Por V. Popovici, A. Martínez, C. Mendoza, J. Godoy, L. Ildarraz, M. Luquet, V. Cejas Carrizo y F. Cantero
El abolicionismo versus el regulacionismo son las dos posiciones que resumen un debate necesario en la sociedad actual, en la que la prostitución existe y escasean voces que planteen con claridad y rigurosidad el nudo de esta problemática. ¿Qué piensan los abolicionistas y regulacionistas sobre el tema?
Para la activista abolicionista Sonia Sánchez, el trabajo sexual no existe ni la prostitución puede considerarse un trabajo. “La prostitución es la violación de los derechos, es violencia física, psíquica, emocional y económica”, asegura. La idea central es que en ningún momento se debería aceptar como trabajo. Para ella, esa palabra “dentro de la prostitución, maquilla y distorsiona la realidad”. Según considera, nadie elige con libertad trabajar como prostituta sino que la sociedad patriarcal se aprovecha de mujeres en situación de vulnerabilidad social para convertirlas en objeto de consumo. Para Sonia, un factor importante que contribuye a la sumisión por parte de las mujeres que se prostituyen viene de la pornografía: “No existe la actriz porno; es una mujer prostituida filmada y le enseña a los varones a ser violentos”.
Con respecto a las personas que pagan por sexo, Sánchez las define como “puteros” porque, al no ser un trabajo, “no hay clientes” sino “demandantes de prostitución, con el aval de los privilegios que tienen en esta sociedad patriarcal”. Considera que las mujeres que viven de la prostitución son las que menos privilegios tienen, mujeres empobrecidas y con necesidades. “La puta no pone el precio; el precio lo pone el putero”, sostiene y luego recalca que el poder en ese mundo lo tienen los hombres, al revés de lo que plantean quienes levantan las banderas del regulacionismo.
Según Sánchez, las tarifas que se establecen se basan en la cantidad de mujeres prostituidas en una determinada zona, en el aspecto físico y, básicamente, en el dinero que ofrece el “putero”. Así es como, en relación a sus propias necesidades económicas y el resto de las circunstancias las mujeres prostituidas deben aceptar el precio impuesto.
“A las mujeres no empobrecidas le construyen el deseo”, afirma la activista sobre el éxito de plataformas digitales de contenido erótico y sexual como Only Fans, ya que están compuestas por mujeres usualmente hegemónicas y de clases medias y altas que buscan una retribución monetaria que se basa más en el deseo “de pertenecer, el deseo de ser admirada, de tener muchos likes” y no en la necesidad económica. Para ella, esta actividad constituye una forma de “prostitución online” que, a la vez, es “una propaganda gratuita para el patriarcado y el proxenetismo” que “utilizan a estas mujeres que no están cagadas de hambre para hacer su propia propaganda”.
La otra cara de la moneda son las prostitutas que buscan la despenalización del trabajo sexual porque lo consideran como cualquier otra ocupación. Una de las militantes de esa postura es Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Orellano sostiene que muchas mujeres prostituidas no tuvieron la oportunidad de elegir a qué dedicarse y plantea que no deben ser arrinconadas, encarceladas o discriminadas por ejercer el trabajo sexual. Desde esta perspectiva sostienen además que muchas son independientes a pesar de estar organizadas en AMMAR y tratan de sobrevivir como cualquier persona que trabaja para poder comer.
Desde esta postura, entonces, sí nombran como “clientes” a quienes van en busca de sexo por dinero. En este sentido, Georgina Orellano cuenta que no hay un solo tipo de cliente: “Es un mundo muy diverso, ya que son personas muy diferentes que demandan distintos tipos de servicios y que establecen distintos tipos de relaciones con las personas que ejercemos el trabajo sexual”.
La secretaria de AMMAR cree que la construcción de ese imaginario instalado en la sociedad del varón cisgénero, mayor de 50 años, como único cliente, se suma a su vez al discurso de que “todo cliente, por buscar servicios sexuales, es machista”.
Entre las dos miradas es posible encontrar algunas pocas coincidencias, por ejemplo en el perfil básico de una prostituta: se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad social. Orellano lee a las plataformas digitales como las que “venden cuerpos hegemónicos, bellos, jóvenes, blancos y de clase media” porque “la prostitución de la puta pobre es la que molesta más”, como también lo cree Sonia Sánchez.
Una gran diferencia entre estas dos miradas es quién pone el precio. Orellano asegura que el sindicato que las representa no regula ese aspecto sino que está organizado por cada grupo de trabajadoras sexuales. Cuenta que en Villa del Parque, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde trabaja, se reúnen y establecen un piso mínimo de cobro para sus servicios. “Eso no quiere decir que todas vayamos a cobrar lo mismo”, explica.
LA SITUACIÓN EN ARGENTINA
De acuerdo con la Ley Nacional 26.364, sancionada en 2008, en Argentina se entiende como trata de personas al “ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación”. Este enfoque hace referencia no solamente a la prostitución sino también a los trabajos o matrimonios forzados, a los casos de esclavitud o servidumbre e, incluso, al tráfico de órganos. Por esto mismo, el Programa Nacional del Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR) incluye en su informe mensual cifras de los diferentes tipos de actos criminales que se pueden desencadenar del concepto de trata de personas.
De acuerdo con el informe de septiembre último, 909 víctimas se han rescatado y asistido en lo que va del año y 18.220 desde que se sancionó la ley. De las personas rescatadas en 2022, 495 son de género femenino, 408 masculino y 6 son transgénero. Además, la tipología de la trata en su mayoría tiene que ver con una explotación laboral (535 casos), seguida por la sexual (321 casos).
En cuanto al rango etario, se trata en gran parte de personas mayores de edad. Sin embargo, hubo 42 casos de menores registrados en el 2022. Más de la mitad de las víctimas es de nacionalidad argentina. Las provincia de Buenos Aires (320 casos), CABA (198 casos) y Corrientes (107 casos) fueron los lugares con mayor intervención. En cuanto a los tipos de procedimientos que permitieron llegar a las personas víctimas de trata, el PNR detalla que las principales herramientas fueron entrevistas, notificaciones, cámaras Gesell y allanamientos.
Otro punto abordado y analizado por el programa a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene que ver con las denuncias realizadas en la línea 145, que funciona las 24 horas todos los días del año y se dedica a la atención gratuita por parte de profesionales con el objetivo de recibir información y asistir casos relacionados a la trata de personas. De acuerdo al informe del PNR, se efectuaron un total de 20.719 denuncias a través de este medio desde 2012, 1.160 de las cuales tuvieron lugar en lo que va de 2022. En el mes de septiembre se registraron 167, la mayoría relacionadas con la explotación laboral, sexual o una posible captación.
