Por J. Tiutiunnyk, M. Cabral , M. Callebaut y B. Gregotti
En marzo, la Unión Europea y las Naciones Unidas lanzaron la iniciativa “Spotlight”, con la intención de ayudar a combatir los femicidios en todo el mundo. En el acto inaugural en nuestro país hubo autoridades provinciales y de organizaciones de la sociedad civil. Gladis Villalba también fue parte de la presentación en Nueva York: sus 20 años de trabajo y dedicación como directora ejecutiva de la ONG Razonar la llevaron a ser elegida como la única representante latinoamericana para exponer ante la ONU en Estados Unidos.
“Eso me hizo sentir orgullosa de nuestro país, porque en materia de violencia de género y femicidios tenemos leyes avanzadas y las mejores de la región”, dice ahora, de vuelta en Buenos Aires. Razonar fue fundada en el partido bonaerense de Moreno hace 20 años. Desde el primer día, la organización lucha por los derechos humanos de mujeres y niños. Abogadas, psicólogas, psicopedagogas y veinte profesionales más trabajan como voluntarias y la ONG no cuenta con ningún tipo de subsidio.
Una situación posible: una mujer es golpeada por su marido y necesita irse de la casa que comparten para resguardar su integridad física y psicológica. Entonces se le entrega ese dinero, para el alquiler de una pieza o un lugar donde mudarse provisoriamente. También existen convenios con empresas de transporte de larga distancia, que les entregan boletos a la víctimas, siempre que tengan familiares en el interior del país, para ponerlas a resguardo en ese lugar.
En los últimos años, Argentina mejoró sus herramientas jurídicas para combatir los femicidios y la violencia de género. Esto fue gracias a la lucha diaria de distintos colectivos de mujeres y organizaciones. Sin embargo, aunque desde el Estado nacional y las provincias haya iniciativas con programas de ayuda a las víctimas, esa asistencia no siempre llega a los municipios; algunos no utilizan siquiera los pocos recursos otorgados.
Otros municipios, como Merlo, no adhieren al convenio de ayuda a las víctimas. Entonces las mujeres que viven en esos sitios están en desigualdad de condiciones. El problema es que la burocracia del sistema atenta contra las víctimas. El dinero en primera instancia lo entrega la intendencia e inmediatamente debe justificarlo ante la provincia, informando a quién y por qué se lo otorga.
“La gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene dinero destinado para las víctimas, son 7.200 pesos. Me pueden decir ‘es muy poco’, pero para esa mujer es todo”, explica Villalba. “Eliminar el femicidio es responsabilidad de los Estados, tienen que depositar más recursos económicos y profesionales”, dice.
Este año, el gobierno envió al Congreso un proyecto, impulsado por el todavía presidente Mauricio Macri, para modificar el Código Penal y lograr que se investigue la violencia de género sin que sea necesaria la denuncia de la víctima. “Las herramientas disponibles en materia de seguridad destinadas a proteger a la mujer han demostrado de manera dramática ser insuficientes hasta hoy”, escribió Macri en las redes sociales sobre el proyecto. “Por eso proponemos acciones concretas orientadas a incrementar la protección de las víctimas y posibles víctimas de violencia de género, para que ellas, sus familiares y amigos, cuenten con herramientas legales poderosas para defenderse de sus agresores de manera contundente”.
Según el relevamiento del observatorio Ahora que sí nos ven, hasta octubre de 2019 hubo 235 femicidios. En 2018, se registraron 259. Raquel Vivanco, presidenta del observatorio, escribió en su cuenta de Twitter: “El gobierno de Mauricio Macri concluye su mandato con más de 1.198 femicidios en su haber”.
