Por Agustina Páez de la Torre
Desde que el 1° de julio entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres, empezaron a evidenciarse comportamientos preocupantes en el mercado locatario de la Ciudad de Buenos Aires. Según el último revelamiento de la plataforma de inmuebles Zonaprop, los alquileres aumentaron un promedio de 19,2 por ciento durante los tres meses posteriores a la sanción. De esta forma, los precios acumulan una suba del 37,6 por ciento en lo que va del año, el doble que una inflación anual que hasta el momento es del 18,9 por ciento.
Los aumentos responden principalmente a una disminución en la oferta de propiedades en alquiler bajo contrato tradicional, ya que varios dueños se volcaron a la venta debido a la magra rentabilidad o a los alquileres temporarios. “Es producto de la ley: se genera mucha incertidumbre al aplicar un índice de ajuste de precios de acá a un año, tanto para el propietario como para el inquilino”, expresa Alejandro Juan Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
De acuerdo a los indicadores de alquileres en la Ciudad que realiza Soledad Balayan, de Maure inmobiliaria, el número de inmuebles ofertados en agosto cayó un 24 por ciento interanual en el portal Argenprop y un 14 en el sitio Zonaprop. En cuanto a los precios, según los datos relevados por Zonaprop, alquilar un departamento de dos ambientes en agosto costó en promedio 26.137 pesos.
Respecto a las razones de estos comportamientos, José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, considera que la nueva ley aumenta el riesgo para los propietarios. Así entiende medidas como la extensión de los contratos a 36 meses, la indexación anual de la tarifa en base a un índice de aumento indeterminado -que se calculará del promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento de salarios-, las garantías en función de dos selecciones que hace el inquilino y la obligación de informar los contratos ante la AFIP.
En consecuencia, Rozados expresa que el inquilino se ve afectado en forma indirecta a partir de la disminución de oferta y por “aumentos de antemano ante la incertidumbre del índice y el riesgo percibido por el propietario”. A su vez, Bennazar cataloga como “un problema” el aumento de la oferta de alquileres temporarios: “Eso sigue perjudicando al inquilino porque desabastece el mercado de locaciones habitacionales”, afirma. En el mismo sentido, Florencia Presta, integrante de Inquilinos Agrupados, argumenta que este tipo de alquileres se usa de manera ilegal ya que en realidad “son alquileres de vivienda encubiertos como temporarios que ponen, por supuesto, condiciones abusivas”.
Por otro lado, los inquilinos enfrentan, en varias ocasiones, incumplimientos en los contratos. “Uno de los reclamos más frecuentes es que en muchos casos se ofrecen dos alternativas, un precio con ley y un precio sin ley, algo totalmente ilegal”, declara Presta, para quien esta situación obliga al locatario, de alguna manera, a aceptar condiciones ilegales para poder alquilar. Además, agrega que sigue habiendo mucho incumplimiento del registro de los contratos en la AFIP y, por ende, no hay entrega de facturas. Sin embargo, la aplicación del inquilino en la AFIP no fue reglamentada todavía, por lo que su uso aún no está instrumentado.
