Por Luciana Garciandía, Bianca Luchetta, Tomás Graham y Rocío Correa
En la mañana del 10 septiembre de 1990 se encontró un cuerpo al costado de la ruta provincial 38, en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca, cerca de Parque Daza. Estaba semidesnudo, tenía el rostro desfigurado, la mandíbula rota y el cráneo aplastado. Le faltaba un ojo, parte del cuero cabelludo y le habían cortado las orejas.
El cuerpo fue identificado como el de María Soledad Morales, una adolescente de 17 años que cursaba el último año del ciclo secundario en el Colegio del Carmen y San José, en la capital de la provincia, donde vivía. Había sido vista con vida por última vez el viernes 7 de septiembre en el boliche Le Feu Rouge, en un baile organizado por ella y sus compañeros para recaudar fondos para el viaje de egresados.
Soledad había asistido a la fiesta con sus amigas. Aproximadamente a las tres de la mañana, quiso volver a su casa y decidió esperar el colectivo. Sin embargo, pasó a buscarla con su auto Luis “El Flaco” Tula, un hombre 12 años mayor que ella, de quien -según narraron después sus amigas- estaba enamorada.
Juntos fueron a otro boliche, Clivus. Allí se encontraban Guillermo Luque (hijo del entonces diputado Ángel Luque), Miguel Ángel Ferreyra (hijo del jefe de la policía provincial), Juan y Diego Jalil (sobrinos del intendente de San Fernando, José Jalil): los responsables de su muerte, los asesinos. Le suministraron cantidades significativas de cocaína y alcohol para vencer su resistencia y poder llevársela del boliche. Esa fue la última vez que María Soledad fue vista con vida.
Cuando a sus padres, Ada y Elías Morales, les mostraron el cuerpo sólo pudieron reconocerla gracias a una vieja cicatriz que tenía en una de sus muñecas. Los médicos forenses encontraron varias quemaduras de cigarrillos en su cuerpo, signos de que había sido violada y posteriormente comprobaron que su fallecimiento se debió a un paro cardíaco provocado por una sobredosis de cocaína.
Cuatro días después del hallazgo, se realizó la primera Marcha del Silencio, encabezada por Martha Pelloni, la monja que dirigía el colegio al que asistía María Soledad, sus compañeras y sus padres. Miles de manifestantes se reunieron en forma pacífica a favor del esclarecimiento de la muerte de la joven y la sanción de los asesinos. Las protestas simbolizaron el nacimiento de un nuevo tipo de movilización social.
Todos los jueves los jóvenes encabezaban cada marcha, con velas en las manos. Nadie hablaba, se reclamaba en silencio, un conmovedor silencio que aturdía y desafiaba al gobierno de la provincia, encabezado por Ramón Saadi que, junto con su familia, mandaban en Catamarca desde 1940. “Durante un tiempo largo tuvimos que andar acompañadas, algunas más que otras porque nos seguían, vigilaban por ejemplo mi casa, pero bueno…había que seguir, la muerte de Sole no podía ser en vano, ni tampoco podía quedar en la nada”, declaró Patricia de la Colina, compañera de María Soledad.
Desde el primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas por familiares de los asesinos con el fin de encubrirlos. Cuando encontraron el cuerpo, Miguel Ángel Ferreyra, jefe de la Policía de la provincia y padre de uno de los acusados, ordenó lavar el cuerpo para borrar las evidencias de los autores del crimen que en él habían quedado.
Los rumores que comenzaron a circular por la ciudad apuntaban a que los responsables eran parientes de funcionarios, por lo cual los medios los pusieron en la mira. Los señalados intentaron desviar la investigación, entorpecerla, hasta que salió a la luz que la policía y los jueces encubrían a los sospechosos. Los repercusión que los medios de comunicación nacionales le dieron al caso derivó, finalmente, en la intervención federal de Catamarca ordenada por el entonces presidente Carlos Menem, el 17 de abril de 1990. El subcomisario de la policía bonaerense Luis Patti fue enviado para poner en orden la situación. Pero sus diferencias con el juez a cargo de la causa no tardaron en surgir.
