Especial Juicio a Las Juntas

León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz recuerdan el episodio, ocurrido hace casi tres décadas. Nota en video con testimonios de los ex camaristas.

Entrevista en video al penalista Eduardo Gerome, defensor del ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna, uno de los cuatro acusados absueltos en el proceso de 1985.

Hace 30 años daba inicio el alegato de la fiscalía, que culminaría el 18 de septiembre con el discurso histórico de Julio César Strassera ante la Cámara Penal Federal.

Durante casi cinco meses, 833 testigos pasaron por el Palacio de Justicia de la Nación. Los últimos relataron los años del terror en el Hospital Posadas, donde médicos, enfermeras y empleados fueron sometidos a persecuciones, amenazas, secuestros y muerte

Silvia Raquel Agulla de Harcourt, amiga de la diplomática Elena Holmberg y hermana del periodista Horacio Agulla, asesinado en 1978, vinculó ambos asesinatos y apuntó hacia marinos destinados al Centro Piloto de París.

La revisión de la tragedia de la familia Oesterheld dejó mudos a jueces y letrados. En tanto, el testimonio de Gregorio Dupont sobre el caso Holmberg reveló que la diplomática tenía evidencias contra Massera.

Los hermanos de la víctima apuntaron al ex comandante por el secuestro y asesinato de la diplomática en diciembre de 1978. Según los testigos, Elena había tenido conflictos con personal de la Armada.

En la audiencia de hoy, se examinaron los casos de desapariciones relacionadas con el Complejo 17 de La Matanza. En tanto, el coronel Alberto Pedro Barda se negó a declarar.

En la audiencia de hoy, monseñor Miguel Hesayne relató la desaparición de uno de los dirigentes de la Juventud Peronista en Río Negro y comprometió con el caso al entonces ministro del Interior.

En el juicio contra los miembros de las Juntas Militares que gobernaron el país durante última dictadura, declararon testigos de un asesinato múltiple ocurrido en Salta en julio de 1976.

El abogado Osvaldo Acosta y el ama de casa Mónica Marisa Córdoba fueron escuchados en completo silencio por los jueces y todos los presentes en la sala al declarar sobre las torturas que sufrieron.

Se trató el caso de Mario Lerner, uno de de los más de cincuenta que presentará la Fiscalía para demostrar que muchas de las personas que las Fuerzas Armadas dieron como muertas "en enfrentamientos", en realidad fueron ejecutadas.

Matilde Rodríguez testificó sobre el secuestro y el posterior asesinato de su marido. Beatriz Taub dio detalles del caso del Hotel Liberty, propiedad de su familia.

Nuevos testimonios, como el caso del joven desaparecido Fernando Brodsky, dan cuenta del funcionamiento de la represión ilegal bajo las órdenes del almirante Massera.

Thelma Jara de Cabezas ofreció detalles de la operación de prensa de la que fue obligada a participar durante su cautiverio. Su hijo de 17 años había sido secuestrado dos años antes.

El periodista Carlos Muñoz detalló los trabajos que realizó durante su paso por la ESMA y cómo pudo acceder a archivos donde se dejaba constancia de los miles de detenidos que habían sido "trasladados".

Una copia de las grabaciones del juicio a la Junta Militar se conserva en Europa, junto a la constitución noruega, desde 1988. En 2013 los originales fueron digitalizados y abiertos al público por el Archivo General de La Nación.

En el testimonio más largo hasta la fecha, se exhibieron archivos, documentos y fotografías que logró sustraer del centro de detención. Además, declararon testigos por la desaparición de la psicóloga Irene Orlando.

Mañana se cumplen 30 años de la jornada en que el escritor presenció el dramático testimonio de Víctor Basterra.

La mayoría de los testigos de la jornada coincidieron en señalar a Alfredo Astiz como entregador del grupo pro derechos humanos liderado por Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

La periodista Miriam Lewin y otra sobreviviente de la ESMA contaron que fueron usadas como "mano de obra esclava" en el proyecto político del ex Jefe de la Armada.

Los testimonios por el caso de la joven Dagmar Hagelin y la decisión de la fiscalía de renunciar a miles de testigos para acelerar el juicio transformaron a la audiencia de ayer en la más importante de la semana.

Orlando Yorio, sacerdote secuestrado durante la última dictadura militar, reveló dichos de sus interrogadores en la ESMA. También dieron testimonio allegados de jóvenes que participaban del Movimiento Villero Peronista.

Pablo Llonto, periodista que cubrió el Juicio para el diario Clarín, dialogó con Publicable sobre el uso que, a su parecer, hicieron los fiscales y algunos camaristas de esa instancia histórica, y reveló algunas falencias de la sentencia que se dictó en diciembre de 1985.

En la audiencia de hoy, Emilio Mignone, titular del CELS y padre de una desaparecida, reveló la existencia de un conflicto interno entre los integrantes de las tres fuerzas militares.

El testimonio del doctor Hipólito Solari Yrigoyen, secuestrado el 17 de agosto de 1976 y posteriormente torturado, aportó más datos a la causa.

