Por Luciano Aprile y Agustín Puszczyk
Por la Masacre de Monte se abrieron tres causas, más allá de otras vinculadas con presuntos hechos de corrupción, atribuidos a algunos de los 24 imputados en los hechos centrales. Además de los 24 que van a juicio oral, una de las causas paralelas apunta hacia la entonces intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, quien hoy se desempeña como directora titular de la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), conocida como Trenes Argentinos.
La tercera causa relacionada en forma directa con la masacre está en la Justicia Federal, por una denuncia de “espionaje ilegal” contra los familiares, amigos y vecinos de las víctimas. En la causa que involucra a Mayol, también es investigado el oficial de Bomberos de San Miguel del Monte Nelson Barrios.
La carrera política de Mayol, como la de tantos dirigentes argentinos, ha tenido vaivenes y cambios permanentes. A la manera de “comodín”, pasó por las filas de las fuerzas políticas de mayor predicamento. Desde 1995 hasta 2005 fue parte de la Asesoría Letrada de la Municipalidad, luego llegó al Concejo Deliberante como miembro del bloque Frente para la Victoria.
En 2007 pasó a las filas del PRO, para candidatearse, sin éxito, como jefa comunal en 2011. El mandato se le dio en 2015, pero desde Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), el espacio político que juntó a Sergio Massa con José Manuel de la Sota. Cuando se acercaba el final del mandato, la Masacre de San Miguel del Monte la dejó mal parada.
Durante la jornada del 20 de mayo, la ex intendenta acompañó la versión policial del supuesto accidente, argumentada por la policía y por su secretario de Seguridad, Claudio Martínez.
Después de lo ocurrido se generaron sospechas de que acompañó de alguna manera el encubrimiento inicial, que rápidamente quedó al desnudo.
Esto generó fuertes críticas de los familiares de las víctimas, lo que hizo que a la hora de candidatearse para la reelección, perdiera un 20 por ciento de su caudal de votos: pasó de haber ganado con el 49,7 por ciento a perder sin superar el piso de 30 por ciento.
Gladys Ruiz Díaz, madre de Danilo Sansone, aseguró a Diario Publicable: “Por parte del gobierno municipal se cometieron muchas irregularidades, mentiras tras mentiras de Sandra Mayol. Demostró que el puesto político es más importante que la vida de un hijo, dejó mucho que desear, me mintió (el primer día), dijo que no hubo tiros y que fue un accidente. Tiene mucha responsabilidad política, al igual que todos los que estaban en ese momento a cargo de la Municipalidad.”
Por su parte, Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, señaló: “Los funcionarios municipales y la intendenta de ese momento lo único que siempre dijeron es que no sabían lo que pasaba en Monte con la policía. Sandra Mayol es una de las responsables políticas de la muerte de mi hija y sus amigos. Nunca me creí la historia de que ‘no sabía’ y voy a seguir insistiendo en que, si hubiesen hecho las cosas como corresponde, la masacre se hubiese evitado.”
Lisandro Damonte, el fiscal de Cañuelas que estuvo a cargo de la causa por la masacre, fue quien solicitó que se investigue paralelamente a la intendenta de entonces por incumplimiento de los deberes como funcionario público. La causa fue impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuyos abogados representan como querellantes, en la causa principal, a las familias de Camila López y Danilo Sansone.
Por otra parte, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Cañuelas inició acciones legales contra Nelson Julián Barrios, oficial de Bomberos Voluntarios de Monte, que fue inmediatamente desafectado de la institución. Se cuestiona la actuación de Barrios cuando le tocó intervenir tras el choque del auto en el que iban los chicos y que los policías intentaron hacer pasar como un accidente.
Respecto de Mayol, se argumentó que sin el conocimiento e incluso la aprobación de la intendenta hubiese sido imposible el encubrimiento. En una carta abierta del 26 de septiembre de 2019, dirigida a Sergio Massa, los padres de las víctimas expresaron su rechazo a la intención de Mayol de ser reelecta como intendenta: “Su candidata reprodujo y avaló el discurso policial durante los primeros días después de la masacre” y ahora “se dio lugar a una causa penal para investigarla. Le recordamos también que ella es la intendenta y que nos consta su postura para encubrir y garantizar la impunidad a los autores.” Aseguraron que “el encubrimiento no hubiera sido posible si ella hubiera ejercido su rol de manera apropiada en lugar de instalar y defender la función de los asesinos”.