“La provincia de Catamarca era un feudo, tan feudo era, que a Menem no le quedó más remedio que intervenir la provincia. Porque ya estaba todo tan claro, la complicidad de la policía y del gobernador en todo lo que había pasado, que mandó a intervenir la provincia”, comentó Fanny Mandelbaum, periodista que cubrió el caso.
El funcionamiento del poder y del sistema político catamarqueño quedó expresado por el entonces diputado nacional Ángel Luque, amigo del presidente Menem y padre de Guillermo, cuando, para defender a su hijo, expresó: “Si mi hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no hubiera aparecido, tengo todo el poder para eso”. Luque padre terminó expulsado de su banca en el Congreso.
Todo el país, con Catamarca
Con la intervención federal, la investigación del crimen de María Soledad avanzó con tropiezos y cuestionamientos. El primer juicio oral comenzó el 26 de febrero de 1996. Todo el proceso fue una farsa y terminó en otro escándalo. El tribunal estaba constituido por los jueces Juan Carlos Sampayo, María Alejandra Azar y Alejandro Ortiz Iramain.
Quienes siguieron los debates transmitidos por los canales de televisión pudieron notar las señales de cierto entendimiento entre los abogados defensores de los acusados y los magistrados. El tribunal terminó renunciado por presunta parcialidad.
El segundo juicio comenzó el 14 de agosto de 1997 y contó con un tribunal formado por los jueces Santiago Olmedo, Jorge Álvarez Morales y Rubén Edgardo Álvarez. La fiscalía pidió que Guillermo Luque y Luis Tula fueran juzgados por homicidio simple y que se ampliara la acusación contra los imputados por violación seguida de muerte agravada por el uso de drogas.
Declararon aproximadamente más de trescientos testigos, pero sólo setenta y dos fueron tenidos en cuenta para la prueba. Sus declaraciones fueron muy contradictorias debido a las amenazas que recibían constantemente por parte de los familiares de los acusados. “Tuvimos que esconder a uno de los testigos, porque los Luque le habían dicho que iban a matar a la madre y el chico se había escondido para no tener que declarar. Era el chico que trabajaba en la casa de los Luque, que había limpiado el auto donde habían llevado el cadáver de María Soledad”, contó Mandelbaum.
Finalmente, el viernes 27 de febrero de 1998, el tribunal condenó a Guillermo Luque a 21 años de cárcel como coautor de violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes, y a Luis Tula a 9 años de prisión, como partícipe secundario. La Justicia nunca avanzó contra otros acusados ni contra los presuntos encubridores de la violación y el asesinato.
A principios de 2010, Luque accedió al beneficio de las salidas transitorias para poder trabajar y, actualmente, se dedica a negocios inmobiliarios con tierras de su familia. Tula cumplió cinco años de condena y salió en 2003 por buena conducta. Se recibió de abogado en la cárcel y actualmente tiene un estudio propio.
Un caso que cambió la historia judicial y política
El asesinato de María Soledad Morales provocó la caída del gobernador Ramón Saadi y reveló una trama de intereses políticos vinculados con las familias poderosas de una provincia semi feudal. Mostró, como nunca se hizo, la impunidad que garantiza el poder.
La élite política de Catamarca se enfrentó a nuevas formas de comprensión del papel de la mujer, y especialmente el de la mujer joven y pobre. Las marchas perseguían la instalación de nuevos patrones de control político basado en un sistema abierto, con protección de los derechos civiles y del Estado de derecho. La figura de María Soledad surgió como la de una adolescente que debería haber sido protegida por la ley en vida y tratada con respeto después de su muerte, tal como la recuerda su amiga Patricia:
“Sole era una chica sencilla, risueña, soñadora, transparente, amorosa… era única”.