Tres testigos declararon sobre el caso de Dominga Álvarez Scurta, una maestra rural torturada y asesinada en esa provincia. Además, el testimonio de Eulogia de Garnica involucra a la empresa azucarera de Carlos Pedro Blaquier.

En la jornada de hoy, testigos dieron detalles del sistema de secuestros y desapariciones en esa provincia.

La jornada de hoy giró en torno a Juan Carlos Cerruti, quien se refirió al secuestro de su padre, Victorio Cerruti, durante la última dictadura, y al robo de bienes y la falsificación de escrituras y otros documentos.

Juan Aberg Cobo fue el defensor de varios militares de la última dictadura. En esta entrevista habla del terrorismo de Estado y “la inconstitucionalidad del Juicio a las Juntas”.

Ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia de la Nación, fue el escenario del histórico Juicio a las Juntas Militares, que se llevó a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

El testimonio del comerciante mendocino Raúl Acquaviva, secuestrado y sometido a salvajes torturas, fue el más destacado de una jornada intensa, en la que declararon ocho personas.

La audiencia de hoy giró en torno a los Bettini, de La Plata. Declararon también ex estudiantes secundarios de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini detenidos en El Vesubio.

El testimonio de Estrella Iglesias Espasandín aportó información sobre la situación de los españoles secuestrados por la dictadura argentina.

Elena Alfaro denunció haber sido violada durante su embarazo e implicó al coronel Luque y al mayor Durán Sáenz como autores de las torturas y vejaciones que sufrió en el CCD El Vesubio.

Susana María Laxague, Jorge Federico Watts, Darío Mario Machado, Horacio Russo y Juan Frega declararon sobre su cautiverio en el centro clandestino de La Tablada.

Gabriela Villar, Susana Ammann, Mónica Leúnda y Bibiana Allerbon estuvieron secuestradas en el principal centro clandestino de detención de Córdoba, donde padecieron severas torturas y violencia de género.

A partir de las declaraciones de varios testigos, la fiscalía intentó demostrar que, durante la última dictadura, el terrorismo de Estado fue obra del accionar coordinado del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, y las policías Federal y provinciales.

Juan José Solanille ofreció detalles sobre cadáveres enterrados en las proximidades del CCD La Perla, en Córdoba. Además, mencionó haber visto allí al general Luciano Benjamín Menéndez.

En la décima semana del Juicio, los secuestrados en plena dictadura militar, Francisco José Elena, Irma Angélica Casas y María Del Carmen Pérez de Sosa, fueron interrogados y brindaron testimonio de las torturas.

En la jornada de hoy hubo seis nuevos testimonios. Las declaraciones más destacadas fueron las de Olga Cortés de Salamanca, el coronel Guillermo Genta y Ana María Mohaded.

Gustavo Adolfo Contepomi relató el padecimiento de él y su esposa, que estaba embarazada, durante su paso por La Perla. Otras víctimas que pasaron por ese CCD y por La Ribera dieron más detalles del horror vivido en esos lugares.

Juan Carlos Piovano, editor de las fotos del Juicio a las Juntas Militares, se refiere a los jefes militares como “cínicos, asesinos y malparidos”, cuenta lo doloroso que fue escuchar a todos los testigos y víctimas de la dictadura.

Fue protagonista de hechos atroces durante la dictadura militar. En 1987, en plena democracia, participó del alzamiento liderado por Aldo Rico contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

La audiencia de hoy estuvo dedicada a lo ocurrido en el centro clandestino de detención (CCD) La Ribera, en Córdoba.

 

En primer lugar, se analizó el caso los hermanos López Ayllon. “Era el infierno mismo trasladado a mi departamento”, relató la testigo Zulema Ayllon de Croix, al recordar cómo un grupo de militares ingresó a su casa buscando a sus dos sobrinos.

 

En la misma sesión se recibieron declaraciones sobre el asesinato de la docente Amelia Insaurralde. Uno de los testigos, Cayetano Moyano, dijo sobre el campo de La Ribera: “Es inenarrable el horror que hemos pasado allí”.

 

LOS HERMANOS LÓPEZ AYLLON

Zulema Ayllon La Croix, docente jubilada, contó angustiada que sus sobrinos Jorge Gustavo y Alfredo López Ayllon fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. La testigo recordó la frase que le dijeron los militares la segunda vez que entraron a su casa: “Cuiden los que le quedan -en referencia al resto de sus sobrinos- porque les va a pasar lo mismo que a ellos dos”.

 

El sábado 12 de noviembre de 1977, fecha de la desaparición de su sobrino Alfredo, la testigo se había despedido de él en Córdoba capital y pactaron encontrarse al día siguiente en su residencia de campo de Carlos Paz. A las tres de la madrugada, le tocaron el timbre y entraron a su casa alrededor de 15 hombres armados vestidos de civil, que se llevaron una carpeta que era de su sobrino y que contenía nombres que supuestamente, según afirmaron los secuestradores, tenían “prueba suficiente para condenarlo”. Al día siguiente, supo que Alfredo había desaparecido y lo mismo ocurrió después con su hermano Jorge Gustavo.

