Por Rodrigo Rivas
El caso se abrió en 2019, por pedido del Papa, para investigar una red de pederastia que funcionaba en Villavicencio, Colombia, con la participación de 38 agresores, que en algunos casos habían abusado a las mismas víctimas.
En ese año, el obispo Óscar Urbina fue el encargado de indagar sobre las denuncias que involucraban a sacerdotes. Al principio, Urbina contó con el apoyo de Olga Cristancho y Socorro Martínez: la primera, una avezada ex fiscal y la segunda, una ex funcionaria de la Procuraduría con experiencia en investigación de masacres. Al poco tiempo, ambas decidieron alejarse de Urbina ya que tenían la sospecha de que el obispo encubría a los religiosos, y comenzaron a investigar por su cuenta.
Las denuncias se remontan desde 1995 hasta 2019 inclusive. El hoy periodista Juan Pablo Barrientos fue la primera víctima que reveló públicamente su identidad. Afirmó que quisieron censurarlo desde que comenzó con sus denuncias, en especial cuando publicó su libro Dejad que los niños vengan a mí. Barrientos sostiene que algunos acusados fueron apartados del cargo solo por un tiempo y luego regresaron a ejercerlo sin recibir otra pena.
En 2020, seis sacerdotes fueron encarcelados, lo que le brindó una cuota de Justicia al periodista y a otras víctimas que no revelaron su identidad. Como una muestra de la protección que reciben los religiosos, nunca se conocieron los nombres de los seis acusados.
La Corte Constitucional falló en junio de 2022 a favor de Barrientos, quien ahora realiza una investigación para destapar más casos de pederastia en la ciudad de Medellín. La Arquidiócesis local solicitó aclaración al alto tribunal sobre algunos puntos de la sentencia que considera “confusos”. Este fallo logró que la Iglesia revele algunos nombres, pero el periodista consideró que lo hizo porque la Corte Constitucional la obligó. Esta declaración hizo que la Arquidiócesis volviera a cuestionar las denuncias de Barrientos, tal como lo había hecho antes, cuando el periodista intentaba publicar su libro.
A pesar de la censura, se conocieron los nombres de 26 de los 38 denunciados. La Iglesia de Colombia sostiene que tratan de estigmatizarlos por los crímenes que algunos sacerdotes han cometido. La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) dijo que la Iglesia intentó cuestionar la ética profesional de Barrientos durante su investigación. La Arquidiócesis solo le entregó un reporte de 38 sacerdotes pederastas, cuando el periodista exigió, mediante la Justicia, que se le entregara información sobre los 915 que fueron involucrados en actos de abuso sexual.
