Por S. Montanari, M. Fernández Alric y A. Fuentes
Las organizaciones no gubernamentales que forman parte de la Red Argentina para el Desarme vienen reclamando desde hace años que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) designe personal idóneo para optimizar los controles de habilitación de los usuarios legales de armas de fuego. El nuevo titular de la ANMAC, Ramiro Urristi, le dijo a Diario Publicable que se está trabajando para jerarquizar la planta permanente y mejorar los exámenes psicofísicos, un aspecto central de las habilitaciones.
En los últimos cuatro años, el 74 por ciento de los civiles armados registrados legalmente no renovó sus licencias y tiene en su poder más de 1,6 millones de armas que ya no son legales. Se suman a una cifra similar de armas de todo calibre que nunca fueron legales. “Tener un arma es tener un problema: entregar un arma es desarmar un problema”, ese es el lema de las organizaciones que luchan por el desarme de la población civil. Una de las referentes es Lucía Marcenac, integrante junto con su familia de la Asociación Civil Alfredo Marcenac, que lleva el nombre de su hermano, asesinado en julio de 2006 por Martín Ríos, conocido como “El tirador de Belgrano”.
La asociación civil, que integra la Red Argentina para el Desarme, le viene exigiendo a la ANMAC “la necesidad de potenciar el plan voluntario de entrega de armas, que es también una herramienta importante para la concientización” de la sociedad. Marcenac le dijo a Publicable que deben ser “más exigentes los requisitos, fundamentalmente los exámenes psicológicos”, para el acceso a la certificación de libre usuario.
Lo que se pide es “un control más exhaustivo de los profesionales que hacen la evaluación psicofísica“, además de que “existan datos precisos, actualizados y disponibles para las instituciones de la sociedad civil que trabajan el tema“. Esto se suma al reclamo por “la implementación efectiva del consejo consultivo, que sigue siendo postergado”, y que ese consejo esté integrado por todas las partes relacionadas con la temática.
Como familiar de una víctima del uso de armas, señaló que en la investigación del crimen de su hermano “se confirmó que una empleada le otorgó al asesino Ríos la condición de legítimo usuario sin auditar los requisitos mínimos”. Esa empleada no era personal de carrera de la ANMAC, sino alguien incorporada por contrato sin la experiencia necesaria. Así descubrieron que “el 85 por ciento de los recursos humanos de la ANMAC” eran contratados y no agentes de planta permanente del Estado, a quienes se puede responsabilizar por no hacer cumplir los requisitos básicos para las habilitaciones.
La ley de creación de la Agencia, de 2015, establece en el artículo 21 la obligatoriedad de pasar a planta permanente a los agentes contratados bajo regímenes de empleo privado. Por esta razón, el nuevo director ejecutivo de ANMAC, Ramiro Urristi, dijo que tuvo “una reunión con varios órganos de Jefatura de Gabinete para ver si se puede avanzar con la normalización de la dotación de personal de la agencia para pasarlos a la planta del Estado”. Esto deja en claro el escaso control estatal sobre la tenencia de armas, tanto legales como ilegales.
Urristi es director ejecutivo de la Agencia desde el 24 de abril de este año. Aclaró que en cuarentena se está trabajando “con el 15 por ciento del personal, porque la mayoría es gente grande”. El funcionario escuchó los reclamos de las organizaciones que integran la Red Argentina para el Desarme. Una de sus primeras medidas fue modificar el sistema de la emisión de los certificados psicofísicos, aplicables a las tramitaciones a cargo del organismo. También lanzó un nuevo sistema de autogestión de turnos online con el objetivo de evitar aglomeraciones, demoras y cumplir los protocolos sanitarios.
Para el examen psicofísico, la gestión anterior había establecido un sistema con una sociedad anónima comercial como único prestador habilitado. El problema era que había sólo cuatro lugares donde se podía realizar los trámites, en otras tantas provincias y para todo el país. En muchos casos los usuarios debían recorrer 400 kilómetros o más para legalizar sus armas. Además, las tasas a pagar por las habilitaciones pasaron de 700 pesos a 3.500 en 2016. “El valor del examen aumentó un 600 por ciento y alrededor de 300 mil usurarios desistieron de renovar los registros de portación desde 2016 hasta abril de este año”, cuenta.
EL NUEVO PROTOCOLO
Para este año se planificó, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, un protocolo para mejorar las condiciones del proceso. El director del organismo explicó que no siguen “test o recomendaciones de ninguna escuela en particular, sino el que elija el profesional” que de ahora en más se ocupe de los exámenes psicofísicos. “El fin es constatar la respuesta de una persona bajo estrés, violencia, enfermedades pre existentes, etcétera”, contó, y luego detalló: “Se hace una entrevista dirigida en la que se va creando el perfil de la persona para ver qué grado de ubicación tiene sobre ciertos principios en la sociedad. Es bastante exhaustivo y no dura menos de una hora”. Por otro lado, “la parte física consiste en corroborar si puede sostener un arma y manipularla de manera segura, seguido de análisis de vista y oído, porque todos los sentidos tienen que estar acordes para portar un arma de fuego “, finalizó Urristi.
La ANMAC ideó ahora un sistema en el cual no intervienen los privados de forma monopólica. Para eso incorporó a médicos clínicos, psicólogos y psiquiatras matriculados que quieran brindar sus servicios. En menos de veinte días “ya se inscribieron más de 1.800 profesionales y se han hecho más de cinco mil certificaciones nuevas”, adelantó el funcionario. Sólo se cobran los honorarios que los especialistas pacten.
Sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo, señaló que antes “no fue muy eficiente porque era una mesa multisectorial con mucha gente con diversas opiniones, y era difícil concretar”. Dijo que en las actuales circunstancias, debido a la reducción de personal por la pandemia, sólo se están tratando los temas más urgentes, pero “en los próximos meses lo vamos a trabajar y vamos a poner en funcionamiento el Consejo Consultivo”.
ARMAS, ENTREGAS VOLUNTARIAS
En la Argentina está vigente el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones desde 2007, cuyo objetivo es “reducir el circulante de armas en la sociedad mediante la entrega anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico”. Hasta 2018, 185 mil armas fueron destruidas.
Las organizaciones reunidas en la Red estiman que en el país hay cerca de cuatro millones de armas, entre legales y ilegales. Hay 1.618.877 armas registradas en manos de 1.016.843 usuarios legales. En los últimos cuatro años, el 74 por ciento de los inscritos en la ANMAC no han renovado sus licencias. Un total de 100 mil son armas en manos de civiles. Cerca de la mitad de los registrados en la ANMAC tienen más de un arma en su poder.
