Por D. Giulietti, A. Schenone, M. de los A. Alí y M. Fernández
A pesar de la pandemia del Coronavirus y el aislamiento preventivo por varios meses obligatorio, durante 2020 la deforestación no cesó en el norte del país: se perdieron 114.716 hectáreas de bosques nativos, por lo que que la Argentina continúa siendo uno de los diez países que más arrasó sus suelos en las últimas tres décadas.
Según los datos del reporte anual realizado por Greenpeace, el año pasado el desmonte alcanzó cifras que preocupan y pueden interpretarse como advertencia sobre los límites del planeta. Las cifras totales se concentran, en mayor medida, en Santiago del Estero (32.776 hectáreas), Jujuy (30.071), Salta (20.962), Formosa (17.779) y Chaco (13.128).
Esta situación impacta a los especialistas ya que, cuando se comparan los datos obtenidos durante los dos años anteriores, la cantidad de hectáreas perdidas en esas provincias fue bastante similar, lo que demuestra que el desmonte es sostenido. En 2018 se habían perdido en total 113.671 hectáreas y en 2019 82.838.
El principal responsable del deterioro de los suelos es el ser humano y las múltiples actividades ligadas a sus intereses: la expansión y diversificación agropecuaria, principalmente por la agricultura y la ganadería, los incendios forestales, la sobreexplotación de recursos naturales, el desarrollo de la infraestructura, el sobrepastoreo y la falta de legislación, regulación y control son algunas de ellas.
“Los desmontes no fueron considerados como una actividad importante durante la pandemia. Por lo tanto, mientras la mayoría de la gente estaba encerrada en su casa, la deforestación siguió cuando nadie la veía. Se avanzó sobre áreas supuestamente protegidas por la Ley de Bosques, y por eso las cifras crecieron”, explicó Federico Pellegrino, Coordinador del Departamento de Investigación y Política para la Sostenibilidad de la organización Eco House Global.
Para el activista ambiental, existen dos tipos de agenda: una pública y una política: “Por un lado, está la de la sociedad. Es aquella de interés para las personas que viven y sufren estas pérdidas y quienes las ven de lejos pero con ojos preocupados. Por el otro, está la agenda política, en la que, generalmente, hay empresas que mueven mucho dinero concentrado en pocas manos y tienen una influencia mayor en la toma de decisiones”. Pellegrino agregó que cuando se quiere avanzar a favor de una legislación que proteja al medioambiente, son dichas industrias las que se suelen oponerse y mostrar resistencia para que los proyectos que buscan protección prosperen.
Aunque existe la legislación N° 26.331, que tiene como objetivo la protección de esas áreas, es evidente que resulta ineficaz o, por lo menos, no se tiene en consideración a gran escala. En este sentido, Luciana Mercado, licenciada en Gestión Ambiental, planteó el problema de la falta de regulación y control por parte del Estado en la región donde la deforestación avanza: “La gestión de los bosques y la mitigación contra el cambio climático son cuestiones de política, poder y gobernanza. Se debe tener un mayor compromiso para que la implementación de esta ley sea efectiva, aumentar los controles y el monitoreo”, aseguró.
“Los actores asociados a las políticas públicas ambientales deben trabajar en conjunto en cuanto a la toma de decisiones. También hay que concientizar y repensar los instrumentos, proponer soluciones que disminuyan su incumplimiento y que, a su vez, promuevan el desarrollo productivo sin comprometer al ambiente”, concluyó.
Se vuelve necesario, entonces, comprender que esta problemática afecta progresivamente al ambiente, algo que se ve reflejado en la pérdida de la capacidad productiva de los suelos y la fijación de carbono, la incertidumbre por las inundaciones luego de las lluvias y la disminución del empleo, el valor cultural y la seguridad alimentaria. La situación es crítica y no se revertirá, salvo que haya un compromiso no sólo político, sino también social.
