Por M. Trigo, A. Bonazza, T. Nieto y N. Petitto.
El fiscal Julio César Strassera desistió ayer, en un escrito presentado ante la Cámara Federal, de 2 mil testimonios por considerar que las declaraciones y los documentos presentados resultan suficientes para acreditar la responsabilidad y solicitar la máxima pena para los miembros de las tres juntas militares acusados de homicidio, privación ilegal de la libertad, allanamiento y falsificación de documentos públicos. De esta manera, la fiscalía espera acelerar los tiempos y llegar a una sentencia antes de que termine el año.
El caso Dagmar Hagelin
Uno de los testigos clave de la audiencia fue Ragnar Hagelin, padre de la joven sueco-argentina Dagmar Hagelin, secuestrada y desaparecida en enero de 1977, cuando tenía apenas 17 años.
Durante su testimonio, incriminó directamente a los oficiales navales Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Francisco Whamond por el secuestro y posterior asesinato de su hija Dagmar, y refirió las numerosas gestiones para obtener su liberación, realizadas ante los almirantes César Guzetti, Oscar Montes, los generales Jorge Videla y Edmundo Ojeda, y el ex titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Orfilia, entre otros.
Ragnar Hagelin (Foto: Néstor Sieria)
Dagmar fue secuestrada el 27 de enero de 1977 mientras visitaba la casa de su amiga Norma Burgos en El Palomar. La vivienda se encontraba ocupada por un grupo de hombres armados, que esperaban la inminente visita de María Antonia Berger, una dirigente montonera parecida físicamente a Dagmar. Cuando la joven se acercó a la casa, un grupo de militares comenzó a amenazarla con armas, ella se asustó y salió corriendo. “Mientras mi hija escapaba, una persona, luego de dar alerta, le disparó por la espalda y cayó herida“.
Tras las gestiones de Ragnar en el exterior, dada su doble nacionalidad argentino-sueco, el caso cobró importancia internacional. Cyrus Vance, en nombre del gobierno del presidente norteamericano James Carter, y Kurth Waldheim, por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), reclamaron una solución al por entonces presidente de facto Videla.
Por presiones internacionales, la verdad salió a la luz. Dagmar Hagelin fue secuestrada, torturada y mantenida en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y, a pesar de su inocencia y de ser considerada por los marinos como una “confusión”, el capitán Acosta, jefe del grupo de tareas de ese centro clandestino , realizó su “traslado” (eufemismo utilizado por los represores para referirse al asesinato de un detenido).
Interrogados por los medios de comunicación suecos, Astiz dijo no recordar nada respecto al caso, y Rubén Chamorro, ex director de la ESMA, declaró ante la prensa que “Dagmar no era una señorita, sino una vulgar terrorista”.
Una familia desaparecida
La señora Rosa Daneman de Edelberg, de 81 años, declaró sobre el secuestro y la desaparición de cinco de sus familiares, incluidos sus dos nietos, Sergio y Bettina Tarnopolsky, de 15 años.
Sergio desapareció mientras cumplía con el servicio militar en la ESMA. Aparentemente fue acusado de preparar una bomba de clavos que debía estallar durante un asado en el quincho del casino de oficiales. Según declaró Rosa, además de Sergio, fue secuestrada casi toda la familia Tarnopolsky.
Rosa señaló asimismo que en el domicilio de su hija, Blanca Edelberg, y de su yerno, Hugo Tarnopolsky, la puerta fue volada con dinamita para que ingresaran un grupo de personas encargadas del secuestro. Por su parte, José Daniel Pugliese, encargado del edificio, ratificó los detalles del hecho. Luis Gerónimo Morgan, vecino de las víctimas, también confirmó lo sucedido, dando testimonio de haber oído una gran explosión durante la madrugada. Al realizar la denuncia por los daños en la seccional 19ª de la Policía Federal, escucharon que a la familia la llamaban “una manga de tirabombas”. Paralelamente, la mujer de Sergio, también fue secuestrada.
Las revelaciones de dos militares arrepentidos
El cabo segundo Jorge Carlos Torres expresó, ante la Cámara Federal, que durante el tiempo que cumplió tareas en la ESMA pudo ver muchos civiles detenidos encapuchados y atados de pies y manos. También denunció las fogatas que se utilizaban para cremar los cuerpos de las víctimas. Luego de que el fiscal Strassera le preguntara si efectivamente había visto algún cadáver cerca del campo, el cabo aseguró haber encontrado una bolsa de residuos que contenía un feto. Y agregó que: “al momento de denunciarlo, solo recibí una llamada de atención por haber merodeado esas zonas”.
Por su parte, el capitán de fragata Jorge Félix Búsico, quien se desempeñó como jefe de estudios en la ESMA, comenzó su testimonio señalando que cuando los mandaban a realizar algún tipo de tarea los obligaban a presentarse bajo una identidad falsa. Luego, y en concordancia con el cabo Torres, señaló haber visto cientos de civiles encarcelados, esposados y con los ojos tapados. Estos civiles, según expresa Búsico, eran conducidos a “la casa de oficiales”, un lugar lleno de elementos para la tortura, incluida la picana eléctrica. Detalló también que en el llamado Salón Dorado, funcionaba un Centro de Operaciones desde donde se impartían las órdenes para los operativos ilegales. Al ser interrogado por el presidente del tribunal, León Arsianian, sobre si sabía si en la ESMA se asesinaba, el testigo respondió: “apareció una jerga muy particular, las palabras chupar, tabicar y mandar para arriba, que querían decir, lógicamente, ejecutar, fueron de uso cotidiano“. Por su resistencia a participar de esas actividades, Búsico fue pasado a retiro.“Yo me siento cómplice porque colaboré con mi silencio”, declaró en la sala de audiencias.
Continúan las amenazas a la Justicia
Al final del día se conoció que el fiscal de turno Alberto Daniel Piotti denunció ante el juez federal Juan Edgardo Fégoli, las amenazas de muerte dirigidas al fiscal Strassera.
Strassera fue amenazado por un supuesto suboficial de las Fuerzas Armadas, a través de una carta, en la que le recomendaba “terminar con todo esto”, refiriéndose al Juicio, si no quería ser liquidado. Desde la fiscalía reconocen haber recibido múltiples amenazas telefónicas.