 

Los familiares iniciaron entonces su búsqueda en toda la provincia. Al principio hubo buena predisposición de los militares, pero al momento de presentar la denuncia de desaparición les “cerraron las puertas”.

 

Luego prestó declaración el oficial del Ejército Ricardo Roca, conocido de la familia Ayllon, quien dijo conocer desde los 15 años a la madre de los desaparecidos, y admitió haberla acompañado a hacer la denuncia por sus hijos, ya que creían que tendría mayor influencia por su condición de militar. No obstante, los esfuerzos por tratar de averiguar el paradero de los dos jóvenes desaparecidos resultaron inútiles.

 

LA AGONÍA DE AMELIA INSAURRALDE

El segundo caso que se trató fue el de la docente Amelia Insaurralde, militante del Partido Comunista torturada y asesinada en el campo de La Ribera. El fotógrafo Cayetano Moyano, quien estuvo detenido en el mismo CCD, declaró haber viajado con ella en el camión que los llevó a La Ribera. Describió el horror que vivió durante tres días en los que fue picaneado y golpeado, y dijo que pudo reconocer a Insaurralde por su voz, a pesar de la venda que llevaban en los ojos.

 

El siguiente testigo fue Juan Carlos More, suboficial de Gendarmería desde hace 17 años y jefe de guardia del Campo de La Ribera. Junto a otros integrantes de la guardia acudieron al cuarto donde estaba Insaurralde. Aseguró que la docente “se encontraba agonizando, con dos pañuelos anudados al cuello, boca arriba sobre la cama”. Según dijo More, de “inmediato” la llevaron al patio para darle los “primeros auxilios”.

 

Para More era “normal” que la mujer tuviera los pañuelos en su poder, ya que estaba resfriada y la orden de los guardias “era cuidarla, darle higiene y alimentación”. A pesar de lo denunciado por las víctimas, More negó haber visto algún prisionero con los ojos vendados.

 

El suboficial se desligó de toda responsabilidad en los crímenes, al manifestar que no tenía conocimiento de la información relacionada a la “subversión” porque era “secreto militar”. Por último, recordó que fue citado a declarar dos veces en la ciudad de Córdoba por el asesinato de Insaurralde, pero dijo desconocer el resultado del proceso.

 

Julio César Pedro, suboficial de Gendarmería, confesó que fue él quien encontró muerta a Insaurralde porque se encargaba de recorrer, cada media hora, el pasillo donde se encontraba la habitación de la detenida. Relató la secuencia de los “primeros auxilios” que le dieron a la víctima y al igual que More, se desligó de toda responsabilidad ya que desconocía si los prisioneros estaban en La Ribera por “delito de homicidio, motivo de lucha o por robo de un cartel”.

 

El doctor Toribio Aguerre declarando ante el tribunal. (Foto: Memoria Abierta).

 

El médico cirujano Toribio Lucio Aguerre aseguró que la autopsia determinó Insaurralde tenía “lesiones que podrían ser de un ahorcamiento de la occisa”, y descartó otras causas de muerte: “No había nada que pudiera llamar la atención, salvo en su cuello, en donde habían tres vueltas de gasa con un nudo”. Aguerre dijo estar convencido de que fue un suicidio, pero aclaró que sufre de un enfisema cerebral profundo que le producen algunas "lagunas mentales" que le hacen perder la memoria.

 

Juan Carlos Lona, teniente coronel y director de la prisión militar de encausados de Córdoba, afirmó que no tuvo ninguna información sobre la muerte de una interna en el Campo de La Ribera. En relación con la salud de los presos, aseguró que existía un pequeño consultorio que era atendido una vez a la semana por un médico del Hospital Militar de Córdoba.

 

Por último, el sargento de Gendarmería Juan Carlos Escudero declaró que no llevaban un control de los presos ya que no tenían libros ni otros registros.

 

DETUVIERON A GUGLIELMINETTI Y A OTROS REPRESORES EN ESPAÑA

Raúl Guglielminetti, alias “Mayor Guastavino”, y otros dos ex represores de la dictadura cívico-militar fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas, España, acusados de secuestro, extorsión y apremios ilegales.

 

Guglielminetti, quien llegó a formar parte de la custodia del presidente Raúl Alfonsín, escapó a España cuando aparecieron denuncias que lo relacionaban con delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. El gobierno argentino solicitará ante los tribunales españoles la extradición de los tres detenidos.

Se trata del teniente retirado Ernesto Facundo Urien. En 1980 fue pasado a retiro, junto con otros 32 jóvenes oficiales, por negarse a participar de la represión ilegal. Ante el Tribunal, reveló la existencia de fosas comunes en un campo militar cordobés.

Se revelaron detalles de un operativo desplegado en 1977 con el fin de desarticular el PCML en todo el país. Los testigos aportaron datos sobre lo sucedido en los CCD La Ribera y La Perla, en Córdoba.