Por Joaquín Montesino Matte y Valerio Van Nieuwenhove
“La gente se acercaba a la comisaría a explicar que había escuchado disparos, pero sus testimonios eran cambiados y les decían que se había tratado de fuegos artificiales”, explica a Diario Publicable Dorina Bernárdez, vecina de San Miguel del Monte y abogada querellante en la causa principal, sobre cómo se trató de esconder una masacre sin precedentes en este pueblo de 20 mil habitantes.
Lo ocurrido el 20 de mayo de 2019 cambió por completo la vida de un pueblo apacible como su laguna. Ahora, para prevenir violencias institucionales, de género o de cualquier tipo, se apresta a ser la primera localidad en tener una Casa de Derechos Humanos, por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla.
Camila Valentina López vive en Monte y es estudiante de Derecho. Su primer nombre y su apellido coinciden con los de una de las víctimas. De aquel 20 de mayo recuerda que se despertó “impactada, como todos en Monte”, por la edad y por el número de las víctimas.
“Al principio se presentó todo como un accidente, pero con el correr de las horas, la historia fue cambiando”, dice la abogada Bernárdez. En las calles, varios vecinos “empezaron a comentar que habían escuchado muchos disparos”, lo que contrastaba con la información oficial difundida desde la comisaría local y desde el Municipio. “Después se supo que los vecinos iban a la comisaría y sus testimonios eran cambiados”, resume.
“Nadie sabe por qué pasó lo que pasó, nadie sabe por qué los perseguían”, asegura Camila. En el pueblo, era habitual que los jóvenes se juntaran en las plazas y pasearan por la Avenida Costanera. Las hipótesis son muchas, pero Dorina Bernárdez señala que “todo apunta” a que los jóvenes, durante la recorrida que hicieron esa madrugada, “vieron algo” que podría estar relacionado con policías y drogas. De hecho, uno de los imputados era señalado, desde antes de la masacre, como alguien vinculado con la comercialización de drogas.
Bernárdez considera que “en Monte se daban las condiciones propicias para que esto pasara, porque en la causa muchas personas declararon que le habían avisado a la intendente (Sandra Mayol) cuestiones de violaciones de derechos humanos realizadas por la policía en diferentes circunstancias”.
La abogada precisa que, días antes de la tragedia, “la policía había parado en un control vehicular a Aníbal Suarez”, el joven de 22 años que conducía el Fiat 147 perseguido y tiroteado por los policías. “Como su vehículo había sido adquirido recientemente, no contaba con los papeles, por lo que la policía optó por pedirle dinero a cambio de continuar circulando”, recuerda.
Frente a la actitud policial de tergiversar los hechos, los vecinos se organizaron para reclamar justicia para las familias afectadas. “No era un hecho aislado, siempre se pensó a la policía como corrupta y no se puede permitir que algo así se repita”, analiza Camila.
Rodrigo Macías, uno de los testigos, se negó a firmar una declaración en la comisaría y decidió acercarse a la Ayudantía Fiscal para declarar que había escuchado disparos. Su testimonio desató una reacción en cadena que llevó a los vecinos de la zona donde ocurrió el hecho a ratificar lo que había dicho el primer testigo en la Ayudantía. Otro vecino llevó como prueba cuatro vainas servidas halladas en el lugar del hecho y declaró que había escuchado al menos nueve disparos.
“Desde ese momento la policía pasó a un segundo plano, perdieron el respeto de todo el pueblo cuando se supo lo que realmente sucedió”, recalca Camila. A partir de ese momento, semana tras semana, se realizaron marchas en reclamo de justicia en la plaza que está frente a la Municipalidad.
Dorina Bernárdez señala que la masacre significó “un antes y un después en la vida de los familiares”, porque “su vida ha sido dañada de forma irreparable y están abocados a la búsqueda de justicia, han adquirido lenguaje jurídico, realizan y asisten a marchas, a radios y ven como un final el día en el que caiga una sentencia”.
A su vez, la abogada afirma que “no se estaban realizando políticas serias en materia de seguridad” y la ausencia de control a la policía “era un tema conocido” dentro de la comunidad.
La Casa de Derechos Humanos
Maximiliano Gil Castellano es amigo de las familias de las víctimas e integrante de La 20 de Mayo, una organización vecinal que nació luego de la masacre para reclamar justicia. Ahora también se sumó a la futura Casa de Derechos Humanos de San Miguel del Monte, la primera que se va a conformar en el país.
El joven explica que luego de las grandes movilizaciones de 2019, la pandemia frenó un poco las actividades en Monte. Considera que hay que reactivar las actividades comunitarias, a pesar de que “las persecuciones y amenazas mermaron en el último año y medio, porque mermaron las manifestaciones”. Recalca, de todos modos, que “los blancos de las políticas neoliberales” vigentes en 2019 intensificaron “la represión y la persecución a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de los sectores más vulnerables”.
Gil Castellano sostiene que en Monte “nunca hubo una política de contención a los jóvenes y, mucho menos, a las mujeres jóvenes”. Eso se advierte “no sólo en las cuestiones laborales sino también en los talleres culturales y en el esparcimiento para los más jóvenes”.
En ese contexto, “los más amigos de Gonzalo y de Danilo, que rapeaban, andaban en skate y se juntaban en las plazas, siempre han sido los más ‘disciplinados’” por el accionar de la policía. A la vez, para cierta parte de la población, “esos son los chicos mal vistos, los descarriados, los que no tienen futuro”.
Recordó que en septiembre de 2020, personal policial del GAD (Grupos de Apoyo Departamentales), uno de los cuerpos de infantería de la Policía Bonaerense, un domingo realizó un operativo en la Avenida de los Pescadores. Ese día, “a unos chicos y chicas de entre 13 y 16 años, les abrieron los bolsos, los patearon, los agredieron verbalmente y eso contó con el apoyo de una parte de la población porque veníamos de varias semanas de chicos en moto haciendo quilombo en las noches”.
El operativo “fue avalado por el actual intendente”, José Castro, de Juntos por el Cambio. Gil Castellano aseguró que “al margen de ese operativo, el verdugueo y la violencia es constante”: “Nos enteramos de casos que, de forma directa o indirecta, son avalados por el poder político”. Gil Castellano señala también el incremento en Monte, como en todo el país en pandemia, de los casos de violencia de género y “la falta de control policial para hacer respetar las perimetrales”. Y suma que, a fines de marzo de 2021, un joven de 20 años fue hallado muerto en la vía pública “con cuatro disparos en la cabeza” pero que el caso no tuvo gran repercusión “por los supuestos antecedentes del joven”.
Sobre la primera Casa de Derechos Humanos, señala que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, “aportará los fondos para alquilar un espacio físico” y la responsable a nivel local será Mirtha Piñón, esposa del ex intendente de Monte Raúl Basualdo. En la Casa habrá integrantes del colectivo feminista Vivas, integrantes de La 20 de Mayo, familiares de las víctimas de la masacre y gente sin filiación política partidaria. “Lo que pedimos es tener autonomía político-partidaria para trabajar en la prevención, concientización, trabajo en las escuelas, en los barrios, en el territorio; trabajar con Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y también para poder organizar talleres culturales para chicos, chicas y chiques”.
