sobrevino la represión policial, una respuesta que terminó por alzar a los manifestantes que dejaron su vida en las calles ardientes debido a una crisis que no tenía precedentes, aunque haya nacido muchos años antes producto de políticas que respondieron a un modelo económico beneficioso para algunos y catastrófico para muchos otros. Para Cittadini, “el que lucha por los intereses de las minorías, se involucra y el que convive con el pueblo, generalmente convive con la represión y la sufre, es una estructura de poder que tenemos que cambiar”.
PRESIDENTE NUEVO, PROBLEMAS VIEJOS Y CONSECUENCIAS SIN PRECEDENTES
Tras la revuelta social más grande de la historia moderna argentina, capaz de derribar a un gobierno sólo gracias a la movilización popular, hubo cinco presidentes en una semana. El que más duró en el poder fue Eduardo Duhalde, que terminó con la Ley de Convertibilidad y transformó todos los saldos bancarios en dólares al nuevo peso devaluado, una medida impopular entre los ahorristas que provocó protestas. El gobierno era nuevo y los problemas inmediatos que provocó la crisis parecían estar controlados, más no sus consecuencias: la tasa de desempleo se disparó al 21%; más de la mitad de la población de Capital y Gran Buenos Aires vivía bajo la línea de la pobreza; un 27% cayó en la indigencia y fue en esta época en la que surgieron los recolectores urbanos de residuos, coloquialmente conocidos como cartoneros.
