Por Agustina Cabello
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, perteneciente a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, aún no publicó datos oficiales este año. Sin embargo, según el observatorio de Ahora que sí nos ven, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2023 se registraron 99 víctimas letales de violencia de género.
Dentro de los 99 femicidios, 87 fueron directos y 12 fueron vinculados. Estos últimos son casos en los que el femicida daña a terceros para consumar su fin, o sea matar, castigar o dañar psicológicamente a la mujer sobre la cual ejerce dominio. En marzo de este año, en Zárate, provincia de Buenos Aires, Juan Cruza (25) asesinó a puñaladas a su ex pareja, Eliana Rodríguez (30), y a sus dos hijas: Renata, de nueve años, y Sofía, de tres; luego prendió fuego la vivienda. Este caso es un femicidio vinculado y también de triple femicidio.
El 55 por ciento de las víctimas tenía un vínculo de pareja o ex pareja con su agresor, como es el caso de Agustina Ibañez (16), asesinada de un disparo en la cabeza por su novio, Gustavo Santillán (22), en la provincia de Santiago del Estero en abril de este año. El femicida se suicidó luego de cometer el crimen, como el 18 por ciento de los agresores.
La mitad de los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima y en muchos casos sus hijos son testigos. En 2023, 71 niños perdieron a sus madres a manos de un femicida. Ana Lorena Domínguez (43) fue asesinada en su departamento en el barrio porteño de Barracas por el padre de sus hijos, Alberto Gordillo. Su hija de cuatro años vio todo e informó: “Papá pinchó con un cuchillo a mamá”.
Veinte de las víctimas registradas hasta abril de este año habían denunciado previamente a su agresor y catorce tenían medidas judiciales de protección en curso. María Laura Vega (35) denunció a su ex pareja por violencia de género pero la Justicia de La Rioja determinó que no existía delito. En abril de este, el hombre, Eduardo Colchau, la mató de un disparo, huyó y se suicidó en la vía pública.
“El azar de quién te toque de fiscal o defensor no puede ser la garantía de que tengas un proceso justo, quien no cumpla con la ley Micaela debe cumplir sanciones”, afirmó la abogada de mujeres Julieta Molina. Esta ley se promulgó en 2019 y establece que todos los que ejerzan una función pública en los tres poderes deberán capacitarse obligatoriamente en cuestiones de género.
La ley Micaela surgió a partir de la violación y el asesinato de la entrerriana Micaela García, de 21 años, por parte de Sebastián Wagner (30) en 2017. El femicida estaba preso por haber abusado sexualmente de otras dos mujeres, pero se le otorgó la libertad condicional a pesar de que el informe criminológico había sido negativo.
Por otro lado, en este período hubo tres mujeres trans/travesti víctimas directas de femicidio. Sofía Fernández (39) fue asesinada en abril en una celda de la Comisaría N° 5 de Presidente Derqui, partido de Pilar. Los oficiales afirmaron que la habían detenido por un supuesto robo y que había muerto súbitamente en la celda; cuando la autopsia reveló que tenía una bombacha y pedazos de colchón en la garganta, cambiaron su versión y dijeron que se había suicidado. Aproximadamente, el 7 por ciento de los agresores pertenecen o pertenecían a las fuerzas de seguridad, y suele pasar, como en el caso de Sofía Fernández, que no se da a conocer su identidad.
En la provincia de Buenos Aires, como en los años anteriores, es donde más casos de femicidio ocurren: en lo que va del año se registraron 38. Las cifras no oficiales conocidas hasta el momento son muy similares a las que el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina tenía para esta misma altura del año en 2022.
Editora: Lola Ildarraz
