Por Micaela Antelo Lemos @micaela_soledad
Albano Harguindeguy, ministro del Interior durante la dictadura, quien dio testimonio el 14 de mayo pasado en esta misma sala de audiencias, quedó nuevamente comprometido por las declaraciones de un testigo: monseñor Miguel Hesayne, de la ciudad de Viedma, quien declaró sobre la desaparición del joven dirigente de la Juventud Peronista (JP) Eduardo Mario Chironi.
En su relato, Hesayne detalló que Chironi sabía que lo estaban buscando por su actividad política y le había referido que lo querían “chupar”. El sacerdote le recomendó que se entregara ya que “era inocente”. A partir de ese momento, el sacerdote intentó establecer contacto con Chironi en reiteradas ocasiones en el V Cuerpo del Ejército, pero su búsqueda siempre obtuvo respuestas negativas.
“Cuando le recomendé que se presentara ante la autoridades aún creía en la honestidad de los funcionarios“, declaró Miguel Hesayne.
En sus búsqueda del paradero de Chironi, Hesayne se entrevistó con altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre otros, con el ministro del Interior Albano Harguindeguy durante su visita a Viedma en 1977. En esa reunión, Harguindeguy habría justificado la tortura de aquellas personas que pudieran participar de “actividades subversivas”.
La declaración del clérigo culminó con la lectura de una carta enviada a Haguindeguy en abril de 1977 y la denuncia de Hesayne a las Fuerzas Armadas por “haber suplantado la moral cristiana por la Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Los militares sabían que violaban derechos humanos
La audiencia continuó con la declaración de Tom Farer, representante estadounidense de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que visitó el país en septiembre de 1979. Según Farer, las autoridades “conocían la situación de violación de los derechos humanos” y explicó al Tribunal que, mediante las “miles de denuncias” que se recibieron, se pudieron localizar los centros clandestinos de detención (CCD).
“Existieron centros pertenecientes a las tres armas de los que se conocían las ubicaciones exactas“, manifestó el representante de la OEA, Tom Farer. (Foto: H.I.J.O.S. Mar del Palta)
Durante su testimonio, Farer hizo referencia a “falsos enfrentamientos” y a una “cadena de secuestro – centro de tortura – desaparición” como mecanismo de represión del gobierno militar. El ex representante de la CIDH afirmó asimismo que el traslado ilegal de los detenidos de un punto a otro del país y la existencia de “inhumaciones de N.N. durante la noche por miembros de las fuerzas” no podían ser un secreto para los altos mandos.
También incriminó a los ministros Albano Harguindeguy (Interior) y Carlos Pastor (Relaciones Exteriores) con los cuales mantuvo entrevistas. “Me informaban que los desaparecidos habían abandonado el país y sostenían que las cifras habían sido abultadas por la izquierda marxista para quitarle respaldo al gobierno”, afirmó Farer.
La Masacre de Palomitas
Los testimonios de Elena Mateo de Turk, Julio Raimundo Arroyo y el escritor Héctor Tizón formaron parte del esclarecimiento de los sucesos ocurridos en Salta el 6 de julio de 1976, conocidos como la Masacre de Palomitas. Las nuevas versiones se suman a las presentadas en la sesión de ayer sobre los asesinatos de once personas en un paraje del sur de esa provincia. El hecho -que los militares justificaron como consecuencia de un intento de fuga- fue en realidad un traslado forzoso y fusilamiento de 11 presos sacados del penal Villa Las Rosas en Salta.
“Usted es una mujer joven, así que vaya organizando otra vida porque a su marido no lo va a ver más”, fueron las palabras que el jefe de guarnición militar de Jujuy, Néstor Bulacios, le transmitió a Elena Mateo de Turk cuando comenzó a indagar por el destino de su esposo, el abogado Jorge Turk Llapur. Luego de recorrer las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, el general José María Bernal Soto le entregó una constancia de defunción “en tramite” de su marido. También brindó testimonio el escritor Héctor Tizón, amigo del desaparecido.
Masiva marcha contra la amnistía
Por lo menos 100 agrupaciones se manifestaron hoy en Plaza de Mayo para rechazar una posible amnistía que el gobierno de Raúl Alfonsín podría poner en marcha para los acusados de crímenes de lesa humanidad. Las banderas de los manifestantes reclamaron justicia por los 30 mil desaparecidos y pidieron evitar la “impunidad de los genocidas“.
Agrupaciones de derechos humanos, gremiales y estudiantiles reclamaron justicia.
Se realizaron fuertes críticas a la administración radical por su política de derechos humanos y se escucharon cánticos como: “Alfonsín, te queda poca vida, unite al pueblo o con los asesinos“. Daniel Butti, represente de la Federación de Estudiantes Secundarios, manifestó que “no descansaremos hasta ver encarcelado al último torturador“.
